Manual de riesgos en tiempos de mayoría
En política, los problemas más
costosos no suelen nacer de la ausencia de reglas, sino del uso que se hace de
ellas en momentos equivocados. Las reformas constitucionales pueden ser
impecables en el papel y, aun así, convertirse en detonadores de inestabilidad
cuando se aplican sin leer el contexto. Oaxaca y Campeche ofrecen hoy una
lección clara: los instrumentos pensados para fortalecer la rendición de
cuentas o limitar abusos, pueden terminar agravando los conflictos dentro del
propio partido en el poder.
En Oaxaca, la revocación de
mandato no puso en riesgo real al gobernador, pero sí exhibió fracturas,
facturas pendientes de pago y una pérdida de control político en zonas clave.
En Campeche, la eliminación previa del fuero legislativo dejó a diputados del
partido gobernante expuestos a presiones que nada tienen que ver con la
justicia y mucho con la disciplina política. Dos estados, dos episodios
distintos, una misma advertencia: aun cuando el conflicto no esté fraguado por
la oposición sino que se presente al interior del bloque gobernante, las reglas
de cualquier manera son violentadas.
Antes de discutir reformas de
gran calado —como la eliminación del fuero o el calendario de la revocación
presidencial— conviene detenerse en estos dos casos. No como anécdotas locales,
sino como ensayos generales de riesgos que pueden escalar al plano nacional.
Oaxaca: revocación que no revocó,
pero sí habló
La consulta de revocación de
mandato celebrada en Oaxaca a finales de enero de este año no alcanzó el umbral
de participación del 40%, requerido para ser vinculante. El gobernador se
mantuvo en el cargo. Formalmente, el ejercicio fue inocuo. Políticamente, no lo
fue en absoluto.
El dato que incomoda es sencillo:
el respaldo obtenido en la revocación fue menor al que el gobernador consiguió
al ganar la elección de 2022. La caída fue particularmente visible en zonas
urbanas, incluida la capital del estado, donde el apoyo al “que siga” apenas
superó la mitad de los votos válidos. No fue un levantamiento ciudadano
espontáneo ni una oleada opositora. Fue un voto con geografía y con lógica
política.
La explicación más consistente
apunta a las fracturas internas de la coalición gobernante. Morena llegó al
poder en Oaxaca acompañado de aliados, particularmente el Partido del Trabajo
(PT), con acuerdos políticos explícitos que, según varios actores, no se
cumplieron. La revocación funcionó entonces como un mecanismo de presión: no
para sacar al gobernador, sino para cobrar facturas y recordar que la
gobernabilidad descansa en equilibrios más frágiles de lo que suele admitirse.
Ahí está el primer riesgo de la
revocación de mandato: no necesita ser vinculante para ser dañina. Pero resulta
suficiente para exhibir debilidad, para erosionar autoridad y adelantar
disputas que deberían ocurrir más adelante. Oaxaca mostró que la revocación
puede convertirse en un plebiscito interno del partido dominante.
Campeche: cuando el Congreso se
atrinchera
El episodio de Campeche es el
reverso de la moneda. Aquí no hubo urnas ni consultas, sino policías, pasillos
cerrados y diputados atrincherados dentro del Congreso local. El conflicto
estalló cuando la mayoría de los diputados de Morena se negó a aprobar un
crédito multimillonario solicitado por la gobernadora Layda Sansores. La
respuesta no fue política, sino coercitiva, o al menos así fue percibida por
los legisladores.
Diez de los dieciséis diputados
morenistas rompieron con el Ejecutivo. Temiendo ser detenidos a su salida del
recinto —existieran o no órdenes de aprehensión— decidieron permanecer dentro
del Congreso. La ruptura se formalizó con un hecho inédito: la elección de un
diputado de Movimiento Ciudadano, partido abiertamente enfrentado a la
gobernadora, como presidente de la Mesa Directiva.
El desenlace fue una reforma
constitucional exprés para restituir el fuero legislativo, eliminado en 2016.
No fue un acto de nostalgia por privilegios perdidos, sino una reacción
defensiva: sin fuero, los diputados quedaron a merced del Ejecutivo, incluso
siendo del mismo partido. Campeche mostró algo que suele omitirse en el debate
nacional: el fuero no es un adorno, sino una garantía mínima de independencia
del Poder Legislativo.
Fuero y revocación: dos caras del
mismo riesgo
Los casos de Oaxaca y Campeche
parecen opuestos, pero en realidad apuntan al mismo problema. La revocación de
mandato, mal calibrada en el tiempo, puede fracturar al poder desde dentro. La
eliminación del fuero, sin un mecanismo eficaz y expedito para levantarlo
cuando hay causa fundada, puede silenciar al Legislativo, incluso cuando
coincide partidariamente con el Ejecutivo.
Por eso resulta preocupante que
la eliminación del fuero se mencione como posible componente de la reforma
político-electoral que la presidenta Claudia Sheinbaum enviará al Congreso a
finales de mes. El efecto, a la luz de Campeche, sería altamente riesgoso,
tanto para las oposiciones como para los mismos morenistas.
Una mayoría legislativa sin fuero
no es más fuerte, sino más vulnerable. Y un Ejecutivo que puede presionar
penalmente a legisladores incómodos no gana estabilidad: acumula poder con
fecha de caducidad.
El calendario equivocado
El riesgo se multiplica si se
mira el calendario. Mantener la revocación presidencial en 2028 implica
activarla inmediatamente después de la elección intermedia de 2027.
La selección de 500 candidaturas
a la Cámara de Diputados, congresos locales, presidencias municipales y 17
gubernaturas apunta a la fractura de la coalición de Morena y sus aliados.
Gobernadores salientes, aspirantes inconformes, grupos desplazados y alianzas
frágiles convergerán en un mismo momento. Y si los resultados no son los que
esperan alcanzar, la cuenta a pagar se presentará en la revocación de mandato
de la presunta culpable: la presidenta Sheinbaum. Un resultado modesto —aunque
no vinculante— bastaría para debilitar a la presidenta, abrir frentes internos
y adelantar una disputa sucesoria que hoy se niega en el discurso, pero que
avanza en los hechos.
Insisto en que adelantar la
revocación a 2027, junto con las elecciones legislativas federales y estatales,
no sería ideal. Pero sí sería menos malo para la estabilidad política del país.
Advertencias, no teorías
Oaxaca y Campeche no revelan
fallas técnicas del diseño constitucional. Revelan algo más incómodo: un
problema político, con consecuencias difíciles de prever en su magnitud y
repercusiones. Ambos episodios ocurrieron, además, dentro del mismo bloque gobernante.
No fue la oposición la que tensó la cuerda, sino los desacuerdos internos, los
compromisos rotos y las sucesiones adelantadas. Esa es la señal más clara de
alerta.
Oaxaca y Campeche no son
advertencias teóricas. Fueron ensayos generales. Ignorarlos sería confundir
mayoría con control y estabilidad con silencio. A veces, gobernar con
responsabilidad implica hacer algo menos vistoso: detenerse, medir riesgos y
aceptar que no todo lo que parece popular conviene al mismo poder que se
pretende preservar. Menos, al pueblo, a la ciudadanía, que vive las
consecuencias de las malas decisiones de sus gobernantes.— Mérida, Yucatán
dulcesauri@gmail.com
Licenciada en Sociología con
doctorado en Historia. Exgobernadora de Yucatán
