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El poder del procedimiento legislativo

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  La presidenta Claudia Sheinbaum declaró que enviaría este martes 24 de febrero su iniciativa de reforma electoral. Si lo hizo, encontrará un contexto político distinto al de hace apenas unos días. El abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, no clausura la violencia que impera en el país ni resuelve el problema estructural de la seguridad, pero sí produce un efecto político inmediato: refuerza la imagen de autoridad del Estado y empodera, aunque sea de manera transitoria, a la titular del Ejecutivo. En política parlamentaria, ese momento importa. No por su duración, sino porque es el clima bajo el cual se toman decisiones. Más allá del contenido de la reforma —que merece un análisis específico— lo relevante ahora es entender cómo puede aprobarse. No qué dice la iniciativa, sino cómo se ejecuta una decisión política cuando existe la fuerza para hacerlo. Porque en esta ocasión el debate central no está en el diseño normativo, s...
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Manual de riesgos en tiempos de mayoría

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  En política, los problemas más costosos no suelen nacer de la ausencia de reglas, sino del uso que se hace de ellas en momentos equivocados. Las reformas constitucionales pueden ser impecables en el papel y, aun así, convertirse en detonadores de inestabilidad cuando se aplican sin leer el contexto. Oaxaca y Campeche ofrecen hoy una lección clara: los instrumentos pensados para fortalecer la rendición de cuentas o limitar abusos, pueden terminar agravando los conflictos dentro del propio partido en el poder. En Oaxaca, la revocación de mandato no puso en riesgo real al gobernador, pero sí exhibió fracturas, facturas pendientes de pago y una pérdida de control político en zonas clave. En Campeche, la eliminación previa del fuero legislativo dejó a diputados del partido gobernante expuestos a presiones que nada tienen que ver con la justicia y mucho con la disciplina política. Dos estados, dos episodios distintos, una misma advertencia: aun cuando el conflicto no esté fraguado po...
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De la transición al otoño autoritario

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  “Permítame ser directo: estamos en medio de una ruptura, no de una transición”.— Mark Carney Lo que Mark Carney describe como una ruptura histórica en el orden internacional puede ayudarnos a entender, con claridad brutal, la situación actual de México: la transición democrática que supimos construir entre 1997 y 2024 se ha acabado, y no ha llegado a su cauce natural; es decir, se ha truncado, ha colapsado. Desde finales del siglo XX se hablaba de un “verano democrático” en México: un periodo en que el pluralismo competía con el autoritarismo, donde la alternancia electoral empezó a consolidarse, y se asumía un progreso, lento pero firme, hacia un sistema político más abierto y equitativo. Sin embargo, ese camino no ha culminado en la dirección esperada. No se ha tratado de un tránsito gradual hacia un régimen más consolidado; más bien, ha sido una fractura del pacto democrático. Si entendemos la transición como el paso hacia un sistema más democrático e igualitario, debe d...
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Bomba de profundidad 2026

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  Apenas inicie el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión —el próximo 1 de febrero— comenzará la colocación de una bomba de profundidad, en el corazón del sistema político mexicano, destinada a detonar un año después, en 2027. No es una metáfora exagerada: se trata de la concurrencia de procesos electorales y del rediseño institucional. Reformas que se pretenden aprobar con suficiente anticipación para que, cuando llegue el momento, ya no exista margen de corrección. La presidenta Claudia Sheinbaum ha adelantado que enviará una iniciativa de reforma constitucional en materia electoral, supuestamente derivada de los trabajos de una comisión encabezada por Pablo Gómez y que ya acumula meses de consultas, decenas de reuniones técnicas y de diagnósticos compartidos. Sin embargo, lo relevante no es tanto el origen de la iniciativa como su oportunidad política y sus efectos acumulados. Lo que se ha venido preparando es una reforma de régimen, diseñada para operar plenam...
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Del federalismo negociado al castigo presupuestal

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  Las declaraciones de Luisa María Alcalde, presidenta de Morena, revelan con una nitidez poco habitual la profundidad de la regresión democrática en curso. Ante legisladores locales de su partido, Alcalde fue categórica: en los estados donde Morena es oposición —Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato, Querétaro, Coahuila, Durango, Jalisco y Nuevo León— los diputados de Morena y aliados deben votar en contra de los presupuestos estatales para 2026. La razón, explicó, es sencilla: esos gobiernos votaron contra el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). “Es una posición de Morena”, dijo. “Lo que no puede pretender la Oposición es votarle en contra del presupuesto a la Presidenta… y luego pensar que en sus entidades federativas nosotros sí tenemos que aprobarles el presupuesto, es el colmo”. No se trata de una frase suelta, ni de un exabrupto. Es la verbalización cruda de una lógica política que no deberíamos normalizar: la de convertir los presupuestos públicos en instrumento...
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Espejismo de la Fiscalía General

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  La Fiscalía General de la República fue, quizá, la última gran institución de la transición democrática mexicana. Su carácter de órgano constitucional autónomo, incorporado en la reforma político-electoral de 2013 (publicada en febrero de 2014), parecía completar el entramado institucional que buscaba garantizar contrapesos reales en el Estado mexicano. Con un INE reforzado, un INAI elevado a rango nacional y un fiscal con duración transexenal, se creyó haber respondido a la antigua demanda de una procuración de justicia independiente de los ciclos sexenales y ajena a presiones políticas para perseguir —o dejar de hacerlo— a quienes infrinjan la ley. Era la expectativa. Hoy parece claro que también era una ilusión. Aunque la Fiscalía nació constitucionalmente en 2014, su vida real comenzó en 2019, con su primera Ley Orgánica. En ese marco fue designado Alejandro Gertz Manero como el primer fiscal “autónomo”, un funcionario del Estado, no del gobierno en turno. Ese era el conc...
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Nuevas violencias, viejas culpas

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 Beijing 1995: parteaguas global. Han pasado tres décadas desde que, en 1995, la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, en Beijing, definió un programa de acción que transformó el vocabulario político, jurídico y social sobre los derechos de las mujeres. Entre las doce esferas de especial preocupación, una resaltó entonces —y sigue resonando hoy— como una denuncia global: la violencia contra las mujeres y las niñas. Beijing hizo explícito lo que muchas sociedades se negaban a ver: la violencia de género no es inevitable, no es cultural y no es asunto privado. Es una violación a los derechos humanos, y por tanto una obligación del Estado combatirla. En el continente americano, los preparativos de la Conferencia coincidieron con un hito aún más específico: la adopción de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer —conocida como Belem do Pará, por la ciudad brasileña en donde se realizó la reunión—, el primer instrumento internac...
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