Reforma Educativa 2019. Los puntos y comas

Dulce María Sauri Riancho

“De la reforma educativa de 2013 no quedará ni una coma”, sentenció el líder de la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados.

El pasado 12 de diciembre, apenas había tomado posesión, el presidente López Obrador envió su iniciativa de reformas de los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución.

A partir de esa fecha, las comisiones de Puntos Constitucionales y de Educación de la Cámara de Diputados iniciaron un intenso trabajo para su estudio y dictamen. Esta tarea incluyó el Parlamento Abierto, por el cual fue posible conocer de viva voz la opinión de los distintos participantes en el proceso educativo: maestr@s, padres y madres de familia, expertos e investigadores, etc. La “línea” de la mayoría oficialista era muy clara: “ni una coma” debería subsistir.

El pasado 8 de mayo, en período extraordinario, la Cámara de Diputados aprobó finalmente las reformas constitucionales. Un día después, lo hizo el Senado. Poco quedó de la iniciativa presidencial del 12 de diciembre. “Entró chivo, salió caballo; tal vez no un pura sangre, pero caballo al fin”, es la mejor descripción del trabajo realizado durante más de cuatro meses.

Rescatamos de las tijeras presidenciales la autonomía de las universidades públicas, que había sido cercenada de la Constitución. Logramos mantener el mandato de educación de calidad, denominada ahora “de excelencia”, como obligación del Estado.

Se introdujo la educación inicial en la Constitución, lo que implica que niñas y niños menores de tres años tendrán oportunidad de recibirla bajo la normativa del gobierno. Se reforzó la propuesta presidencial de educación superior gratuita y obligatoria, para que no quedara sólo como una promesa de difícil cumplimiento.

Imagen: New York Post

Se enfatizó la estrategia de inclusión de las personas con alguna discapacidad en el sistema educativo, dejando la educación especial como una excepción, cuando se juzgue indispensable. Se destaca el papel de las normales en la formación de las y los docentes, entre otros aspectos.

Se mantuvo, sí, el proceso de evaluación para el ingreso, promoción y reconocimiento de maestras y maestros, a través de procedimientos de selección que estarán determinados en la ley respectiva. Para eliminar cualquier sombra de castigo —“evaluación punitiva”, la nombraron— se declaró abrogada la Ley del Servicio Profesional Docente, que en su artículo 53 establecía las sanciones en caso de reprobar los exámenes de permanencia.

Se afinaron los conceptos y compromisos sobre educación indígena, intercultural; se recuperó la enseñanza de las matemáticas y la lecto-escritura como aspectos esenciales del proceso educativo, entre otras valiosas aportaciones del trabajo realizado por las y los legisladores.

No todo fue ganancia. Es indispensable destacar aquellos aspectos que no se lograron introducir o preservar en la nueva reforma educativa. Me referiré a los tres que considero más relevantes.

Autonomía. Era constitucional para el órgano evaluador que le dio origen al Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE). La iniciativa de AMLO lo dejaba reducido a una mera oficina de la SEP, con escasa o nula capacidad para realizar su función de evaluación del sistema educativo en su conjunto. Logramos rescatarlo de la intrascendencia, y volverlo un organismo descentralizado no dependiente de la SEP.

Establecimos que su consejo directivo sea designado por el Senado, con mayoría de dos terceras partes, lo que obligará a negociar con las oposiciones. En forma novedosa, la propia Constitución enumera los requisitos técnicos y académicos que deberán reunir aquellas personas que aspiren a integrar los dos consejos (directivo y técnico) del órgano evaluador.

El presidente de la República no propondrá. Así se evitará el bochornoso espectáculo de recibir ternas integradas por personas honradas, pero ignorantes de la materia que quedaría bajo su responsabilidad.

Recursos económicos para hacer frente a los compromisos. No logramos garantizar el presupuesto a los estados para hacer frente a las nuevas obligaciones que la reforma constitucional les señala. Esta situación es crítica en el caso de la educación superior. Al hacerla obligatoria, las universidades y centros de educación superior de carácter público tendrían que aceptar a todos aquellos estudiantes que demanden su ingreso, independientemente de la capacidad institucional para recibirlos.

Para evitar el caos que conlleva esta decisión populista, se pudo establecer la gradualidad y la preservación de la autonomía para aplicar sus exámenes de admisión. Por otro lado, en un transitorio, el XV, se reforzó el mandato para crear un fondo de carácter federal en apoyo a las entidades federativas. Dejamos firmes, así, los cimientos de batallas venideras.

Evaluación del magisterio. Todos coincidimos en que queremos a las y los mejores maestros para la educación de nuestros hijos. Los mecanismos de ingreso, promoción y reconocimiento de las maestras y maestros se harán mediante procesos de selección. Desde luego que era mucho más contundente el término “concursos de oposición”, pero no fue posible concretarlo.

Se tiene temor justificado de que, en las leyes secundarias, las que norman la aplicación del mandato constitucional, esas que pueden aprobar por sí misma la mayoría de Morena, se permita recrear el tráfico de plazas, su venta o transmisión por herencia. Otro frente que quedó abierto y que habremos de atender al aprobarse las leyes secundarias.

El ciclo escolar 2019-2020 se desarrollará con un nuevo marco constitucional. Si calificamos de “evolución” la reforma realizada, llegaremos a la conclusión de que eliminó vicios y carencias y recuperó avances de los anteriores esfuerzos para dotar a la niñez y a la juventud de la mejor educación para el siglo XXI. Puntos y comas aparte, es un logro que el encono político no puede oscurecer.— Mérida, Yucatán.