Fideicomisos al paredón | Desaparecerlos o transformarlo
Dulce María Sauri Riancho (*)
En la tarde del jueves 1º de octubre entró al pleno de la
Cámara de Diputados, para su discusión, el dictamen para modificar 18 leyes y
abrogar (desaparecer) dos más, es decir, un total de 20 ordenamientos jurídicos
que dieron paso a la creación de 109 fideicomisos públicos que ahora se encuentran
destinados al paredón.
El argumento para desaparecer esos 109 fideicomisos es que
el gobierno federal pretende utilizar los 68,480 millones de pesos en ellos
depositados para combatir la pandemia del Covid 19.
La primera sorpresa que nos llevamos esa tarde fue la férrea
resistencia en la tribuna de las oposiciones, pero también de algunos
integrantes de la coalición en el gobierno.
Esto desembocó en que se registrara un número inédito de
“reservas” —cerca de 400—, es decir, propuestas de modificación a los distintos
artículos del dictamen. Estas reservas, en su inmensa mayoría, buscan preservar
la vida y los recursos de estos fondos.
Sin embargo, en la primera votación, cuando se decidía si se
aprobaba o no el dictamen “en lo general”, no se alcanzó el quórum de 251
diputad@s y, en mi carácter de presidenta de la mesa directiva, tuve que
levantar la sesión para reanudarla el martes 6, cuando habremos de retomar la
votación de “lo general” y entrar, entonces sí, al desahogo de las numerosas
reservas interpuestas.
Escribo estas líneas antes de conocer el desenlace final de
la discusión y votación en la Cámara de Diputados. Una vez que sea aprobado el
dictamen —fuera en los términos presentados o con modificaciones— pasará al
Senado que revisará el trabajo de las y los diputados, le hará cambios si así
lo considera, o lo aprobará y enviará al Presidente de la República para su
publicación. Hasta que todo esto suceda, Hacienda podrá hincar los dientes en
los recursos de los fideicomisos extinguidos.
La palabra “fideicomiso” viene de fe (fides) y de encargo
(commissus); es decir, la confianza y la certidumbre son cuestiones centrales
en estos instrumentos que pueden ser de carácter público o privado.
Los fideicomisos públicos son instrumentos de la
administración gubernamental para ordenar y dar certeza al financiamiento de determinadas
obras o servicios.
Gracias a los fideicomisos es posible superar la anualidad
del presupuesto de egresos de la federación; esto es, a diferencia de otras
partidas que si no se gastan antes del 31 de diciembre tienen que ser devueltas
a la Tesorería de la Federación, el fideicomiso salvaguarda el dinero hasta que
se alcanza el objetivo para el que fue creado.
Las decisiones para liberar los recursos son de carácter
colectivo, se toman en sus juntas de gobierno o de administración. Los
fideicomisos rinden cuentas a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Cada trimestre, la Cámara de Diputados recibe un informe
sobre los movimientos de fondos realizados en cada uno de los fideicomisos y
fondos de la administración pública federal.
Atrás de cada uno de los 109 fideicomisos que se pretende
desaparecer hay una historia, personas de carne y hueso que quedarán afectadas
y esperanzas truncas por una decisión que no alcanza a entenderse en su
racionalidad.
De este grupo, los “grandotes” son sólo 11, que incluye el
Fondo de Desastres Naturales (Fonden) por casi $6,900 millones de pesos.
Díganme ustedes, amig@s lector@s, si en estos momentos de
inundaciones, huracanes y heladas tiene sentido desaparecer el mecanismo que
—aunque limitado— permite atender la emergencia de las despensas, colchones,
agua potable, etc., e inmediatamente después, iniciar la reconstrucción de
casas, caminos y carreteras afectadas, entre otros.
Dicen que, en adelante, lo haría Seguridad y Protección
Ciudadana (de la que ahora depende Fonden), pero no hay garantía alguna de que
cuente con el presupuesto necesario y con la oportunidad que se requiera.
¿Y el Fondo Minero que invierte en estados y municipios con
instalaciones mineras, que requieren obras de mitigación y de mejoramiento
urbano? ¿Tendría suficientes recursos la Sedatu para atenderlos?
¿Y los artistas y creadores cinematográficos, despojados de
su fideicomiso para apoyar sus producciones?
La desaparición de la red de fideicomisos relacionados con
los 26 centros de investigación Conacyt (como el CIDE, Colmex, CICY, Ciesas,
entre otros) y de los convenios con estados y municipios en materia de ciencia
y tecnología, significarán un grave retroceso para la investigación científica
del país, así se ponga rodilla en suelo la directora de Conacyt para asegurar que
habrá recursos suficientes.
Desaparecerían los fondos Regional y Metropolitano que
todavía proporcionan recursos a estados y municipios para obras de
infraestructura.
Duele saber que el Fondo de Ex Braceros, que costó años de
lucha de aquellos que aportaron a la seguridad social en los Estados Unidos,
entre 1942 y 1964, ya no dispondrá ni de ley ni de recursos para cubrir sus
indemnizaciones.
O el fondo para atender la protección de periodistas y
defensor@s de derechos humanos que permite, por ejemplo, comprar de emergencia
un boleto de avión para poner tierra de por medio ante amenazas.
O el fondo para atender a víctimas, que ha permitido contar
con medios para ayudar en las pesquisas para la localización de fosas
clandestinas, y apoyar en su búsqueda a familiares de desaparecidos, contratar
pruebas de ADN y forenses especializados en identificar cuerpos.
Que se puede mejorar la transparencia de fondos y
fideicomisos, sí; que se debe eliminar cualquier acto de corrupción o de
dispendio, también. Pero de allá a desaparecerlos, hay un gran trecho.
Representaría mayor control, centralizado en las secretarías, sujetas a
presupuestos anuales cada vez más escasos.
Con la desaparición de 109 fideicomisos el gobierno federal
no saldrá de la delicada situación que guardan las finanzas públicas en 2020.
Nada garantiza que habrá recursos para atender las necesidades que ahora son
satisfechas vía estos instrumentos financieros. Rectificar es de sabi@s,
también de mayorías comprometidas con las personas y las familias mexicanas.—
Ciudad de México.