Iniciativa presidencial | Electricidad y futuro

 

24 febrero, 2021, 3:00 am

 

El 1 de febrero pasado, al iniciar el periodo de sesiones del Congreso, el presidente de la República hizo uso, por primera vez en su gobierno, de su facultad constitucional para enviar una iniciativa “preferente”.

Este calificativo significa que existe un plazo ineludible para que las cámaras de Diputados y el Senado estudien, dictaminen y voten, bien sea para aprobar o para desechar la propuesta presentada por el Ejecutivo federal. Por esa razón, antes del 2 de marzo, los diputados tenemos la obligación de resolver sobre la iniciativa de reformas a la Ley de la Industria Eléctrica, que tanta preocupación y debate ha suscitado.

La intención explícita de la propuesta consiste en el fortalecimiento de la empresa productiva del Estado, la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Arranca del supuesto que la reforma energética de 2013 se realizó a expensas de la CFE, favoreciendo en forma desmedida a los productores privados. Cierto es que, desde mediados de la década de 1990, comenzaron a aparecer los proyectos “llave en mano”, principalmente plantas termoeléctricas construidas por particulares y entregadas a CFE para su operación.

También a finales del siglo pasado se autorizó la autogeneración y la posibilidad de vender los excedentes de la electricidad producida. Al iniciar el siglo XXI, aparecieron los proyectos privados de electricidad eólica y fotovoltaica que aportan desde entonces su producción a la satisfacción de la demanda nacional. Con la reforma de 2013, cuando se establecieron reglas claras en la Constitución, se incentivó aún más la inversión privada en la generación eléctrica, acrecentada por los compromisos que México había adoptado en el Acuerdo de París para enfrentar el cambio climático e incrementar significativamente las energías limpias. Adicionalmente, en los hogares y negocios comenzaron a instalarse paneles solares para generar parte de la electricidad consumida, reduciendo de esta manera los abultados recibos de luz.

La generación es la parte donde participa la CFE y los particulares bajo distintas modalidades. Pero la transmisión y distribución quedaron reservadas en forma exclusiva para la CFE. Es la manera de garantizar la integración y mantenimiento de la red eléctrica nacional, indispensable para ejercer efectivamente la rectoría del Estado en el sector. Además, la red de gasoductos —aquellos que el presidente de la República dijo apenas en agosto pasado que traían mucho más gas del que necesitábamos— abrieron la posibilidad que CFE venda a las fábricas y empresas que lo requieran, sus excedentes de gas natural, para disminuir sus costos de producción.

Numerosas plantas de la CFE consumen todavía combustóleo —derivado del proceso de refinación de las gasolinas— caro y contaminante. Por el contrario, las plantas privadas —más nuevas y con tecnologías “verdes”— producen electricidad a menor precio. Por cierto, se requiere un respaldo para cuando no sopla el viento o viene la obscuridad de la noche, que forma parte del costo de producción de los particulares. El problema de la iniciativa presidencial es que pretende eliminar de tajo la posibilidad de producir energía barata y limpia al eliminar la “molesta” competencia, dificultando la participación de los más eficientes generadores. Es como si, en la década de 1920, se hubiese prohibido la circulación de los automóviles por considerar que eran competencia desleal para los carruajes y los criadores de caballos de tiro.

Tener la exclusividad de las líneas de transmisión confiere a la CFE un extraordinario poder, pues de nada sirve producir luz si no se puede trasladar por los cables de CFE hasta el lugar de consumo. La reforma de 2013 le puso reglas a la generación: primero “sube” la más barata y, como escalera, a la cola se quedan las plantas más caras y contaminantes. Justamente son estas disposiciones las que se pretenden eliminar con la reforma, supuestamente para favorecer a la CFE y ayudarla a recuperar su fortaleza. Limpia o sucia, cara o barata, primero pasa CFE y después, los demás. Y si no les gusta, que se vayan…

Fortalecer a la CFE en la segunda década del siglo XXI pasa por darle opción de transformarse en una empresa productora de energías limpias. Este propósito requiere inversiones millonarias, en las hidroeléctricas, en la geotermia e incluso, en la ampliación y modernización de Laguna Verde, la única nucleoeléctrica mexicana. Y posiblemente, asociarse para desarrollar parques solares y eólicos. Pero la CFE no puede ni debe pretender regresar a 1970 cuando, junto con Luz y Fuerza del Centro eran los productores exclusivos de energía eléctrica. Los particulares están ya aportando: eso no se debe, no se puede sofocar a golpes de decreto.

Mirar hacia atrás en materia energética condenaría a México a un rezago muy difícil de subsanar por las siguientes generaciones. Anclarse en los combustibles fósiles es una gravosa miopía, cuando el desarrollo mundial va justamente en dirección contraria. Rectoría del Estado no es exclusividad, no hay que olvidarlo. Tampoco podemos ignorar que la Suprema Corte de Justicia ya se pronunció sobre la inconstitucionalidad de la pretensión de descarrilar a las energías limpias y a los productores privados.

Con esos antecedentes, no debería haber engaño de la mayoría oficialista en las cámaras de Diputados y Senadores. Con sus votos, llevarán la reforma a los tribunales, que ya rechazaron sus contenidos. Tras su publicación, se abriría una temporada de litigios: acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales, amparos y demandas ante tribunales de arbitraje internacionales por violaciones al T-MEC, al TPP (Asociación del Pacífico), Unión Europea, etc. Y lo más importante: luz más cara, que pagarían directamente las familias y las empresas o, indirectamente, a través de enormes subsidios, los impuestos de tod@s, que en vez de destinarse al desarrollo, tendrían que cubrir los elevados costos de producción de la CFE.

Como diría el clásico: ¡pero qué necesidad!— Mérida, Yucatán

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