Presidencialismo restaurado | Gobernadores controlados

Pocos, muy pocos quieren que México regrese al pasado. Muchos, cada vez más, nos preguntamos por una alternativa de futuro incluyente, novedosa.

El presidente de la república todos los días abona por el retorno a la década de 1970. Su pensamiento está fincado en la visión de un país idealizado donde imperaba el orden y había progreso sostenido, en el que el Ejecutivo federal controlaba todos y cada uno de los aspectos relacionados con la política y la economía.

Por esa fijación histórica presidencial saco a relucir un libro publicado por primera vez en 1978, “El presidencialismo mexicano” (1), cuyo autor, Jorge Carpizo, logró sistematizar los rasgos más característicos del ejercicio del poder entre 1950 y 1980. Son once “pilares” que, a juicio de Carpizo, sostenían la actuación omnímoda del titular del Ejecutivo federal. Su revisión me ha permitido darle seguimiento, a manera de “check list”, a los intentos de regresar al pasado autoritario que todos los días se expresan en Palacio Nacional.

Para los fines de este artículo me limitaré a revisar el octavo de los “pilares”, que corresponde al control o subordinación de las y los gobernadores de las 32 entidades del país.

En las décadas de añoranza presidencial, el Ejecutivo federal tenía dos “resortes” para controlar a los gobernadores de entonces. Por un lado, “indicaba” su preferencia por algún precandidato al gobierno del estado donde habría elecciones. Lo que coloquialmente se conoció con el sobrenombre de “dedazo” aseguraba que el triunfador de la contienda interna del PRI —y seguro ganador— guardase lealtad absoluta a quien había hecho posible su postulación. Así funcionó el sistema durante muchos años, hasta que el PRI empezó a perder, primero en algunos municipios y, después, en varios estados, a partir de Baja California en 1989.

Mellado el control presidencial sobre las candidaturas; no pudiendo asegurar que quien fuera postulado triunfaría, el presidente de la república empezó a emplear con mayor frecuencia el otro resorte, que era el presupuesto. Desde esos años, gobernantes opositores tenían estrictamente lo justo, en tanto que los demás recibían partidas “extraordinarias”, provenientes de la Secretaría de Hacienda (SHCP).

Cuando el PRI perdió la mayoría legislativa, en 1997, uno de los primeros pasos de la oposición unida fue el diseño y aprobación del Ramo 33 en el Presupuesto para garantizar recursos a los estados, independientemente del partido que los gobernase. Así se fue avanzando a lo largo de los años, para descentralizar atribuciones y recursos. Y cuando se registraba algún obstáculo, las controversias constitucionales presentadas ante la Suprema Corte (SCJN) despejaban dudas y reconducían decisiones.

El intento de restablecer el octavo pilar del presidencialismo ha llevado a López Obrador a un enfrentamiento con algunos de los gobernantes opositores. Desde el inicio del gobierno se delinearon estrategias para controlar a l@s gobernador@s vía la disponibilidad de recursos, mientras que funcionarios de la Presidencia —llamados “delegados de programas para el desarrollo”— supervisan de modo directo el ejercicio de gobierno y del gasto público transferido a las entidades federativas.

Durante las giras presidenciales hubo de todo: insultos, descalificaciones altisonantes que, con gesto magnánimo, detenía el presidente de la república después de que el aludido gobernador hubiera recibido la “paliza verbal” correspondiente.

Cuando llegó el Covid, la relación presidente-gobernadores ya era tensa; algunos lo rumiaban en silencio, confiados en las viejas formas de negociación; otros, más ruidosos o rijosos, abiertamente han demostrado sus desacuerdos con una política concentradora de decisiones y centralizadora de recursos, a costa de las facultades y obligaciones de las autoridades locales.

La semana pasada se registraron tres hechos que muestran la profundización del conflicto. El primero tiene que ver con la deuda que algunos congresos locales han autorizado a sus gobiernos, entre otros, Jalisco (MC) y Tamaulipas (PAN), para afrontar las consecuencias económicas de la pandemia. Resulta que para poder hacer efectivo el crédito autorizado, la ley los obliga a hacer el registro ante la SHCP. Formalmente es un trámite administrativo, si cuentan con el decreto publicado en su periódico oficial y si se determina el destino específico de la inversión. Pero Hacienda ha decidido retener y complicarles el proceso, probablemente para descarrilar las solicitudes presentadas a la banca comercial.

El segundo hecho es un amparo concedido a una persona anciana, habitante de una colonia del sur de Mérida, cuya modesta casa de cartón fue destruida por las recientes lluvias. Ella, a través de un joven abogado, obtuvo la protección de la justicia federal que ordenó a las autoridades municipales de Mérida, del DIF y del gobierno de Yucatán, que hicieran efectivo su derecho a una vivienda digna. En circunstancias anteriores, esta determinación de la justicia federal debería ser aplaudida sin suspicacia. Pero ahora, en medio de este clima de enfrentamiento, demandar todos los derechos exigibles de la Constitución a las autoridades locales, eximiendo a las federales del cumplimiento de esas mismas obligaciones, parece ser una acción más para debilitar a los gobernadores.

El tercio se completa con la participación de las fuerzas armadas permanentes (Ejército, Marina) para combatir al crimen organizado, marginando o limitando seriamente el papel de los ejecutivos locales. Pasa ahora en Guanajuato (PAN), como sucedió anteriormente en Michoacán (PRD). La presencia o ausencia militar y de la Guardia Nacional son moduladas no en función de las necesidades del restablecimiento de la paz, sino del amedrentamiento político a sus autoridades locales.

Como respuesta, algunos gobernadores han decidido aplicar impuestos a las refinerías de Pemex o a las plantas de la CFE por la contaminación que causan en sus entidades.

En las elecciones del próximo año, el presidente de la república buscará “cerrar la pinza” del control, jugando abiertamente a favor de los 15 candidatos de Morena a relevar a gobernantes del PRI (8), del PAN (5), PRD (1) y a un independiente.

Fiel a su vocación de pasado, el presidente López Obrador intenta restaurar el octavo pilar del presidencialismo de los años 70. Quienes voten en esos estados marcarán el rumbo. Esperemos que triunfe la democracia. ¡No al retroceso!— Mérida, Yucatán.

dulcesauri@gmail.com

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1) Carpizo McGregor, Jorge, 1978. “El presidencialismo mexicano”. Siglo XXI Editores, México.