Otras estadísticas del país | Números del COVID

 

La información estadística de calidad es indispensable para diseñar, aplicar y evaluar las políticas públicas. Nada más lejano a la ocurrencia, la corazonada o al “instinto” de algún funcionario que las cifras basadas en hechos y evidencias.

Por eso, aun en medio de la pandemia, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) tiene una función fundamental, estratégica si se trata de salir lo mejor librad@s de esta crisis.

El Inegi es un órgano constitucional autónomo, del mismo rango que el Banco de México o la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Produce estadísticas sobre distintos aspectos de la vida económica y social del país. Es la institución encargada de levantar cada 10 años el Censo de Población y Vivienda, gracias al cual sabemos cuántos somos y cómo nos encontramos distribuidos geográficamente y por edad.

Habrá quien piense que el presupuesto de un organismo de esta naturaleza es un lujo que no deberíamos darnos en tiempos de crisis. Pero es justamente lo contrario: invertir en fortalecer al Inegi puede ser lo mejor para conocer objetivamente la situación y actuar en consecuencia.

Las y los encuestadores del Inegi estaban en el tramo final del levantamiento del Censo de Población (entre el 3 y el 27 de marzo) cuando se declaró la emergencia sanitaria y la suspensión de servicios no esenciales (24 de marzo). A partir del 30 de marzo se prohibieron censos y encuestas cara a cara. Ajustado, pero el Inegi logró concluir exitosamente la fase del levantamiento de la información.

En diciembre de este año sabremos con exactitud el número de habitantes de México, sus edades y su lugar de residencia, entre otros valiosos datos.

Un año antes, en 2019, el Inegi levantó el Censo Económico -que se levanta cada cinco años-, una especie de fotografía estadística de las empresas, su tamaño, la cantidad de obrer@s y emplead@s ocupados y el valor de su producción.

Según la información recabada, había 6.4 millones de establecimientos donde trabajaban 36 millones de personas, quienes produjeron servicios o mercancías por 9 billones, 984 mil millones de pesos.

Gracias a este censo, sabemos que, entre las actividades manufactureras (32%) y el comercio (21.4%), está representado más de la mitad del aparato productivo del país. Destacan las ramas de Fabricación de Autopartes y de Automóviles y Camiones, con cerca del 10% del valor agregado total.

Sin embargo, es la Preparación de Alimentos y Bebidas la rama con mayor personal ocupado: un millón, 954 mil, a la que le sigue Abarrotes y alimentos al por menor, o sea, las misceláneas y tienditas de la esquina, con un millón 764 mil personas ocupadas.

Por tamaño de establecimiento, predominan los negocios Micro, de 0 a 10, que representa casi el 95% del total; sin embargo, sólo concentran el 37.2% del personal y proporcionan apenas el 14.6% del valor.

En el otro extremo están los grandes establecimientos de más de 250 empleados, que no llegan a 13 mil, pero que concentran al 32% de las y los trabajadores, con los cuales generan más de la mitad (54.7%) del valor de la producción.

Con estos datos nos encontró el Covid 19. Vía telefónica, el Inegi trata de obtener datos que ilustren la magnitud del problema económico al que nos enfrentamos. Por su encuesta denominada “Covid 19 y Mercado Laboral”, sabemos que del total de personas ocupadas, el 20% (uno de cada cinco) está ausente de su centro de trabajo o tiene suspensión laboral; que al 46% le había disminuido su ingreso y que 9 de cada 10 personas trabajadoras del país no habían recibido ayuda gubernamental alguna.

A nivel vivienda, en 3 de cada 10 hogares un miembro de la familia, al menos, había perdido su trabajo y en el 65% habían disminuido los ingresos.

Casi 6 de cada 10 empresas habían ejecutado paros técnicos o cierres temporales. De éstas, el 93% son Micro, el 6%, PYMES y menos del 1% (0.7%), grandes. Del total de las empresas, 93 de cada 100 declararon que Sí están afectadas, en su inmensa mayoría por disminución de sus ingresos, atribuida a la reducción de la demanda.

En cuanto a los apoyos en la contingencia, el panorama es desolador: sólo 8 de cada 100 manifestaron haber recibido alguna transferencia en efectivo (más de la mitad); aplazamiento de créditos, renta o hipoteca, préstamos con tasa subsidiada o apoyos fiscales, repartidos, la otra mitad.

La información del Inegi muestra fuera de toda duda la importancia de los restaurantes, fondas y otros establecimientos de comida en términos de empleo.

En Yucatán, el “apretón” del confinamiento, la “ley seca” y los cierres obligados los fines de semana están estrangulando a una actividad estratégica por el número de personas que dependen de ella. Las tienditas de la esquina y las misceláneas, por las mismas razones de empleo e ingreso de miles de familias, también requieren programas especiales del gobierno. Empresas privadas, como una destacada refresquera, lo están haciendo por su cuenta, pues saben que salvar a sus clientes en esta contingencia representa ventas a futuro. Y el apoyo solidario no se olvida…

Revisar la valiosa información del Inegi y tomarla como guía en las decisiones de política pública es tarea fundamental de las y los gobernantes de los distintos órdenes. Si la rescatamos de la vorágine de acontecimientos no daremos “palos de ciego”. Chance y hasta se afloja el nudo regulatorio que asfixia a la industria restaurantera yucateca cuando el gobernador Vila se compenetre de los datos de la institución responsable de producir la estadística de México.— Mérida, Yucatán.