Dulce María Sauri Riancho

Dulce María Sauri Riancho Si la reforma política fue un tsunami por la extensión, la energética lo es por la profundidad de los cambios que provocará. Desde la campaña electoral en 2012 las reformas en materia de petróleo y electricidad formaron parte de la plataforma del PRI y del discurso de su candidato a la Presidencia. El propio Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018 las enuncia con gran amplitud. Parecía que el Pacto entre los partidos y el gobierno había logrado, al menos, matizar la posición extrema de Acción Nacional, que exigía apertura amplia e indiscriminada a la inversión privada. Desde el sexenio pasado se publicitó ampliamente una serie de argumentos para legitimar una reforma en materia energética. El más importante consistía en destacar la “enorme” riqueza petrolera de México, inutilizada por falta de inversión porque el Estado carecía de recursos suficientes para llevarla a cabo. El remedio era sencillo: establecer mecanismos de contratación en que participara...

Dulce María Sauri Riancho Ha llegado el tsunami a la Constitución. En unos cuantos días, un elevado porcentaje de los 136 artículos que la componen está sufriendo importantes cambios. El “maremoto” constitucional trae consigo dos espejismos, entendidos como “ilusión, concepto o imagen sin verdadera realidad” (RAE). El primero proviene del Senado de la República, donde se encuentra todavía en proceso la reforma energética. El otro, igual de trascendente, se desprende de la reforma político-electoral. Esta última, aprobada inicialmente en la Cámara Alta, sufrió modificaciones en la de Diputados, por lo que tuvo que regresar de nuevo para una previsible y final aceptación por parte de los senadores. Si midiéramos sólo por cantidad, la reforma político-electoral se lleva de calle a todas las demás, incluyendo desde luego a la del petróleo. La friolera de 30 artículos constitucionales fueron modificados y, además, se aprobaron ¡22! transitorios. En el componente electoral, los cambio...

Dulce María Sauri Riancho “El Congreso tiene la culpa”: tanto Fox como Calderón usaron el argumento de la mayoría opositora en el Poder Legislativo para tratar de justificar su incapacidad de llevar a cabo las transformaciones a las que se habían comprometido. Para reformar la Constitución, entonces y ahora, se necesita lo que se llama “mayoría calificada”, esto es, que dos terceras partes de los diputados y senadores, así como de los Congresos de los estados, la aprueben. Quiere decir que ningún partido, por sí mismo, puede imponerse, sino que necesita construir acuerdos con otras fuerzas políticas representadas en el Congreso. No es cierto que no se haya conseguido este “número mágico” en los sexenios panistas. Por ejemplo, lo alcanzaron para introducir la reforma en materia de derechos y cultura indígenas, en el sexenio de Vicente Fox, y para los trascendentales cambios sobre Derechos Humanos, en el de Felipe Calderón. En esa última administración, ya a punto de concluir, se ap...