Reforma educativa. Ortografía de la democracia

Dulce María Sauri Riancho

“No quedará ni una sola coma de la Reforma Educativa”. Esta categórica expresión del coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados rubricó la aprobación de un punto de acuerdo en que se demandaba al Ejecutivo federal la cancelación de las evaluaciones a l@s maestr@s programadas para aplicarse los próximos meses. Ya sabemos, porque se ha repetido hasta el cansancio, que todo lo avanzado en el terreno educativo será desechado por la nueva administración. Pero todavía ignoramos con qué será sustituido. A la fecha todavía no se envían las iniciativas de ley que tendrían que promoverse para efectivamente cancelar la primera “reforma estructural” promovida por el Pacto por México y por el gobierno que se va. Pero ¿qué es la todavía vigente “reforma educativa”? Daremos algunas pistas para recordar lo que supuestamente desaparecerá de la faz de la Tierra en los próximos meses.

El primer gran cambio fue la reforma al artículo 3o. constitucional para que el Estado recuperara la rectoría sobre el sistema educativo nacional. Se consideró por las distintas fuerzas políticas, incluyendo al PRD y al PAN, que la “federalización” iniciada en 1992 se había extraviado en los pantanosos terrenos de las administraciones estatales. No voy a reiterar los sobradamente conocidos problemas del sistema educativo nacional: cobertura, calidad y capacidades de sus egresados, condiciones laborales de sus maestr@s, mala situación de la infraestructura escolar, entre los más destacados. Por eso no es de extrañar que los otros dos propósitos de la modificación de este artículo de la Ley Suprema de la república fueron la mejoría de la calidad educativa y el establecimiento de la evaluación docente como única vía para el ingreso y la promoción del magisterio en todo el país.

Como en toda reforma constitucional, su aplicación requirió de leyes que la reglamentaran y “aterrizaran”. Con tal propósito, se realizaron reformas a la Ley General de Educación y se elaboraron dos nuevas piezas legislativas: la Ley del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) y la Ley General del Servicio Profesional Docente (SPD). Una vez modificado el marco jurídico, se procedió a integrar el órgano evaluador (INEE) y a desarrollar los componentes del Nuevo Modelo Educativo, cuya aplicación acaba de iniciar en el curso escolar 2018-2019. Entre tantos acontecimientos, se olvida que por vez primera se realizó el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica (Cemabe), en 2013. Nadie sabía a ciencia cierta cuántos planteles existían, cuántas plazas magisteriales y dónde estaban ubicadas. También se ignoraba la situación real de la infraestructura escolar. Otro efecto inmediato fue la creación del Fondo Nacional de Educación, que en los hechos permitió una sola negociación salarial con los sindicatos magisteriales, en vez de que cada gobierno estatal enfrentase esta compleja tarea librado a sus propios recursos.

La evaluación como método para el ingreso, permanencia y promoción del magisterio fue el punto más controvertido de la reforma educativa que está por extinguirse. Antes de ella, sólo las y los egresados de las escuelas normales podían aspirar a obtener una plaza magisterial. A raíz de la reforma, toda persona egresada de licenciaturas de instituciones de educación superior, públicas o privadas, puede participar en los concursos de ingreso. Uno de cada cuatro participantes logra la calificación suficiente para formar parte del sistema de educación básica nacional. Nadie se ha atrevido a cuestionar la apertura para seleccionar a las y los mejores, en vez de los recomendados, las “herencias” y las “ventas” de plazas tan comunes en el pasado. Sin embargo, el problema central y el núcleo de resistencia del magisterio se localiza en los mecanismos de evaluación que se han aplicado a quienes ya forman parte del sistema educativo. Maestras y maestros con larga experiencia se sienten minimizados en sus conocimientos cuando tienen que resolver estas pruebas en las que no sólo se pone en entredicho su prestigio profesional, sino también sus ingresos. A diferencia del pasado, cuando la carrera magisterial permitía contar con una cantidad fija que se integraba a su salario en forma automática, ahora todo depende de la calificación obtenida.

Supongo que el sistema de evaluación educativa será el primero en pasar al panteón burocrático. ¿Será sustituido por algún otro mecanismo o regresaremos al toma y daca político y económico sobre las plazas magisteriales? ¿Se cerrarán las puertas para los no egresados de las escuelas normales? ¿Se abandonará la idea de evaluar periódicamente al magisterio? En las próximas semanas lo sabremos, una vez que las iniciativas lleguen al Congreso de la Unión. Cuando esto ocurra, es posible que la mayoría absoluta de Morena —en las dos cámaras— se encargue de que no se les cambie “ni una coma”. Una probadita de esta posición la tuvimos en el debate de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos del jueves pasado, en que imperó la actitud de no tocar la minuta ni con el pétalo de una coma.

La ortografía democrática demanda analizar y debatir los asuntos en las cámaras de Diputados y de Senadores con el fin de mejorar las leyes que emitan. En los tiempos de la democracia, muy pocas piezas legislativas salen sin modificaciones, procedan del Ejecutivo o del propio Legislativo. Es la esencia del trabajo parlamentario. Tener una mayoría enemiga de cambiar puntos, comas o lo que sea necesario no augura más que errores que habrán de revertirse sobre la ciudadanía. Ojalá que ellas y ellos, la mayoría, se vuelvan amigos de los signos de puntuación en esta etapa del proceso democrático mexicano.— Mérida, Yucatán.