Dulce María Sauri Riancho

Dulce María Sauri Riancho Existe la sensación compartida en amplios sectores de la sociedad de que los abusos de poder de las autoridades, de cualquier nivel de gobierno, forman parte de la vida diaria. Este paisaje de abusadores y abusados donde campea el silencio, rara vez es perturbado por un hecho que rompe la rutina de aceptación acrítica de un estado de cosas que a todas luces no es natural. Dos sucesos extraordinarios surgieron en las últimas semanas. Me refiero al conocido y publicitado incidente de “Lady Profeco” y al asunto del ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y su pareja sentimental. Resulta que la hija del director de la Procuraduría Federal del Consumidor, Humberto Benítez Treviño, ejerció su influencia sobre los subordinados de su padre en la Profeco para lograr que clausuraran el restaurante de moda en la ciudad de México porque no le habían otorgado la mesa en el sitio que ella quería. El acto de cierre y colocación de los sellos de clausu

En la vida cotidiana, enfrentada a los caudales de información que alimentan los medios masivos de comunicación y el internet, el olvido parece constituirse en el resultado del consumo de datos, imágenes y voces que llegan y se van apenas dejando huella en la memoria. Para perfeccionar la democracia como una forma de vida, es necesario combatir el olvido y dar paso a la memoria. En cierta forma, la Historia es la disciplina que la cuida, que se encarga de estudiarla y perpetuarla, por medio de las instituciones responsabilizadas de esta colosal e indispensable tarea: los centros de investigación, los museos, los departamentos y facultades de las universidades y significativamente, las bibliotecas y los archivos. El grado de avance de una sociedad también se mide por la calidad de sus instituciones culturales, muy particularmente de su sistema de bibliotecas y archivos. ¿Qué hacemos en Yucatán para preservar la memoria colectiva? En las bibliotecas, hemerotecas y en los archivos his

Dulce María Sauri Riancho Amanecía en San Pedro Xalostoc, una población cercana al Distrito Federal, cuando una enorme explosión hizo saltar de la cama a los vecinos. Una bola de fuego recorrió las casas más cercanas al lugar del impacto, matando a 24 personas, entre niños y adultos, y dejando lesionadas a más de 100. Resulta que un camión había perdido uno de sus dos remolques que transportaban gas. Desprendido de su “madrina”, el enorme cilindro giró hasta impactarse del lado contrario de la carretera, y como si fuera una gigantesca bomba voladora, explotó arrasando todo en un amplio radio del modesto poblado. En los siguientes días las autoridades responsables de comunicaciones y transportes del país dieron números alarmantes sobre los accidentes acontecidos a los camiones de “doble remolque” en las carreteras, así como también de las colisiones en que estuvieron involucrados vehículos que transportaban material peligroso o tóxico. ¿Quién no ha visto circulando por las carrete

No era que tuviéramos una iluminación a la altura de una ciudad de “primer mundo”, pero al menos despejaba las tinieblas de las noches con una razonable eficiencia. La administración municipal anterior decidió cambiar las luminarias, es decir, los focos, de la totalidad de los postes y arbotantes de Mérida, con los argumentos de irradiar más luz y ahorrar en los pagos mensuales a la CFE. Ni uno ni lo otro sucedió. Impotentes, los vecinos vimos cómo se sustituyeron los modestos focos por los nuevos portadores de penumbras que, además, fallaban o fallecían de “muerte súbita”, condenando a la calle entera a la más completa oscuridad. El camino que decidió recorrer el nuevo Ayuntamiento para restablecer la calidad del alumbrado público de Mérida tiene dos partes: una, dar por cancelado el contrato con la empresa encargada de arrendar el alumbrado y, dos, comprar las nuevas luminarias que sustituirán a las defectuosas o apagadas que cuelgan actualmente de los postes. La decisión de da

Como estrategia, la Cruzada contra el Hambre no es ninguna novedad. Desde hace un buen número de años han existido los programas gubernamentales de subsidios y apoyos para la población más pobre. La falta de coordinación federación-estados ocasionó duplicaciones y obstáculos tanto para las acciones federales como las de las propias autoridades locales. Pero dos grandes programas por sus recursos y su cobertura se han mantenido cien por ciento federales, es decir, que ningún gobierno estatal puede “meter mano” ni en su diseño y menos en sus recursos. Me refiero a Procampo y Oportunidades. El primero está dirigido a los productores rurales; el segundo, programa “estrella” de combate a la pobreza. Oportunidades nació en 1997, bajo un gobierno priísta y con el nombre de Progresa (Programa por la Educación, la Salud y la Alimentación). De muchas cosas acusaron al PRI en la campaña de 2000, pero nunca hubo referencia alguna de nuestros opositores a que se estuviese utilizando electoralme