La marcha imposible

 

El 21 de mayo de 1986 ocurrió algo que hoy parece casi imposible.

Miles de personas marcharon en la Ciudad de México para protestar contra lo que consideraban una intromisión de Estados Unidos en los asuntos internos del país. El motivo inmediato fueron las audiencias promovidas por el senador republicano Jesse Helms, donde se formularon acusaciones contra funcionarios mexicanos, el gobierno federal y el propio sistema político nacional.

Lo extraordinario fue quiénes coincidieron en ella.

Había dirigentes priistas, funcionarios gubernamentales, organizaciones sindicales, intelectuales de izquierda, nacionalistas de distintas corrientes y numerosos ciudadanos que mantenían profundas diferencias con el gobierno de Miguel de la Madrid. Muchos cuestionaban la política económica, criticaban el endeudamiento externo o exigían mayores libertades políticas. El PAN sostenía sus propias batallas por la democratización del sistema electoral.

Sin embargo, aquel día coincidieron.

No porque pensaran igual.

Precisamente porque no pensaban igual.

La coincidencia consistió en algo más elemental: consideraban que la defensa de la soberanía nacional era una causa que merecía estar por encima de sus diferencias.

Vale la pena recordar el contexto.

México atravesaba una crisis económica devastadora. La inflación castigaba a las familias. La deuda externa condicionaba prácticamente todas las decisiones gubernamentales. El país todavía resentía los efectos del terremoto de 1985. El PRI conservaba una posición hegemónica, pero comenzaban a aparecer fisuras que desembocarían en la ruptura cardenista y en la conflictiva elección presidencial de 1988.

Al mismo tiempo, México desempeñaba un papel relevante en la política internacional. A través del Grupo Contadora impulsaba una salida negociada a las guerras civiles centroamericanas. La iniciativa incomodaba a sectores importantes de la administración Reagan, comprometida con una estrategia distinta en la región y cada vez más envuelta en el escándalo Irán-Contras.

No era una época de armonía nacional.

Era una época de conflictos.

Y quizá precisamente por eso resulta tan llamativo que todavía existiera la capacidad de construir acuerdos.

Ahora hagamos un ejercicio de imaginación.

Ante el conflicto actual con Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum convoca a una gran movilización nacional en defensa de la soberanía.

La primera pregunta es: ¿a quiénes invitaría?

¿A las dirigencias nacionales del PAN y del PRI?

¿A Movimiento Ciudadano?

¿A las organizaciones empresariales?

¿A las universidades?

¿A los colectivos ciudadanos?

¿A las colectivas feministas?

¿A los periodistas y analistas más críticos de su gobierno?

¿A quienes con frecuencia son presentados desde el poder como representantes de intereses adversos o incluso como enemigos políticos?

La segunda pregunta resulta todavía más interesante: ¿cuántos aceptarían marchar junto a ella?

La sola formulación de ambas preguntas revela cuánto ha cambiado la cultura política mexicana.

En 1986 existían profundas diferencias ideológicas. Sin embargo, la discrepancia no anulaba la posibilidad de cooperación. El adversario seguía siendo un interlocutor potencial. La crítica no impedía la coincidencia en determinados temas de interés nacional.

En 2026 parece ocurrir algo distinto.

La coincidencia genera sospechas. La discrepancia se interpreta como deslealtad. Los espacios intermedios se reducen. Los puentes se vuelven más escasos.

Por eso la diferencia más importante entre 1986 y 2026 no está en Washington.

Está en México.

El sistema político actual dispone de mayores mecanismos formales de competencia electoral, pero muestra una menor capacidad para construir acuerdos políticos amplios.

Quizá ese sea uno de los grandes cambios de nuestra vida pública durante las últimas cuatro décadas.

Hemos aprendido a competir.

No hemos conservado la capacidad de coincidir.

El próximo jueves 11 de junio comenzará otra vez la fiesta mundialista. Como en mayo de 1986, México llega con conflictos abiertos, tensiones acumuladas y una larga lista de asuntos pendientes. Pero hay una diferencia llamativa. Hace 40 años una marcha plural avanzaba hacia el Zócalo para expresar una causa común. Hoy el Zócalo permanece blindado por altas vallas metálicas y las calles del Centro Histórico están ocupadas por los campamentos de la CNTE. Otras organizaciones anuncian movilizaciones para aprovechar los reflectores internacionales y hacer visibles sus demandas.

Nada de ello desaparecerá por 90 minutos de futbol. Tampoco debería hacerlo. Las sociedades democráticas necesitan espacios para expresar sus desacuerdos. Pero también necesitan momentos de encuentro. Ojalá que la inauguración transcurra en paz, alegría y civilidad. Ojalá que México vuelva a mostrar al mundo su mejor rostro. Y ojalá que, una vez más, cuando el país se acerque al borde de sus propias fracturas, aparezca ese viejo instinto de conservación que tantas veces ha evitado la caída y ha terminado obrando, contra todo pronóstico, verdaderos milagros.