Dulce María Sauri Riancho

Dulce María Sauri Riancho El jueves pasado culminó la aprobación de la ley reglamentaria del artículo 22 constitucional en materia de extinción de dominio. Cubierta con el escudo protector del combate al crimen organizado, esta legislación pretende dar respuesta a una de las más sentidas demandas de la sociedad, como es acabar con la corrupción y los delincuentes de altos vuelos, pegándoles donde más les duele, que es en sus finanzas y en sus bienes. Hasta aquí, todos de acuerdo. Sin embargo, esta pieza legislativa rebasa la intención original, dirigida al combate del crimen transnacional. Más bien debería llamarla “Nueva Ley de Expropiación”, pues coloca a millones de personas y a sus bienes como potencialmente sujetos a perderlos en favor del Estado. ¿Cómo llegamos a esta situación, sin que prácticamente nadie haya alertado el peligro que representa? Hagamos una breve historia. En el año 2000, la ONU reunió en Palermo a la comunidad internacional para una convenci...

Dulce María Sauri Riancho En días anteriores el Diario dio cuenta de los resultados de una mesa de análisis sobre el programa “Yucatán Seguro”. Los cinco participantes, entre los que se encontraba el secretario de Seguridad Pública del estado, coincidieron en la pertinencia de mantener y reforzar las medidas para que la sociedad yucateca continúe gozando de paz. Hasta ahí el acuerdo. Hubo discrepancias en cuanto a la asignación de recursos públicos provenientes de un crédito de 2,620 millones de pesos para la adquisición e instalación de moderna tecnología de vigilancia. Considerando la suma destinada a “Escudo Yucatán” en la anterior administración, nos acercamos a 5,000 millones de pesos erogados en este renglón, provenientes en su mayoría de los créditos autorizados por el Congreso. ¿Es mucho, es suficiente, es pertinente?, cuestionaron tres de los expositores, en tanto que destacaban los pocos datos disponibles para evaluar la aplicación del anterior programa guberna...

Dulce María Sauri Riancho Grave, muy grave lo que sucede en Baja California. Pasiones y compromisos políticos han desatado demonios que suponíamos conjurados por el desarrollo de la democracia. El triunfador de las elecciones del pasado 2 de junio, quien fue electo por el plazo de 2 años, simple y sencillamente, decidió ampliar el plazo de su gobierno a 5 años, logrando el respaldo en el Congreso estatal. Imagen: El Sol de Tijuana La reducción del plazo gubernamental, de seis a dos años, no fue una innovación exclusiva de Baja California. Fueron muchos los estados que, a raíz de las reformas electorales de 2014, decidieron ajustar sus calendarios, para coincidir con los plazos federales cada tres años. Las nuevas fechas electorales las señalaron las autoridades locales con sobrada antelación, de tal manera que cuando las y los ciudadanos fueran a votar, sabían exactamente si elegían por 2, 3 o 5 años a sus gobernantes. En Yucatán, como en otras cosas, nos anticipamos a la ...

Dulce María Sauri Riancho Para la creación de la Guardia Nacional, el Congreso de la Unión y la Presidencia de la República se llevaron meses en la elaboración del andamiaje legislativo que le otorgara existencia formal. No solo fueron las reformas constitucionales, que en sus idas y venidas por las cámaras de diputados y de senadores alcanzaron su aprobación casi por unanimidad. Esta actitud se repitió en las tres importantes leyes secundarias, totalmente nuevas: de la Guardia Nacional, del Uso de la Fuerza y la del Registro Nacional de Detenciones, además de las reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El Ejecutivo federal expidió el Reglamento de la Guardia Nacional apenas el 29 de junio y un día después, con toda solemnidad, el presidente de la República acompañado de su esposa y de los secretarios de Defensa Nacional, Marina y Seguridad, pasaron revista a miles de efectivos congregados en el Campo Marte de Ciudad de México. Ese domingo tr...

Dulce María Sauri Riancho Si las aspiraciones del presidente López Obrador se materializan, a partir de ahora, el 1º de julio se celebrará la Gran Transformación, la cuarta y definitiva de nuestra historia como país independiente. L@s yucatec@s tenemos antecedentes de eventos similares al celebrado hace apenas dos días. En el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco, la fecha que eligió para su “Informe Ciudadano” fue también el aniversario de su triunfo electoral. Entonces y ahora, sostengo que cuando se pretende sustituir la obligación constitucional de informar al pueblo a través del Congreso de la Unión por una reunión festiva, estamos en problemas. No sólo se trata de megalomanía, ese delirio de grandeza que lleva a considerar su persona y su actuación como única e irrepetible. Es algo más profundo, vinculado a las instituciones y a las prácticas que garantizan la sobrevivencia de la democracia y el equilibrio entre poderes públicos y entre éstos y la ciudadanía. Los cont...