Dulce María Sauri Riancho

Dulce María Sauri Riancho En la imaginación colectiva de muchas partes del país azotadas por la violencia del crimen organizado y el narcotráfico, la blanca Mérida y el pacífico Yucatán se volvieron referencia obligada. La calidad de vida de Yucatán, la que atrae inmigrantes y empresas, se sostiene por la seguridad. Vivir en paz no sólo es un disfrute y un derecho, sino también un valor económico, cuando se trata de competir por inversiones con otras regiones de México. En consecuencia, cuidar la seguridad representa un elemento central en la estrategia de desarrollo de Yucatán. Podemos hablar de una “ventaja comparativa” que ubica a nuestro estado en el mapa de los lugares para vivir y disfrutar. Así lo percibimos los yucatecos; así parecen sentirlo en otras regiones del país. Pero para salir de dudas, no hay nada mejor que comparar y medir. ¿Cómo vamos en relación con otras partes de México en materia de seguridad? ¿Somos, como creemos, el estado más pacífico del país? Y

Dulce María Sauri Riancho “… El 19 de marzo de 1915 el general sinaloense Salvador Alvarado entró a Mérida al frente de 7,000 soldados con sus uniformes color caqui, rifles en mano y carrilleras cruzadas. El contingente marchó por las calles de la ciudad, acompañado del huach, huach… sonsonete del rechinar de las suelas de sus botas cuando marchaban por las vías meridanas pavimentadas por las últimas administraciones porfiristas…”. Cien años después, actuación y memoria de Alvarado en Yucatán continúan provocando polémicas entre académicos y especialistas, además de un sector de la sociedad cuyos padres y abuelos vivieron esos turbulentos años. El debate sobre si la Revolución en Yucatán “vino de fuera” o si ya había un sólido movimiento encaminado a cambiar la situación imperante en el régimen porfirista sigue encendiendo los ánimos. Los primeros sostienen que sólo al arribo de Alvarado como gobernador y jefe militar fue posible la aplicación de medidas revolucionarias; lo que si

Dulce María Sauri Riancho “Ecosistema de la corrupción”. Cuando escuché este concepto en labios de Juan Pardinas me quedé pensando sobre su capacidad para explicar muchas cosas aparentemente inentendibles que han estado sucediendo en los últimos años. Tras un gran esfuerzo social y de negociación política, surgieron los órganos constitucionales autónomos, supuestamente creados para trascender los intereses partidistas o del presidencialismo agobiante. Años después han mostrado los mismos síntomas que sufrieron sus antecesores; por ejemplo, la tendencia a elevarse los sueldos, ya de por sí altos, rentar nuevos edificios y remodelar sus oficinas, sólo por no cuestionar otro tipo de conductas como la proclividad de resolver asuntos de su competencia a favor de los más fuertes, en vez de hacer prevalecer el interés general. Los integrantes de los nuevos órganos están supuestamente “blindados” por las leyes frente a las tentaciones de desviación de sus funciones. Volteamos hacia los

Dulce María Sauri Riancho (Publicado el 4 de marzo en el Diario de Yucatán) Sucedió lo que distintos observadores de la política pronosticaban que iba a ocurrir desde hace varios meses. El presidente Peña Nieto realizó los primeros cambios en su gabinete: la Sedatu y la PGR. El relevo en la Procuraduría General de la República ha sido de gran complejidad desde hace años. Fue la primera dependencia de la administración pública federal que estuvo bajo la responsabilidad de un militante de la oposición al partido en el gobierno, en ese caso el PRI, cuando el presidente Ernesto Zedillo nombró a Antonio Lozano Gracia, destacado panista, al iniciar su mandato en 1994. Jesús Murillo le devolvió seriedad a la PGR. Se acabaron los excesos mediáticos, la exhibición de los capos -o de sus cadáveres- con afanes propagandísticos. Se logró negociar con el Congreso de la Unión el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, que permite la homogeneización en todo el país de los pasos le