Violencia política | Sobresaltos de la paridad
25 noviembre*
“Juanitis”: “infección de origen político que
consiste en imponer la simulación de la participación femenina para evadir el
cumplimiento de la paridad de género y las acciones afirmativas que garantizan
la igualdad sustantiva”. Diccionario de la Paridad, 2020 (1).
Gran revuelo ha
causado el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE)
respecto a las candidaturas a gobernador/a (2). En las elecciones de 2021 se
renovará la titularidad del Poder Ejecutivo en 15 estados de la República, poco
menos de la mitad de las entidades federativas.
El extraordinario
ruido suscitado en torno a este tema me recordó lo acontecido al comenzar la
LXI Legislatura, en 2009, cuando se registró un evento de brutal violencia
política contra las mujeres en razón de género.
En su primera sesión
ordinaria (3 de septiembre) se presentaron las solicitudes de licencia de ocho
mujeres propietarias que, de haber sido otorgadas en ese momento, hubieran
representado la inmediata asunción del cargo por sus suplentes, todos hombres.
El acto de violencia
política acontecido entonces ni siquiera se conceptualizaba todavía como tal,
pero la percepción generalizada fue de fraude a la ley, que establecía la cuota
60-40 en las candidaturas a las diputaciones federales.
Al finalizar 2011,
calentando motores para la elección federal de 2012, la dirección responsable
del entonces IFE emitió lineamientos que reproducían fielmente el requisito de
postular mujeres en el 40% de las candidaturas, “… siempre y cuando no hubiese
elección interna por métodos democráticos” (léase asambleas de delegados o
consulta directa), porque no se podía “obligar” a los participantes a inclinar
su determinación por una candidatura femenina.
María Elena Chapa y
nueve aguerridas mujeres cuestionaron la determinación del IFE de “excluir” un
gran número de distritos electorales bajo el disfraz de supuestos procesos
“democráticos” para evadir la exigencia de postular mujeres en cuatro de cada
diez distritos, cuando menos.
Los partidos
políticos y sus dirigencias subestimaron ese recurso legal, al considerar que,
igual que tres años atrás, se volvería a fórmulas de cumplimiento formal, en el
mínimo indispensable, e incluso repitiendo la estrategia de las despectivamente
llamadas “juanitas”.
La mayoría se
sorprendió cuando el Tribunal, en una sentencia histórica, la 12624, ordenó al
IFE que estableciera los lineamientos para que los partidos políticos
realizaran la inscripción de candidaturas de mujeres en, al menos, 120 de 300
distritos y además estableció que las fórmulas de candidaturas deberían estar
conformadas por personas del mismo género.
Esto último, con el
claro propósito de evitar la burla a la ley que se realizó en 2009. No
conformes ni resignados, los presidentes de los partidos políticos nacionales
realizaron una “consulta” al IFE, clamando por la supuesta imposibilidad de
aplicar esa determinación.
Una vez más
intervino el Tribunal, que reiteró su instrucción al IFE de no inscribir
candidaturas si no respetaban la cuota de género.
Marzo de 2012 se
volvió inolvidable para numerosas mujeres que vieron culminadas sus
aspiraciones de presentar su candidatura a la Cámara de Diputados o al Senado,
gracias sobre todo a una resolución judicial que validó sus derechos.
Poco tiempo después,
en febrero de 2014, fue publicada la reforma constitucional que estableció el
principio de paridad en las candidaturas al Poder Legislativo, tanto federal
como estatales. Apenas hace dos años, en 2018, se aplicó plenamente en la
integración de ambas cámaras del Congreso de la Unión. Por eso somos 241
diputadas federales; por eso nos hemos designado como la Legislatura de la
Paridad.
La llegada de un
importante número de mujeres a las curules y los escaños ha representado
también la oportunidad de avanzar en la igualdad sustantiva, en este caso, en
la participación en la toma de decisiones sobre los asuntos públicos.
La “Paridad en
Todo”, aprobada el 6 de junio de este año, representa la aplicación de ese
principio en todos los poderes públicos (incluyendo órganos constitucionales
autónomos) y en los tres órdenes de gobierno.
Estos cambios
constitucionales y legales se suman al nuevo marco legislativo para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de
género, publicado el 13 de abril pasado.
Estas son las
coordenadas legales y políticas que condujeron al Consejo General del INE (por
cierto, integrado por 6 hombres y 5 mujeres) a tomar dos decisiones de gran
trascendencia.
La primera, conocida
por la norma “3 de 3”, mediante la cual se estableció como impedimento para el
registro de candidaturas ser abusador sexual, ser deudor de pensión alimentaria
o ser agresor familiar.
La segunda
determinación fue que, de las 15 gubernaturas en juego en la próxima elección,
los partidos tuvieran la obligación de presentar al menos, candidatas en siete
entidades.
Acción afirmativa
del INE, sí, más cuando las cuentas de mujeres gobernadoras son tan magras - 9
en 103 años- y sólo tres electas entre 2015 y 2018 (Sonora, Puebla y CDMX).
El llanto y crujir
de dientes de algunos partidos corresponde en buena medida a las resistencias
del 2012, casi 9 años atrás. A regañadientes, pero habrán de cumplir. Gracias a
esta decisión del INE, “mágicamente” empiezan a “aparecer” mujeres en
condiciones de competir para gobernadoras de sus respectivas organizaciones
políticas, aun en estados que todavía son páramos de candidaturas femeninas.
Que este 25 de
noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, sirva para
hacer memoria de los obstáculos removidos hacia el ejercicio pleno de nuestros
derechos políticos y, al mismo tiempo, para refrendar el compromiso para
combatir cualquier forma de violencia política contra las mujeres en razón de
género: en candidaturas o en el ejercicio de las responsabilidades para las
cuales seamos electas o designadas. Es nuestro derecho.— Ciudad de México.
dulcesauri@gmail.com
1) En proyecto.
2)
dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5605089&fecha=17/11/2020. Consulta: 21
de noviembre 2020.
Licenciada en
Sociología con doctorado en Historia. Exgobernadora de Yucatán y presidenta de
la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.