Alma jacobina y presidencia girondina
La discusión sobre la iniciativa de reforma judicial enviada
por la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso, parece concentrarse en el
afortunado cambio de fecha de la elección de la otra mitad de jueces y
magistrados.
Programada originalmente para 2027, simultánea con la
complicadísima elección de 17 gubernaturas, además de la nueva legislatura de
la Cámara de Diputados, ahora se realizará en 2028. La iniciativa mantiene
intocado el fondo de la reforma que cimbró al Poder Judicial en 2025, con
algunos ajustes. Falta más de lo que se propone, para tratar de paliar los
efectos más nocivos de la improvisación y ligereza con las que se actuó hace
apenas un año.
Sin embargo, detrás del lenguaje administrativo de la
iniciativa presidencial se asoma algo más profundo: una disputa sobre la
naturaleza del poder que Morena quiere ejercer y sobre el tipo de régimen
político que está tratando de construir.
La antinomia
Quizá el punto menos visible de la controversia es la
contradicción entre los artículos 94 y 97 constitucionales respecto a la
presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El primero establece
que la presidencia se renovará de manera rotatoria cada dos años, de acuerdo al
número de votos obtenido en la elección judicial. Esto es, desde septiembre de
2025 preside quien alcanzó la mayor votación, el ministro Hugo Aguilar.
A partir de septiembre de 2027, lo hará el segundo lugar, la
ministra Lenia Batres. No obstante, el artículo 97 mantiene el esquema
anterior, por el que el Pleno de ministro/as elige a su presidente/a por
mayoría y por un periodo de cuatro años.
No se trata solamente de una antinomia jurídica. Son dos
concepciones distintas del poder judicial. Una, basada en legitimidad
plebiscitaria; la otra, en la lógica institucional y el principio del
funcionamiento de la Suprema Corte como un órgano colegiado. Por eso, la
presidenta Sheinbaum, emulando a Pilato, se lavó las manos del asunto y lo
transfirió al poder Legislativo. A su vez, varios diputados han señalado que la
SCJN tiene facultades para interpretar si se aplica en 2027 uno u otro precepto
constitucional.
La eventual llegada de Lenia Batres a la presidencia de la
Corte en 2027 ha convertido el tema en una cuestión política compleja. Para
diversos sectores empresariales, financieros y técnicos del propio gobierno,
Batres representa incertidumbre. Sus reiteradas posiciones sobre la posibilidad
de revisar asuntos considerados “cosa juzgada”, así como su visión militante
del papel de la justicia, son interpretadas como señales de radicalización.
Para otros sectores de Morena, en cambio, ella encarna la continuidad
doctrinaria de la llamada Cuarta Transformación y la necesidad de impedir que
el viejo aparato judicial sobreviva bajo nuevas formas.
Quizá la comparación resulte excesiva, pero inevitablemente
aparece la vieja división de la Revolución Francesa entre girondinos y
jacobinos.
Los girondinos eran revolucionarios, pero temían que la
revolución permanente terminara destruyendo las bases mismas de la República.
Defendían libertades, legalidad y descentralización. Los jacobinos, encabezados
por Maximilien Robespierre, sostenían que la revolución estaba siempre
amenazada y que el Estado debía concentrar poder para salvarla. Entre ambos
terminó imponiéndose el Terror.
Girondinos y jacobinos en Morena
No es necesario exagerar paralelismos históricos para
advertir ciertas similitudes de lógica política. Dentro de Morena parecen
convivir dos impulsos distintos: uno que privilegia institucionalización,
estabilidad y gobernabilidad; otro que considera que la transformación sigue
amenazada por poderes económicos, mediáticos y judiciales que deben ser
contenidos o desplazados.
La tensión no es nueva. La candidatura a la jefatura de
gobierno de la Ciudad de México lo mostró con claridad. Aunque Omar García
Harfuch aparecía como ganador de las encuestas y contaba con la simpatía de la
presidenta, terminó imponiéndose Clara Brugada, respaldada por las estructuras
territoriales y por los sectores más beligerantes del movimiento. Fue una señal
temprana: Sheinbaum no controla por completo a Morena, y Morena tampoco es una
fuerza homogénea.
Los hermanos Batres simbolizan precisamente esa izquierda
militante de larga duración que desconfía profundamente de las élites técnicas,
de la neutralidad institucional y de los pactos con los poderes económicos. No
son simplemente “radicales”; representan una tradición política forjada en la
oposición y alimentada por décadas de confrontación con el Estado neoliberal.
El problema para la presidenta es que comparte parcialmente ese origen
ideológico, pero gobierna desde una institución cuya lógica es distinta.
Porque una cosa es conquistar el poder y otra ejercerlo.
La presidencia mexicana obliga a administrar inflación,
mercados, inversión extranjera, relación con Estados Unidos, déficit fiscal,
violencia criminal y estabilidad monetaria. La revolución puede vivir de
consignas; el gobierno, no.
Quizá Claudia Sheinbaum tiene alma jacobina, pero la
presidencia necesita a una cabeza girondina.
El problema es que la realidad no da tiempo para decidir.
A diferencia de la Revolución Francesa, el gran factor
desestabilizador del México contemporáneo no es la aristocracia ni una invasión
extranjera. Es la violencia criminal y la creciente narrativa de colusión entre
sectores del poder político y el crimen organizado. Más allá de la veracidad
puntual de cada acusación, empieza a consolidarse la percepción de que en
varias regiones del país resulta difícil distinguir dónde termina el poder
territorial del Estado y dónde comienza el de las organizaciones criminales.
Ese es un problema potencialmente devastador para Morena. El
movimiento construyó buena parte de su legitimidad sobre la denuncia moral del
viejo régimen: corrupción, privilegios y complicidades inconfesables. Si ahora
la narrativa dominante se desplaza hacia la sospecha de connivencia criminal,
el golpe puede ser mucho más profundo que cualquier derrota electoral.
Y ahí aparece otro actor decisivo: Estados Unidos. Las
investigaciones, acusaciones o filtraciones provenientes de agencias
estadounidenses pueden terminar influyendo directamente en las tensiones
internas del oficialismo. Para los sectores más radicales, tales señalamientos
constituyen injerencia política y presión imperial. Para los grupos más
institucionales o técnicos representan, en cambio, riesgos financieros,
comerciales y diplomáticos que amenazan la estabilidad del gobierno mismo.
La discusión sobre la presidencia de la Corte podría
convertirse entonces en el indicador visible sobre qué corriente logra
prevalecer dentro de Morena. Si se armoniza la Constitución para impedir una
presidencia automática derivada del artículo 94, la señal será una. Si
prevalece la lógica plebiscitaria original y Lenia Batres encabeza la Suprema
Corte en 2027, la señal será otra muy distinta.
Aunque quizá para entonces otros acontecimientos ya se
hubieren impuesto sobre todas las corrientes y facciones.
La historia tiene cierta ironía cruel: los movimientos
políticos creen conducirla, hasta que descubren que también pueden ser
arrastrados por ella. En México, además, la historia no avanza sola: la
acompañan la violencia, el dinero criminal, las presiones internacionales y la
fragilidad institucional. Tal vez dentro de algunos años la disputa entre
jacobinos y girondinos de Morena parezca menos importante que otra pregunta
mucho más simple: quién terminó gobernando realmente: el partido, el Estado… o
las circunstancias.— Mérida, Yucatán
Correo: dulcesauri@gmail.com
*Licenciada en Sociología con doctorado en Historia.
Exgobernadora de Yucatán
