Las leyes y la realidad | 8 de marzo y violencia

 

10 marzo, 2021, 3:00 am

 

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Ha transcurrido un año desde las grandes movilizaciones de mujeres que conmemoraron el 8 de marzo de 2020.

Y lo más impresionante sucedió un día después, “el nueve, ninguna se mueve”, cuando millones acudimos al llamado ausentarnos de los centros de trabajo y de las actividades cotidianas dentro y fuera del hogar. El movimiento avanzaba con una fuerza que parecía incontenible para las instituciones, timoratas y asustadas frente a la fuerza de las denuncias. Ironías del destino que, antes de una semana, nos vimos obligados a confinarnos, para protegernos del terrible Covid que comenzaba a azotar el país.

Un año después, el cese de la violencia contra las mujeres continúa siendo la gran demanda, exigencia y clamor de la sociedad. En este duro lapso el encierro exacerbó los episodios violentos, acicateados por la convivencia forzada. Atrapadas en relaciones tóxicas, miles de mujeres vieron desaparecer las oportunidades de evadir las tensiones y actitudes violentas de sus parejas. Decididas a denunciar, a poner sus vidas a salvo, no han encontrado respuesta contundente de las instituciones, con presupuestos recortados y las limitaciones que acompañan a la pandemia.

En el hogar, las madres han visto multiplicar sus responsabilidades: trabajo desde casa (homework, anglicismo cada vez más socorrido), ayuda a hijas e hijos en la jornada escolar frente a la televisión o la laptop, sumadas al acrecentamiento de las tareas de preparación de alimentos, aseo de la casa, cuidado de adultos mayores y, en numerosos casos, atención a quienes se han visto contagiados de Covid.

Y los feminicidios continúan. Mujeres mancilladas en sus cuerpos y privadas de la vida solamente por el hecho de ser consideradas posesión de un hombre que puede hacer con ellas lo que quiera: celarlas, “corregirlas”, golpearlas, humillarlas, y en un extremo, asesinarlas.

En la Cámara de Diputados la “Legislatura de la Paridad” concluirá su último periodo ordinario de sesiones en unas cuantas semanas. Elegimos denominarnos así no sólo por el número (241 mujeres de 500 integrantes, casi la mitad), sino también por el compromiso para legislar desde la perspectiva de los derechos de las mujeres. Nos dedicamos a detectar aquellas disposiciones que, de manera oculta y soterrada, ponían en desventaja a las mujeres para trabajar, participar en la vida económica, en la educación y para ejercer su derecho a una vida libre de violencia.

La Constitución fue reformada para que la paridad no se limitase a las candidaturas a cargos de elección popular, sino que abarcase a todos los órganos del Estado mexicano: los tres poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos, como el Banco de México y el Instituto Nacional Electoral (INE).

Mucha energía se ha concentrado en prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres. Por eso la ley que tutela ese derecho ha sufrido numerosas reformas para afinar responsabilidades y dejar fuera de duda su aplicación. Junto con la comisión de Igualdad, los grupos de trabajo para apoyar los avances en la igualdad sustantiva y en la tipificación del feminicidio han dado resultados alentadores para avanzar en el terreno legislativo.

El mandato constitucional de paridad también se ha traducido en una interpretación pro-derechos de las mujeres en las determinaciones del INE, por ejemplo, para que los partidos políticos postularan mujeres al menos en 7 de las 15 entidades con elección de gobernador/a.

La violencia contra las mujeres es reprobable en cualquier momento y circunstancia. Más lo es cuando se trata de aspirar a cargos de elección popular. Las personas violentas deberán estar impedidas para participar como candidatos. Por eso el INE expidió un acuerdo para obligar a los candidatos a firmar un formato, de buena fe y bajo protesta de decir verdad, donde manifiesten que no han sido condenados, o sancionados mediante resolución firme, por violencia familiar o doméstica o cualquier agresión de género; delitos sexuales; o son deudores morosos de pensión alimenticia.

En los procesos internos de los partidos políticos, en las campañas electorales y luego en el ejercicio del cargo se presenta la violencia política contra las mujeres en razón de género. Antes de las reformas realizadas por esta legislatura, no existía en el Código Penal este tipo de delito, lo cual limitaba la acción de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEPADE) y al Tribunal Electoral para imponer las sanciones. El INE podrá asimismo aplicar medidas inmediatas de protección cuando se presente alguna denuncia durante las campañas. Son avances, sin lugar a dudas. Pero la terca realidad nos recuerda que la vieja cultura patriarcal, la de la discriminación, segregación de las mujeres, el machismo soterrado, resiste y mediante todo tipo de artimañas, se niega a desaparecer.

“Condena firme”, exigencia para actuar por parte de las autoridades, me recuerda aquella expresión de “procesos democráticos” que antes de 2012 impidió el cumplimiento pleno de las cuotas de género en las candidaturas. Confesos y convictos, sólo así se aplica la exclusión a los violentos. ¿Y la fama pública? Cuando menos, “Gozar de buena reputación”, exigencia que la Constitución impone a quienes pretendan ser ministro/as de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (art. 95, f. IV).

¿Qué fama, qué reputación tiene el candidato a gobernador de Morena en Guerrero? Los negativos deberían de inhibir a cualquier partido político a postularlo, simplemente por los antecedentes de su conducta conocida. No ha sido así.

Este 8 de marzo, la candidatura de Félix Salgado Macedonio nos permite ver la enorme brecha que subsiste entre la ley, las reformas legislativas, los programas para prevenir, atender, sancionar y eliminar la violencia contra las mujeres y la realidad cotidiana.

De manera alguna subestimo la transformación legislativa: es condición necesaria, más no suficiente para acabar con el machismo y una cultura patriarcal que, desgraciadamente, es todavía compartida incluso por grupos de mujeres. Reconozco que los cambios culturales, porque atañen a valores, tradiciones y costumbres, llevan generaciones. Tal vez por ello, son las jóvenes mujeres quienes reclaman y exigen sus derechos con la convicción de quienes se reconocen como iguales a los hombres. Mucho más que mi generación, afortunadamente.

P.D. El nombre de Elvia Carrillo Puerto, junto con Hermila Galindo, desde el lunes 8 está inscrito en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados. Se suman a otras 7 mujeres que a lo largo de dos siglos y a cuentagotas, han sido reconocidas como protagonistas de la historia de este país. Más vendrán en los años venideros. Estoy segura.— Ciudad de México.