Dulce María Sauri Riancho

Dulce María Sauri Riancho El próximo 31 de diciembre termina la gestión del rector Alfredo Dájer al frente de la Universidad Autónoma de Yucatán. Desde esa importante posición académica coincidió con tres gobernadores, uno del PAN y dos del PRI, pues inició su responsabilidad el 1 de enero de 2007. Estos ocho años han transcurrido entre cambios políticos en el país y en el estado; turbulencias económicas con sus secuelas sobre el presupuesto universitario y un ambiente de crispación que rodea la función pública en general, consecuencia del clima de desconfianza que se vive. Le compete a la comunidad universitaria hacer el balance de la administración que concluye. También a la sociedad yucateca a la que sirve y se debe la Uady. En esta parte que me corresponde quiero destacar dos aspectos que, no me cabe duda, marcarán con un sello característico el paso del rector Dájer. Uno de ellos es el relativo al traslado de facultades y escuelas a nuevos edificios en modernos campus,

Dulce María Sauri Riancho En estas últimas semanas se han dado a conocer los resultados de diversos estudios sobre la seguridad en el país, provenientes tanto de datos estadísticos como de encuestas de opinión. La encuesta anual del Inegi (Envipe), así como otros trabajos de investigación realizados por organizaciones de carácter privado coinciden en señalar a Yucatán y a Mérida como dos de los lugares más seguros para vivir. Esta consideración descansa tanto en las cifras de homicidios, secuestros y otros delitos de alto perfil asociados al crimen organizado, como -lo más relevante- en la percepción que los yucatecos tenemos de vivir seguros. Tantas “porras” nacionales recibidas en materia de seguridad parece que han logrado adormecer de alguna manera el sentido de alerta ante acontecimientos que deberían encender “focos amarillos” en el plácido tablero de nuestra complacencia. Y una de esas señales de alarma proviene del Sur. Entre las huertas de frutales y sembrados de hortal

Dulce María Sauri Riancho El pasado jueves (27 de noviembre) el presidente Peña Nieto presentó una batería de diez puntos como parte de una estrategia integral para combatir la violencia, la delincuencia organizada, la corrupción y la impunidad, así como las desigualdades sociales más lacerantes, localizadas en el sur-sureste de México. De esta manera, plantea una primera respuesta articulada ante las intensas manifestaciones de descontento que se han dado a lo largo y ancho del país desde el pasado 26 de septiembre, cuando ocurrieron los reprobables hechos en Iguala. La agenda presidencial incluye lo mismo acciones concretas, de resultados inmediatos, que el diseño y aplicación de políticas públicas, con efectos en el mediano y largo plazo, como es el combate a la pobreza en Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Independientemente de los tiempos de ejecución o de los mecanismos de coordinación intergubernamental considerados, los diez temas merecen ser analizados y discutidos ya que toca