Anticipar salidas. Revocación, derecho ciudadano

Dulce María Sauri Riancho

No es primera vez que se legisla sobre revocación de mandato. De hecho, la Constitución yucateca tuvo durante muchos años esta figura como una posibilidad de concluir anticipadamente la gestión del gobernador o gobernadora. Terminar con un mal gobierno antes del plazo es una tentación presente en la ciudadanía. En México, además de la revocación del mandato, contamos con otras figuras legales para prescindir de un mal gobernante, como el juicio político, aunque hasta la fecha no se ha instaurado procedimiento alguno para la destitución presidencial.

Si exploramos en el arcón de la memoria, encontraremos que la mayoría de los presidentes de la república gozaron de una razonable popularidad hasta casi el final de su mandato. Por ejemplo, si en las elecciones intermedias se hubiese preguntado si José López Portillo se quedaba en la presidencia o se iba (1979); o si Carlos Salinas de Gortari concluía anticipadamente su gestión (1991); o Vicente Fox (2003), o Enrique Peña Nieto (2015) debieran ser destituidos, la respuesta en todos los casos hubiese sido un No mayoritario. Es que a mitad del periodo, con muy pocas excepciones, se alcanza el cenit del poder presidencial.

Vale la pena recordar la excepción que se presentó en la primera parte del mandato de Ernesto Zedillo, cuando azotó al país la más grave crisis económica de la etapa moderna. Entonces, se rumoraba que el sexenio concluiría antes de su primer año. Las malas percepciones ciudadanas sobre el gobierno se vieron reflejadas en las urnas. En 1997 fue la primera ocasión en que el PRI perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, abriendo el paso a una nueva etapa de la democracia mexicana.

En el pasado, ¿hubiese servido la figura de revocación del mandato? En todos los casos presentados, salvo la excepción zedillista, no creo equivocarme al decir que hubiese ganado el Sí a la permanencia del presidente de la república hasta la conclusión de su mandato. En ese sentido, hubiese sido un ejercicio poco útil, por decir lo menos, más bien hubiese contribuido a concentrar aún más el poder presidencial. Sólo en el caso del presidente Zedillo los resultados tal vez hubiesen sido distintos. En términos de “premio o castigo”, los resultados de las elecciones intermedias han sido el mejor termómetro para medir la aprobación ciudadana al gobierno. Salvo Fox y Calderón (los dos presidentes panistas) los demás lograron mayoría para su partido en los comicios de mitad de mandato. Eso no implicó de manera alguna que ese apoyo popular se mantuviera hasta el final. Baste recordar 1982 para López Portillo, con la estatización de la banca y el control de cambios; o el último año de gobierno del presidente Peña Nieto.

En los regímenes parlamentarios, como en el Reino Unido o España, cuando un sector de la ciudadanía está inconforme con las acciones del gobierno, exige a sus representantes (Cámara de los Comunes o Congreso de los Diputados) que lo remueva anticipadamente. El primer paso consiste en promover lo que se denomina “voto de censura”. Si la oposición se impone y cae el gobierno, se convoca a elecciones anticipadas. Eso no sucede en el caso de los sistemas presidenciales, como el mexicano.

El gobierno de la 4T impulsa como novedad la revocación del mandato al presidente de la república y a los gobernadores. Bajo la tesis impecable de “el pueblo da, el pueblo quita” se ocultan las verdaderas intenciones de concentración de poder en la figura de Andrés Manuel López Obrador. Lo que menos importa es el derecho ciudadano a deshacerse anticipadamente de los malos gobernantes. Por el contrario, lo que sus antecesores en la presidencia de la república vivieron a través de los resultados de las elecciones intermedias, ahora López Obrador pretende hacerlo explícito y directo sobre su persona y su mandato.

Vamos a suponer, amig@s lectores, que soy una exagerada, opositora mal pensada de una medida que beneficiará a la ciudadanía, que dispondría de más poder para enfrentarse a los posibles excesos del gobierno. En ese caso, justo en ella, en las y los ciudadanos que la componen, deberá estar el derecho de activar el mecanismo de revocación de mandato. No en el gobierno, no en el presidente de la república o el Congreso, sino en aquellos grupos de la sociedad que quieran que el presidente se vaya antes de que haga más daño. Como se trata de una medida de excepción, tendrían que demostrar que cuentan con el apoyo de determinado porcentaje del electorado –uno o dos por ciento-, validado por el Instituto Nacional Electoral, de manera que pueda activarse el mecanismo de consulta. El mero hecho de solicitar el inicio del procedimiento ya sería una especie de censura al gobierno porque un sector, así fuera minoritario, de la sociedad quiere que se vaya antes de agotar su período.

La mayoría morenista votó en la Cámara de Diputados por el refrendo presidencial a mitad del periodo. Hizo caso omiso de las voces de alerta por la coincidencia con las fechas electorales, lo que abriría la Caja de Pandora de la reelección. Se decidió concentrar el poder en el gobierno, en vez de otorgárselo a la ciudadanía. Ya pasó la minuta al Senado, donde será objeto de una cuidadosa revisión. Esperamos que el diálogo y la negociación política en la Cámara Alta enmienden la plana a la colegisladora, tal como sucedió en el complicado tema de la Guardia Nacional. Revocación de mandato, derecho de la ciudadanía, no atribución del gobierno.— Mérida, Yucatán.