Bomba en la otra península. No hay de otra…

Dulce María Sauri Riancho

Grave, muy grave lo que sucede en Baja California. Pasiones y compromisos políticos han desatado demonios que suponíamos conjurados por el desarrollo de la democracia. El triunfador de las elecciones del pasado 2 de junio, quien fue electo por el plazo de 2 años, simple y sencillamente, decidió ampliar el plazo de su gobierno a 5 años, logrando el respaldo en el Congreso estatal.

Imagen: El Sol de Tijuana

La reducción del plazo gubernamental, de seis a dos años, no fue una innovación exclusiva de Baja California. Fueron muchos los estados que, a raíz de las reformas electorales de 2014, decidieron ajustar sus calendarios, para coincidir con los plazos federales cada tres años. Las nuevas fechas electorales las señalaron las autoridades locales con sobrada antelación, de tal manera que cuando las y los ciudadanos fueran a votar, sabían exactamente si elegían por 2, 3 o 5 años a sus gobernantes.

En Yucatán, como en otras cosas, nos anticipamos a la reforma constitucional de 2014. En 2006, el Congreso del estado realizó un ajuste para hacer coincidir la elección de gobernador(a) con la elección federal. Por eso Ivonne Ortega gobernó 5 años dos meses. A partir de 2012, tanto Rolando Zapata como Mauricio Vila fueron electos por seis años, en tanto que las autoridades municipales y del Congreso local lo fueron por tres años.

Esta “anticipación” yucateca tiene su propia historia, la cual resulta importante recordar. Durante la década de 1980 cundió la idea de que parte importante de los problemas que vivía el estado se debían al desfase entre el inicio de la administración federal y la estatal. Los candidatos (uso deliberadamente el género masculino) al gobierno de Yucatán eran “destapados” en vísperas de la “gran decisión” sobre la candidatura presidencial. En consecuencia —se sostenía en los corrillos locales—, quien resultaba postulado al Ejecutivo yucateco gozaba de la simpatía del presidente de la República que se iba y no necesariamente de quien habría de llegar.

Real o imaginada, esta situación llevó a generar un movimiento que, en 1987, pretendió realizar una modificación al calendario electoral —“prórroga”, se le llamó— para que Víctor Cervera, gobernador interino, prolongara su mandato por 18 meses. El Congreso local recibió la iniciativa de reforma constitucional y se inició el trabajo en comisiones para dictaminarla. Previa visita del presidente nacional del PRI, Jorge de la Vega, la respuesta política no tardó: desde Gobernación, el secretario Manuel Bartlett —amigo y, diría yo, admirador de Víctor Cervera—, intervino desautorizando totalmente cualquier pretensión de prolongar el mandato de quien era considerado por un amplio sector de la población yucateca como un excelente gobernante. Después de esa turbulencia, el proceso de postulación del candidato a la gubernatura continuó y la elección se celebró en noviembre de ese año. Víctor Manzanilla Schaffer fue electo por seis años.

Ahora sucedió en la otra península, Baja California, 32 años después. La historia parece repetirse con algunas graves variantes. Jaime Bonilla Valdés, empresario de medios de comunicación de la región, incursionó recientemente en la política bajacaliforniana, al amparo de su amistad beisbolística con Andrés Manuel López Obrador. Al gusto compartido por el “rey de los deportes” se suma la relación de su esposa con la cónyuge del presidente de la República; es decir, relación a prueba de kryptonita.

A instancias de López Obrador, Bonilla fue diputado federal por el Partido del Trabajo (2012-2015), después de haber renunciado a su ciudadanía estadounidense. Triunfador en la contienda al Senado en 2018, acompañó en la campaña a su amigo. Muy pronto solicitó licencia para asumir el cargo de súper-delegado en Baja California, antesala para la candidatura al gobierno estatal. Hasta aquí, nada fuera de lo común: el Presidente apoya a su amigo para ser postulado como gobernador.

El problema comenzó cuando los dos años del periodo de la gubernatura fueron considerados como insuficientes. ¿Quién le habrá dicho a Bonilla o al propio López Obrador que esta situación se podría modificar? Lo ignoro. Antes de la elección, impugnaron en los tribunales electorales, pero el Trife ratificó los 2 años a pesar de las presiones políticas sobre los magistrados.

El 2 de junio pasado las y los bajacalifornianos fueron a las urnas a elegir a su gobernador por dos años. Pero ambición y prepotencia son combinación peligrosa. La semana pasada, más de un mes después de la elección, el Congreso saliente de Baja California decidió ampliar el periodo a ¡cinco años¡, con argumentos banales como el costo de realizar la elección “tan pronto”.

Rumores aparte, que hablan de sumas millonarias para “aceitar” la voluntad de los legisladores, la reforma a la constitución local entraña una grave violación a la Constitución federal. ¿Será una especie de “globo sonda”, para conocer reacciones a la posible prolongación de otros mandatos por la vía del Congreso? ¿Habrá quien se crea que el candidato Bonilla se “fue por la libre” o, por el contrario, Baja California es solo un ensayo de una estrategia nacional?

A diferencia de Yucatán en 1987, en esta crisis la Secretaría de Gobernación y la secretaria Sánchez Cordero han estado ausentes, ni siquiera porque la relación con los estados es una de las pocas atribuciones que conservó la Segob en la nueva administración.

Confío en que regresen la razón y la prudencia política a MORENA y al gobierno de López Obrador en los asuntos de Baja California. No hay amistad que valga cuando se trata del orden constitucional y de respeto al estado de Derecho. Si la boleta dice “2”, eso será; si dice “6”, también. No hay de otra.— Mérida, Yucatán.