Reforma electoral 2019: menos dinero a los partidos.

Dulce María Sauri Riancho

Desde 1977, cada inicio de sexenio es acompañado por una reforma electoral de gran magnitud. La excepción fue 2000, cuando por primera vez el PRI perdió la presidencia de la república. Perdido el encanto de la transición, volvió la dinámica de corregir errores y vicios, reales o supuestos, acontecidos en el proceso inmediato anterior. Así lo hicieron las reformas de 2007 y de 2014. En la primera, fue renovada la totalidad del Consejo General del IFE, el que había organizado la cuestionada elección de 2006; y en la segunda, se dio respuesta a los reclamos de los partidos opositores al PRI, especialmente el PAN, que pugnaron por el control nacional de los procesos electorales a través del Instituto Nacional Electoral, con facultades para intervenir en todas las elecciones, incluyendo las locales. Así, en 2014 se renovó casi la totalidad del Consejo General del INE y se crearon los organismos locales electorales (OPLE), como una especie de delegación estatal del propio INE.

Ahora, el partido ganador en la reciente elección, Morena, presentó ante la Comisión Permanente del Congreso una iniciativa de reforma a la Constitución para reducir a la mitad el financiamiento a los partidos políticos. Nadie se opone a esta disminución. Cabe recordar que esta misma propuesta la hizo recientemente nuestro paisano Jorge Carlos Ramírez, pero fue combatida ferozmente por quienes ahora la presentan desde su privilegiada posición de triunfadores.

Pese al ruido que levanta tal propuesta, no es esa la cuestión medular que hay que atender. Permítanme decirlo con claridad: bajar el financiamiento público a los partidos políticos contribuye poco a resolver el principal problema, que es el desmedido costo de las elecciones y de la política en México. Demos un vistazo al presupuesto del INE para 2018.

El Instituto Nacional Electoral recibe este año un total de 24 mil millones de pesos en números redondos (24,215.4 millones de pesos). De esta cantidad, 6,800 millones están destinados a los siete partidos con registro; es decir, el 28%. El otro 72%, siete de cada 10 pesos, es utilizado por el propio INE para sus gastos, entre los cuales destaca el Registro Federal Electoral. Además, a estas cantidades habría que sumarle el presupuesto que reciben los institutos electorales locales procedentes del presupuesto de cada estado, que no fue menor a 10,000 millones de pesos en este año electoral. Estamos hablando de casi 35,000 millones de pesos destinados a la organización de las elecciones. A esa cifra, habrá que agregarle los recursos presupuestales para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en sus cinco salas regionales y especializada, así como para los tribunales electorales de los estados, y las correspondientes prerrogativas locales a los partidos.

Se dice, con razón, que las costosas estructuras electorales representan la magnitud de la desconfianza histórica de l@s mexican@s en la limpieza de las elecciones. Veintidós años después de su aprobación en 1996, tal parece que llegó la hora de replantear al sistema en su conjunto. Ya observamos que las fases de precampaña (o campaña en el interior de los partidos políticos), intercampaña (o etapa del silencio) y campaña, aparentemente reducida a “sólo” tres meses, no significaron más que burlar las normas y desacreditar a las instituciones encargadas de fiscalizar su cumplimiento. Hubo dos candidatos —López Obrador y Anaya— que, desempeñándose como presidentes de sus partidos, tuvieron acceso a una plataforma de promoción personal. A la vez, funcionari@s públicos, especialmente en los estados, se beneficiaron de una normatividad muy laxa en materia de utilización de recursos públicos para promover su imagen. Queda clara la agenda hacia la reforma electoral de 2019: estructuras institucionales más ligeras, campañas más breves; prohibición real de uso de recursos públicos para la promoción personal. También habría que hincar el diente en el Registro Federal de Electores, haciendo lo necesario para que se vuelva un Instituto Nacional de Identidad Ciudadana, que para eso nos sirve la credencial para votar con fotografía.

Otra cuestión que hay que revisar con cuidado es la tendencia a sustituir los recursos públicos asignados a los partidos por financiamiento privado, eliminando requisitos y controles, dando luz verde para que los intereses de particulares y empresas se apoderen de los representantes populares, a la manera estadounidense. No hay que olvidar que el financiamiento irregular de una campaña es la entrada más segura a las prácticas corruptas, única manera de “compensar” a quienes invirtieron en un proyecto político. Actualmente se requiere mucho dinero para “posicionarse” con miras a lograr ser detectad@ en la encuesta que supuestamente define las candidaturas. Que cuesten menos los partidos, que cuesten menos las elecciones, pero también es indispensable plantear que se abata el dinero en la política. Las prácticas desarrolladas en las últimas décadas poco ayudan a este propósito.

El año 2019 es buen momento para replantear el camino electoral del país. Será también ocasión de volver sobre un tema que ha permanecido temporalmente silenciado por el abrumador 53% de votos que obtuvo López Obrador. Me refiero a la segunda vuelta en la elección presidencial. Seis años pasan en un abrir y cerrar de ojos. Nada dice que lo que fue ahora, lo será en el próximo sexenio. Aprovechemos la ocasión para legislar sin prisas ni presiones, teniendo sólo en cuenta un mejor futuro para México.— Mérida, Yucatán.