Yucatán diferente. Guardia Nacional y “huachicol”
Dulce María Sauri Riancho
Van 108
días del gobierno de Mauricio Vila. El foro convocado por el Diario de Yucatán
da cuenta cabal de sus principales logros y pendientes. No abundaré en los
buenos y críticos argumentos esgrimidos por los participantes. Pero destacaré
la ausencia de dos temas con impacto general que, afortunadamente, no sufre
Yucatán. Me refiero a la violencia y al desabasto de gasolina. Ambos forman
parte de la agenda nacional de estos agitados días. Me siento en la necesidad
de compartir con ustedes algunas reflexiones de lo que sucede en otras
latitudes del país, pero cuya resolución tendrá consecuencias en nuestra
tierra.
Hoy
miércoles comienza un periodo extraordinario en la Cámara de Diputados para
discutir la reforma constitucional que puede dar origen a una nueva
institución: la Guardia Nacional. Se trata de formar “un cuerpo armado
permanente, con adscripción civil y entrenamiento policial. Con estructura y
disciplina militar y mando mixto” (Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y
Protección Ciudadana, viernes 11 de enero 2019). La iniciativa del presidente
López Obrador, recogida por Morena, implica crear una fuerza con tres grupos
actualmente existentes: la policía militar, la policía naval y la Policía
Federal (pongo deliberadamente las mayúsculas pues tiene su propia ley orgánica
y estructura, a diferencia de las dos primeras que dependen de las secretarías
de la Defensa Nacional y de la Armada, respectivamente). Tendrían a su cargo la
respuesta a la actuación del crimen organizado, llámese narcotráfico, “huachicoleo”,
secuestro, etcétera, así como otros delitos de carácter federal.
Actualmente,
el esfuerzo central de combate a las bandas criminales descansa sobre el
Ejército y la Marina. Extensas regiones del país no podrían sobrevivir a la
delincuencia sin la presencia de las fuerzas armadas. Pero su actuación carece
de sustento legal, pues ellas sólo pueden actuar en defensa del territorio
nacional frente a una amenaza externa. No son policías ni tienen mandato
constitucional de garantizar la seguridad pública. En 2017 se trató de poner
fin a esta irregular situación, cuando el Congreso aprobó una ley de Seguridad
Interior. Pero fue controvertida por varios estados y municipios, así como por
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y grupos parlamentarios de las
Cámaras de Diputados y Senadores, que interpusieron acciones de
inconstitucionalidad. La Suprema Corte de Justicia les dio la razón a los
impugnantes y esta ley fue anulada hace algunas semanas, antes de finalizar el
gobierno anterior.
La
nueva administración decidió que si la Constitución era el problema, había que
modificarla, de tal manera que no causara inconvenientes para la actuación
legal de las fuerzas armadas. Así nació la reforma constitucional que está a
debate. Sólo que la iniciativa tenía un “pequeño” inconveniente: otorgaba el
mando de la misma a los militares. En consecuencia, comenzó a denunciarse la
posible “militarización” del país, ya que el nuevo cuerpo y sus más de 100,000
efectivos estarían subordinados a la secretaría de la Defensa Nacional. El
viernes pasado, el Ejecutivo federal reculó. Receptivo a las denuncias de la
sociedad civil, de legisladores opositores e incluso de la propia coalición
gobernante, anunció el mando civil de la nueva institución. Pero aún no es suficiente,
pues el reclutamiento, la formación, la estrategia operativa y de movilización
estará a cargo de la Sedena. Más aún: todos los efectivos de la Guardia
Nacional pertenecerán al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas
(Isstefam), no al Issste, como l@s servidores públicos. Hoy habremos de
intentar resolver esa contradicción, la más visible de varias que todavía
permanecen pendientes de arreglo.
El otro
tema distante de estas tierras es el desabasto de gasolinas producto del
combate al robo de combustibles. El “huachicoleo” domina el territorio por el
que pasan los ductos de Pemex hacia las estaciones de almacenamiento y
distribución de combustibles.
Aún
aquí, terreno liso y llano, se han detectado tomas clandestinas en los poco más
de 30 kilómetros entre Progreso y Mérida. El remedio gubernamental fue cerrar
los ductos, que dejara de fluir combustible hacia los grandes centros de
consumo.
La
mayoría de las gasolinas provienen de los buques tanque que lo traen del
extranjero.
Al no
bombear combustible, se llenaron los depósitos y los barcos ya no pudieron
descargar. Y las seis refinerías del país enfrentan problemas de abastecimiento
de petróleo crudo ligero para mezclar con el pesado, que por cierto, se le
conoce como “Maya”. Si sabemos que tres cuartas partes de las gasolinas vienen
de fuera de México; si las refinerías producen el 25% restante, ¿por qué no se
tomaron previsiones antes de cerrar la llave? Tal vez debieran haber aprendido
de la experiencia de organización social cuando se cerraron las válvulas de
abastecimiento de agua en el Valle de México para darle mantenimiento al
Sistema Cutzamala. Es cierto que fracasó la sustitución de la tubería, pero las
casi dos semanas de falta de agua se sobrellevaron con almacenamiento previo, distribución
ordenada en las colonias populares de Ciudad de México y el uso cuidadoso del
vital líquido por parte de la ciudadanía.
Que
haya Guardia Nacional o no aparentemente poco importa a Yucatán. No es así. Si
continúa el menosprecio por la formación y fortalecimiento de las policías
estatales y municipales; si se escatiman los recursos para los programas de
prevención e investigación, ni el comandante Saidén resistirá la arremetida de
la delincuencia. Por eso, más nos vale ponernos a trabajar para garantizar la
preservación del clima de tranquilidad que prevalece en nuestro estado.