Conmemorar y celebrar | T-MEC y Triunfos

El 1 de julio de 2018 Andrés Manuel López Obrador ganó la presidencia de la república. Se impuso contundentemente, con 30 millones de votos, sobre las coaliciones encabezadas por los dos partidos históricos de México, el PRI y el PAN.

Su carisma y la presencia permanente en todos los rincones del país le atrajeron simpatizantes tanto de los grupos populares como de clases medias urbanas, feministas, académicos, e incluso, cosechó votos entre la clase alta.

La inmensa mayoría de los votantes sabía, con certeza, lo que no quería: corrupción, privilegios, desigualdad social. López Obrador cosechó el descontento, porque lo cultivó cuidadosamente, con un lenguaje atractivo y una narrativa en la que él se enfrentaba a las fuerzas ocultas tras la riqueza y el poder.

Ninguna elección nacional se gana sin el apoyo de las clases medias de las ciudades. En un país que se transformó aceleradamente de rural a predominantemente urbano, son las familias y las personas que pertenecen a este heterogéneo grupo social quienes definen triunfos y fracasos electorales.

Peña Nieto las conquistó en 2012 y su gobierno las perdió en 2018. En ese año, ellas votaron por López Obrador, me atrevo a decir que lo hicieron sin miedo al futuro y con esperanza de conseguir los cambios para asegurar el bienestar de sus familias.

El 1 de julio de hace dos años también se impusieron candidatas y candidatos de la coalición Juntos Haremos Historia a las diputaciones federales y senadurías, aunque con menos votos que los conquistados por el candidato a la presidencia, pero suficientes para obtener una condición predominante en las cámaras de Diputados y Senadores.

El arrastre de López Obrador hizo el milagro de retroceder a la etapa del predominio absoluto de una fuerza política que, desde la presidencia y el Congreso, podía prescindir casi de todos los contrapesos en el ejercicio del poder.

Y eso justamente se debiera resaltar este día: el inicio de la concentración del poder en la figura presidencial. López Obrador no esperó al cambio formal de la estafeta, el 1 de diciembre. Desde la misma noche de su triunfo dio señales de su decisión de restaurar “la investidura” del jefe de las instituciones del país.

Como un manotazo para ahuyentar y estremecer a los ricos se entendió la cancelación del nuevo aeropuerto en Texcoco. Sólo fue el primero de una serie de eventos que se han prolongado en los 19 meses de su gobierno. Bajo el argumento de la austeridad y del combate a la corrupción se han destruido instituciones, varias de ellas indispensables, se han cancelado programas, algunos relevantes y hasta exitosos, y pende la amenaza de acabar con todo aquello que escapa, así sea tangencialmente, del control presidencial.

En los órganos autónomos se aplica una estrategia de “colonización”, que consiste en imponer funcionarios o consejeros incondicionales al presidente, vulnerando su actuación y las funciones de contrapeso al gobierno.

Y cuando la estrategia colonizadora fracasa, se recurre al desprestigio de sus integrantes, hasta culminar con la anulación del órgano asediado y si se puede, con su cancelación por la vía legislativa. Este 1 de julio, la conmemoración debería incluir la larga lista de instituciones y programas destruidos por el afán de borrar el pasado, sin medir las consecuencias. Tal es el caso del INSABI que, además de su fragilidad institucional, se enfrenta a la pandemia del COVID en las peores condiciones imaginables.

Lo mejor del presidente López Obrador está en el pasado, cuando suscitó esperanza y sembró expectativas de cambio en millones de personas. Pero desde el mismo día de su triunfo comenzó a minar la confianza generada, en especial de las clases medias, familias que no reciben ayuda o asistencia gubernamental, que desean avanzar en el logro de sus legítimas aspiraciones de progreso y que dependen del crecimiento económico para conseguir empleos remunerados en el sector formal de la economía, una vez que egresen sus hij@s de las universidades.

El mundo de las clases medias es desconocido para el proyecto del presidente López Obrador. Su visión polarizadora sólo distingue ricos y pobres. A los ricos, los descalifica y, si no los ataca, los ignora. A los pobres los atiende, sí, pero con visión asistencialista y enajenante.

Pero este 1 de julio tiene un motivo de celebración. Este día entra en vigor el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, que sustituye al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), vigente desde el 1 de enero de 1994.

No hay mejor ejemplo de los buenos resultados que rinde la continuidad institucional que estos dos tratados. Los nuevos gobiernos de Estados Unidos y de México, con el apoyo del primer ministro de Canadá, negociaron largos meses para modernizar, mejorar, perfeccionar los acuerdos de gobiernos anteriores, no para cancelarlos o destruirlos.

Este mensaje debiera ser suficientemente poderoso para provocar la reflexión presidencial. Es, hasta el momento, el mayor triunfo de su gobierno. Y se debe a que logró trascender las descalificaciones a las personas que, hace 26 años, llevaron a feliz término la negociación del primer tratado; a que supo entender el esfuerzo realizado durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto para lograr la firma de los tres mandatarios el último día de su gobierno, el 30 de noviembre de 2018.

Y también se debe a que el presidente López Obrador asumió e incentivó la negociación, no la confrontación con sus contrapartes. Hoy, el T-MEC es un remanso de certidumbre en un gobierno que se empeña en promover la desconfianza en la inversión privada, más todavía si es extranjera, que pretende cambiar reglas establecidas después de intensos procesos de negociación.

El T-MEC es un poderoso instrumento para promover empleo e inversión en México. Pero solo, sin políticas públicas y sobre todo, sin confianza, sería una oportunidad perdida; lujo que México no se puede dar en estos difíciles tiempos. Celebremos el Tratado, conmemoremos el triunfo político y que esa memoria genere una participación decidida en 2021 para recuperar la pluralidad democrática y el respeto a las instituciones.— Ciudad de México.