Zonas Económicas Especiales. Sur-Sureste a la zaga

Dulce María Sauri Riancho

Corren rumores sobre la cancelación del proyecto de las zonas económicas especiales (ZEE) en esta nueva administración. Son ocho, una de ellas ubicada en la cercanía del puerto de Progreso. Todas las ZEE contempladas tienen en común su ubicación en el sur-sureste de México. Concebidas como parte de una política de reducción de las desigualdades regionales, ameritaron más de dos años de intensos trabajos para finalmente lograr la expedición de su Ley respectiva (Ley Federal de las Zonas Económicas Especiales) a mediados de 2016 y los decretos de declaratoria de las mismas, así como los estímulos fiscales que atraerían la instalación de industrias nuevas de acuerdo con su vocación.

Tras la iniciativa de las ZEE había una concepción acerca del desarrollo de la zona más rezagada del país en función de los indicadores del bienestar: menor ingreso, menor esperanza de vida, mayor pobreza. Se consideró que solo a través de una política de incorporación a la dinámica económica mostrada en el centro y norte de México se podrían reducir las brechas de desigualdad regional. Esto implicaba una transformación de los motores del crecimiento, al pasar de una economía fincada en el sector agropecuario y de actividades de autoconsumo, como sucede en una parte importante del sur-sureste, hacia la industria de transformación y el desarrollo de los servicios para darles sustento. El actual gobierno federal ha tomado la determinación de regresar a la región sur-sureste del país a las décadas de 1950 y 1960. Esos fueron los años de ampliación de la frontera agrícola, de los desmontes en las entonces selvas altas de la región para sembrar pastos e introducir ganado bovino. Fue el tiempo de la colonización de territorios escasamente poblados en el sur de Quintana Roo y de Campeche, incluyendo las riberas del río Hondo y de la selva de Calakmul. Los recursos y las posibilidades energéticas de la región sirvieron al desarrollo nacional. El sur proporcionó petróleo —como en Tabasco y Campeche— y electricidad a través de las plantas hidráulicas en sus grandes presas, como en Chiapas. Quintana Roo albergó el más exitoso proyecto de desarrollo turístico del país, que transformó el norte de la entidad. Y Yucatán, con un enorme esfuerzo social, logró liberarse del monocultivo henequenero y poner las bases de su diversificación económica. A más de 50 años de esa estrategia, no cabe duda de que en términos de la modernización nacional el sur-sureste de México se encuentra aún en último lugar.

El proyecto de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) busca crear o reforzar actividades asociadas a la participación de México en los mercados globales. Forma parte de una estrategia para dejar atrás la mera supervivencia de su población a través de los subsidios gubernamentales, nunca suficientes para generar un verdadero desarrollo sustentable. No es remedio único, pero puede mostrar un nuevo camino para la dinamización económica de la región. Sin embargo, tal parece que esta puerta hacia nuevas sendas del desarrollo en el sur-sureste de México se cerró al concluir la pasada administración federal. El nuevo gobierno tiene otra visión, muy lejana al desarrollo de la segunda década del siglo XXI y al fenómeno de la globalización. Hasta la fecha, ha mostrado que sus principales instrumentos de política pública están representados por el programa “Sembrando Vida”, mediante el cual se pretende reforestar alrededor de un millón de hectáreas con árboles frutales y maderables.

El juego favorito de la actual administración es el “suma cero” (uno gana, otro pierde), lo que significa que las políticas de desarrollo industrial, incluyendo desde luego a las ZEE, tendrán que ser eliminadas para ser sustituidas por el reforzamiento de las acciones a favor del autoconsumo campesino. El mismo proyecto del Tren Maya enfatiza esa visión, en este caso, decimonónica. En el siglo XIX, la introducción del ferrocarril significaba progreso y civilización. Comunicaba lugares distantes e inaccesibles, transportaba mercancía a los mercados y trasladaba a las personas. En el siglo XXI, el ferrocarril permite menores costos para la carga, oportunidades de instalación de plantas industriales en lugares relativamente lejanos de los centros de producción de materia prima o de logística para unir océanos, como en el proyecto Transístmico. En pocos casos, como en el ferrocarril Chihuahua-Pacífico, es un atractivo turístico per se. Y contra cualquier lógica, la propuesta del Tren Maya es que sea un ferrocarril turístico.

Meses atrás alerté en estas páginas del riesgo que significaba “drenar” las inversiones destinadas a la ampliación del puerto de altura de Progreso o al aumento del abasto de gas natural en Yucatán; por ejemplo, para canalizarlas al proyecto del Tren Maya. La cancelación de las ZEE sería una regresión en las políticas gubernamentales para reducir la desigualdad regional. En el caso de Yucatán, la cancelación de la ZEE de Progreso causaría, si cabe, un daño mayor. Es la única de las ocho con una vocación hacia la industria 4.0: inteligencia artificial, robótica, sistemas de grandes datos, etcétera. Desde la perspectiva de los engorrosos trámites burocráticos, es la más avanzada: sólo resta sacar a concurso la administración general de la Zona. El “sacrificio fiscal” (cuánto deja de percibir el gobierno por los incentivos fiscales) es mucho menor porque las tasas son más reducidas que en las otras siete. Aspirar al desarrollo armónico no es una utopía. En términos de la región sur-sureste significa la convivencia entre la tradición y la modernidad, mediante políticas sustentables. Todos podríamos caber, si el gobierno cambia su juego hacia “ganar-ganar”.— Mérida, Yucatán.