Dulce María Sauri Riancho

Dulce María Sauri Riancho Ahora sí empezaron los partidos políticos a recorrer la ruta hacia 2018. El fin de semana pasado todos, sin excepción, definieron el método para elegir a sus candidato/as. De acuerdo con lo que marcan los estatutos de cada partido, los integrantes de sus consejos, comités y órganos electorales internos seleccionaron el procedimiento que consideraron más adecuado para abonar a un mejor desempeño electoral el próximo 1 de julio. El PRI eligió la convención de delegados; el PAN, entremezcló dos procedimientos, la designación directa y la elección entre sus militantes; el PRD definió realizar su postulación mediante un “consejo electivo”; en Morena, hace tiempo se sabe quién es su candidato. Trataré de explicar en qué consisten estos procedimientos, porque de su aplicación surgirán las personas que los respectivos partidos postularán a los cargos de representación, significativamente a la Presidencia de la República. Los estatutos del PRI consideran dos

Dulce María Sauri Riancho “No hay mal que por bien no venga”, dice el refrán. Así sucedió con las declaraciones del presidente nacional de la Asoociación Nacional de Especialistas Fiscales (ANEFAC) de días pasados, en las que afirmó que Yucatán no contaría con una Zona Económica Especial (ZEE), tal como se estableció desde junio del 2016. Enseguida vinieron los desmentidos del responsable nacional de las ZEE, Gerardo Gutiérrez Candiani, quien enfáticamente señaló lo contrario. Tal parecía que habría sido un “malentendido” del dirigente de la ANEFAC pero, como otro refrán expresa: “cuando el río suena, agua lleva”. Y en el caso yucateco, lo que trae este embrollo declarativo tiene alguna base de realidad. Sí habrá zona económica especial para Yucatán, pero no tendrá los mismos incentivos fiscales de las de Puerto Chiapas, Lázaro Cárdenas y Coatzacoalcos. Y la razón expresada por Gutiérrez Candiani es que el estado “ya salió de la pobreza extrema”, de acuerdo a los índices de CONEVAL.

Dulce María Sauri Riancho ¿Usted cree justo, don Adolfo, que las mujeres no tengamos derecho al sufragio universal nada más porque nacimos con un sexo que no elegimos? —Margarita García Flores, al demandar el voto en 1952 Desde hace 64 años se conmemora en México el 17 de octubre la ciudadanía de las mujeres. A partir de esa fecha, la condición femenina no es impedimento legal para votar o ser electa como representante popular. Aunque la Constitución y las leyes proclaman la igualdad jurídica entre mujeres y hombres, la realidad es bien diferente. Los valores, conductas y tradiciones sólidamente arraigados en la sociedad siguen considerando a quienes participan en la vida pública y en la política como una especie de transgresoras al orden establecido. Estas resistencias soterradas ocultan los prejuicios que todavía subsisten respecto a las capacidades femeninas para tomar decisiones autónomas cuando llegan a los cargos de representación, más cuando se trata del poder ejecutivo.

Dulce María Sauri Riancho Cuesta mucho la desconfianza. Cierto es que nos la hemos ganado a pulso quienes hemos participado —o participan— en la vida pública. La corrupción es el combustible de la hoguera de incredulidad ciudadana sobre cualquier cuestión que tenga que ver con programas o acciones de los distintos niveles de gobierno o de sus instituciones. Por la desconfianza se han complicado y encarecido la organización electoral, el INE y los tribunales, los órganos locales, los partidos políticos y su financiamiento. Aun así, seguimos sin creer en los resultados electorales y regateamos la legitimidad del triunfador@ legal de los comicios. Cuando interviene el gobierno en algún asunto, de entrada presumimos concursos simulados, malos manejos de los fondos asignados y pésima calidad de las obras o servicios realizados. “La burra no era arisca, los golpes así la hicieron”, dice el refrán, para explicar esta arraigada desconfianza social. Estos sentimientos adversos hacia