La fiesta presidencial. Resiliencia frente a la restauración

Dulce María Sauri Riancho

Si las aspiraciones del presidente López Obrador se materializan, a partir de ahora, el 1º de julio se celebrará la Gran Transformación, la cuarta y definitiva de nuestra historia como país independiente.

L@s yucatec@s tenemos antecedentes de eventos similares al celebrado hace apenas dos días.

En el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco, la fecha que eligió para su “Informe Ciudadano” fue también el aniversario de su triunfo electoral. Entonces y ahora, sostengo que cuando se pretende sustituir la obligación constitucional de informar al pueblo a través del Congreso de la Unión por una reunión festiva, estamos en problemas. No sólo se trata de megalomanía, ese delirio de grandeza que lleva a considerar su persona y su actuación como única e irrepetible.

Es algo más profundo, vinculado a las instituciones y a las prácticas que garantizan la sobrevivencia de la democracia y el equilibrio entre poderes públicos y entre éstos y la ciudadanía. Los contrastes son grandes.

Como lo ordena la Constitución, el 1º de septiembre, el presidente de la República envía al Congreso de la Unión su informe de un año de trabajo. Las cámaras de Diputados y Senadores lo analizan en detalle, para cumplir con la obligación de fiscalizar al Ejecutivo.

Junto con la Cuenta Pública, revisada por la Auditoría Superior de la Federación, el Informe presidencial forma parte de los mecanismos de rendición de cuentas a la sociedad.

En cambio, eventos como el del pasado lunes no guardan más formalismo que una celebración, donde el presidente se felicita a sí mismo por sus avances y supuestos logros. Nadie lo cuestiona en su fiesta, sólo lo aplauden, incluidos legisladores de su partido que asistieron como invitados. Las molestas oposiciones, por supuesto ausentes de la celebración, podrían enturbiarla al confrontar cifras alegres con la terca realidad.

¿Cómo celebrar cuando crece la inseguridad en todo el país? El inicio formal de la Guardia Nacional, conformada para combatir al crimen organizado, se ha visto oscurecido por la orden de evitar la internación y tránsito de los migrantes por el territorio nacional. “Muro de carne humana”, le han llamado.

¿Y la corrupción, bandera de mil batallas electorales? Sepultada por la asignación directa de tres cuartas partes de los contratos gubernamentales. Se necesita ceguera u obstinación malsana para negar las poco optimistas predicciones del crecimiento económico para 2019 o el descenso en la calificación crediticia del país.

Retrocedimos también en la captación de turismo en el mundo. Entre el sargazo del Caribe y la inseguridad en algunos de los principales destinos, México pierde atractivo en un mercado de alta competencia.

En el sector energético, por más que maquillen las cifras, la extracción de petróleo y gas continúa a la baja. Además, ahuyentar la inversión privada en el sector sólo hará más complicada la tarea gubernamental. El desabasto de gas natural se vuelve un tema sensible para las empresas y crítico en el caso de la Península de Yucatán.

El gasoducto submarino que habría de proveer al centro y norte del país, se encuentra detenido y sujeto a arbitraje internacional. A ver si esta situación no acaba costándole a México la no ratificación del T-MEC por el Parlamento canadiense, preocupado por el trato del gobierno mexicano a sus connacionales.

Las mujeres y sus derechos no interesan al presidente de la República. Ni siquiera fueron mencionadas en el largo recuento. En contrapartida, el gobierno federal las privó de las estancias infantiles; las unidades de género en la administración pública, están abandonadas y sin recursos.

En el caso de la niñez, estos siete meses han estado plagados de acciones que afectan seriamente sus derechos a la educación, a la salud, a la alimentación.

Se canceló Prospera, que alcanzaba 6.5 millones de familias en una articulada estrategia de combate a la pobreza, sustituida por el reparto individual e indiscriminado de dinero que, según las cifras del presidente, alcanzarán a más de 23 millones de mexican@s antes de que termine este año.

Sumemos esta situación a la escasez de medicinas en las instituciones de seguridad social y del Seguro Popular. Se necesita cara dura para ignorar el problema que viven hoy miles de personas en todo el país.

México afronta un proceso de desinstitucionalización de la gestión pública. Desde la óptica presidencial, reiterada en su mensaje de festejo, los gobiernos son corruptos por naturaleza; por tanto, la única forma de evitar el contagio se da cuando la relación es directa entre el o la ciudadana y Andrés Manuel López Obrador. Él se encargará de eliminar a los intermediarios.

Los “Siervos de la Nación”, de los cuales poco o nada se sabe, son sus ayudantes. Todo aquello que se oponga a los designios presidenciales debe ser liquidado, cancelado, deslegitimado, sean órganos constitucionales autónomos como la CNDH, el poder Judicial, los solicitantes de amparos, etc.

El 1º de julio reapareció en el escenario nacional el fantasma de la restauración autoritaria y del gobierno de un solo hombre. Sin contrapesos, sin instituciones que le disputen el control del presupuesto y fiscalicen su ejercicio. Todavía, sin oposiciones articuladas en los partidos políticos y con las voces enmudecidas de las organizaciones de la sociedad.

Para el gobierno de López Obrador, esta es la etapa de la destrucción de las instituciones. Demoler con el afán de no poder dar marcha atrás en el futuro. Borrar de la memoria colectiva el gran esfuerzo que implicó para muchas generaciones de mexicanos, dejar atrás el país de caudillos y dar paso a las instituciones.

Pero somos resilientes. Tenemos capacidad de adaptación “frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos” (Real Academia Española). Sobreviviremos al gobierno de López Obrador y como en otras ocasiones de nuestra historia, saldremos fortalecid@s.— Mérida, Yucatán.