Época de Informes. Tolerancia cero al Presidente

Dulce María Sauri Riancho

Esta semana seleccioné tres temas para comentar con ustedes, amig@s lectores: Informes, Gas y Energía y Banda Presidencial.

Informes. El lunes pasado el presidente municipal de Mérida, Renán Barrera, rindió el informe de su primer año de gestión.

El alcalde panista tiene la experiencia de su anterior desempeño al frente del Ayuntamiento. Eran otras circunstancias políticas y presupuestales, pues los gobiernos estatal y federal estaban encabezados por sendos militantes del PRI.

En aquellos años los presupuestos para la ciudad fluían sin mayor esfuerzo, fuera a través de los ramos 23 y 33 en la parte federal, como por crecientes participaciones municipales, que se incrementaban al aumentar la recaudación nacional.

En esta “segunda vuelta”, Barrera se encuentra con un correligionario al frente del Ejecutivo estatal, lo que en teoría habría de facilitar la indispensable coordinación institucional. Queriendo o no, el éxito de sus respectivas administraciones y su destino político los liga ineludiblemente, al menos por unos años más.

La sombra más densa sobre la administración de Barrera proviene de las nuevas reglas presupuestales impuestas por la 4T. La desaparición del ramo 23, de donde provenía la mayor parte de los recursos para proyectos y programas municipales, y la severa disminución del ramo 33, dejan al ayuntamiento meridano limitado a sus participaciones y a los recursos propios, que son captados por el impuesto predial principalmente.

El gobierno del presidente López Obrador no se ha distinguido por su vocación federalista, menos por el apoyo a los ayuntamientos, ni siquiera a los de Morena.

Bajo el pretexto del combate a la corrupción, el control federal sobre los recursos presupuestales es creciente. Asfixia a los pequeños ayuntamientos y limita seriamente a los más grandes, como el de Mérida.

También el próximo domingo habrá informe presidencial. Por primera vez, el evento político se realizará previamente a la sesión del Congreso General, pues la mañana del domingo se prevé que, desde el Palacio Nacional, López Obrador pronuncie un discurso ante sus fieles. Y en la tarde, casi a escondidas, la secretaria de Gobernación cumplirá con el protocolo de entregar a las Cámaras el informe del primer año de la administración federal.

Cambiar la secuencia y relegar al Congreso es un gesto simbólico muy preocupante: al Presidente no le interesa el poder Legislativo, menos aun su evaluación.

Si se suma al antecedente de la presentación del Plan Nacional de Desarrollo —que fue solo una proclama y no el eje rector del sistema de planeación del país— es altamente probable que, en vez del acto republicano de informar, tengamos un discurso político que imposibilite el cumplimiento de la función fiscalizadora del Congreso sobre la actuación del Ejecutivo federal.

Gas natural y energía. Las mesas de trabajo realizadas jueves y viernes de la semana pasada fueron de gran relevancia por la calidad técnica de los expositores y participantes, tanto del sector privado como de los funcionarios públicos responsables del sector Energía.

El papel del arquitecto José Manuel López Campos, presidente nacional de Concanaco, fue fundamental para que la primera de las siete mesas se realizara en Mérida.

Sin embargo, la solución para el abasto suficiente y a precios competitivos de gas natural al estado de Yucatán quedó pendiente. La tuvimos muy cerca, pues desde el 15 de junio está concluido y listo para operar el gasoducto submarino, que traería el 40% de la demanda nacional de gas natural desde el sur de Texas hasta Tuxpan, Veracruz.

Pero un litigio interpuesto por la CFE contra las empresas constructoras y operadoras de siete gasoductos, entre ellos el de Tuxpan, cerró esa posibilidad en el corto plazo.

El lío de los gasoductos es de tal magnitud que de no encontrar una pronta solución podría hacer peligrar la ratificación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC).

Una vez que empiecen a operar los gasoductos, restaría construir la interconección entre Mayakán y Cempoala, para entregar el gas a las plantas de CFE y a las industrias instaladas en Yucatán que lo requieren.

Banda presidencial. La lleva el Presidente en ocasiones de mayor solemnidad señaladas estrictamente por la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional (art. 35).

Tiene la obligación de portarla en la transmisión del Poder Ejecutivo Federal (lo hizo, incluso se cambió el orden de los colores para que el rojo quedara cerca de su corazón); al rendir anualmente su informe ante el Congreso de la Unión (desde 2006 el presidente de la República no acude al Congreso); en la conmemoración del Grito de Dolores, la noche del 15 de septiembre; y “al recibir las cartas credenciales de los embajadores y ministros acreditados ante el Gobierno Mexicano” (f. IV).

No es opcional: es mandamiento de ley. No sabemos si el próximo aniversario del inicio de la Independencia el presidente López Obrador saldrá al balcón del Palacio Nacional portando la Banda y blandiendo la Bandera nacional. Pero hemos presenciado cómo, a la fecha, el Ejecutivo ha ignorado olímpicamente esa obligación cuando ha recibido cartas credenciales de los representantes diplomáticos de distintos países del mundo.

Como jefe del Estado mexicano representa no solo al gobierno, sino al conjunto de instituciones y poderes. Menospreciar el cumplimiento de la Ley se ha vuelto conducta reiterada del presidente López Obrador, que hace temer por el respeto a la Constitución y a las instituciones del Estado mexicano.

Quien viola lo menos, va por lo más. Tolerancia cero al Presidente. Por cierto, espero que la Banda Presidencial no se utilice el próximo domingo 1º de septiembre, dado que será reporte político y no ante los poderes de la República. Aunque lo hayan hecho sus antecesores.— Mérida, Yucatán.