Reducir la brecha. Justicia para el Sur-Sureste

Dulce María Sauri Riancho

Pensando en Yucatán y en nuestro desarrollo, hace unos días presenté una iniciativa de reforma a diversas leyes en materia fiscal. Se trata de evitar que se profundice la enorme desigualdad que existe entre regiones del país. Es también una denuncia sobre el distinto trato que el nuevo gobierno pretende otorgar al norte próspero y al sur-sureste rezagado. Éstos fueron mis argumentos.

Regiones desiguales. La desigualdad es el principal problema que azota a México. Su rostro más cruel está representado por la situación de pobreza y vulnerabilidad en la que vive casi la mitad del pueblo mexicano. La desigualdad social tiene múltiples manifestaciones. Uno de los rasgos más relevantes de la desigualdad es la que se da entre regiones del país. Abarca numerosos aspectos de la vida económica y social de los diversos estados.

Varias entidades del país han logrado tasas de crecimiento sostenido semejantes al mejor desempeño de los países asiáticos, en tanto que otras regiones presentan serios rezagos en materia de infraestructura, producción y como consecuencia, de oportunidades laborales para la mayoría. El federalismo fiscal ha permitido compensar en parte la menor capacidad de las regiones más atrasadas, que reciben más de lo que recaudan. Sus haciendas públicas son más débiles y sus autoridades carecen de suficientes recursos para responder a las legítimas demandas de la ciudadanía. A lo largo de medio siglo, se han aplicado diversos programas tendientes a promover el desarrollo regional. Destacan la Comisión del Balsas, el Programa de la Región Sur-Sureste, el Plan Puebla-Panamá, y recientemente, las zonas económicas especiales (ZEE). Algunos de estos programas resultaron un fracaso, otros, aún no rinden los frutos esperados. La tabla de la pobreza ha registrado, desgraciadamente, poco movimiento ascendente. A pesar de su disminución en términos relativos, incluso absolutos, siguen Chiapas, Oaxaca y Guerrero como las entidades con menores índices de desarrollo del país, muy lejos de las otras regiones de México, en especial del norte y del Bajío.

Por lo que concierne al programa de las ZEE, éste pretende estimular el dinamismo económico a través de estímulos fiscales a las empresas para instalarse en zonas determinadas, ubicadas en las entidades federativas con mayor incidencia en pobreza, de acuerdo con la información del Coneval. De esta manera se podrán generar en zonas depauperadas empleos de calidad y activar en ellas el desarrollo industrial y de servicios. No cabe duda: el desarrollo justo y armónico que requiere México pasa por cerrar la brecha entre regiones del país.

Compromiso presidencial. En su discurso de toma de posesión ante el Congreso general, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció lo siguiente:

“… desde el primero de enero próximo entrará en vigor la zona libre a lo largo de los 3,180 kilómetros de frontera con Estados Unidos. Esta franja de 25 kilómetros de ancho se convertirá en la zona libre más grande del mundo. Allí se cobrará lo mismo de impuestos y costarán igual los energéticos que en California, en Arizona, Nuevo México y Texas, de la Unión Americana. En otras palabras, en esta franja se reducirá el IVA del 16 al 8%. El impuesto sobre la renta bajará al 20%. La gasolina, el gas y la electricidad costarán menos que en el resto del país y se aumentará al doble el salario mínimo”.

La aplicación de este programa significa que una franja de una de las regiones del país con mayor dinamismo económico, como es la frontera norte de México, recibirá un tratamiento preferente en materia de impuestos, tarifas y precios de servicios. Allá sí bajarán los precios de la gasolina, el gas y la electricidad, tanto doméstica como de uso industrial. Bueno por las ciudades de los seis estados que tienen colindancia geográfica con Estados Unidos; malo, para el resto del país, para las y los mexicanos que vivimos a más de 25 kilómetros de la línea. Peor, para los estados más rezagados de México, que verían cómo la brecha entre regiones no se cierra, sino se amplía considerablemente.

Peligrosa diferencia. No podemos ignorar que una zona especial en la frontera norte en estas condiciones y con estos estímulos fiscales, de tarifas y en los precios de combustibles, sería un contrasentido de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, anularía sus efectos benéficos y representaría un retroceso para el desarrollo regional con igualdad de oportunidades en el país.

Pero esto puede cambiar, si consideramos que las medidas anunciadas por el presidente de la República para la zona especial de la frontera norte se apliquen de igual manera en los estados más rezagados.

Justa solución. La iniciativa que presenté la semana pasada, propone que las entidades federativas con zonas económicas especiales, las más pobres y rezagadas del país, cuenten con los mismos incentivos fiscales y de precios a los energéticos, que la franja de 25 kilómetros de la frontera norte. Que Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Campeche, Yucatán, Tabasco y Veracruz sean territorios donde se establezca la tasa del 8% de IVA, en vez de 16%; que se pague sólo el 20% de Impuesto sobre la Renta; que la gasolina cueste la mitad, por la eliminación del impuesto sobre producción y servicios; que lo mismo pase con la electricidad y, desde luego, con los salarios mínimos al doble para las y los trabajadores de esos estados. El “sacrificio” recaudatorio será sensiblemente menor al impacto de estos estímulos en la frontera norte. Aumentar el crecimiento económico de estas entidades rezagadas, podría acelerar su salida de la pobreza y marginación ancestral que han padecido.

Es de justicia social, es revolucionario y digno de ser apoyado por el nuevo gobierno. Ojalá así lo entiendan todas las fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados.— Mérida, Yucatán.