Iniciativa ciudadana. Una vida libre de corrupción
Dulce María Sauri Riancho
El
martes de la semana pasada asistí como una de las personas invitadas por el
Centro Empresarial de Mérida (Coparmex) a la presentación de una iniciativa de
ley para combatir la corrupción. Una especie de resignada curiosidad guió mis
pasos, más cuando el expositor era Juan Pardinas, de quien admiro su sencillez
y contundencia en la exposición de complicados asuntos de naturaleza económica,
como los que aborda el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco). Sólo
que en esta ocasión no se trataba de un estudio que permitiera conocer la
situación de Yucatán o de Mérida en los rankings nacionales de competitividad,
sino de una propuesta para impulsar una iniciativa de ley. Su singularidad
descansa en que no son diputados o senadores, ni miembros de un partido quienes
la promueven, sino ciudadanos que utilizan por primera vez un mecanismo
instaurado en la Constitución de la república cuando se reformó en 2013: la
figura de “iniciativa ciudadana”, que faculta a un grupo de personas “de a pie”
a reunirse para formular la propuesta y movilizarse para lograr las firmas
necesarias para que pueda ser admitida a discusión y análisis en el Congreso de
la Unión.
La
iniciativa “3 de 3” fue bautizada con ese nombre porque busca hacer
obligatorias tres cosas: una, la entrega de la declaración patrimonial; dos, la
declaración de intereses, donde el servidor público enumere familiares, amigos
cercanos o compadres, con quienes puede acordar beneficios mutuos con cargo al
erario; y tres, la certificación de haber cumplido la declaración ante el
Servicio de Administración Tributaria (SAT), es decir, de haber pagado
impuestos. En la galería de transgresiones vinculadas a la corrupción, Pardinas
citó 10: soborno; peculado o desvío de fondos; tráfico de influencias; abuso de
funciones; enriquecimiento oculto; obstrucción de la justicia; colusión; uso
ilegal de información confidencial; nepotismo; conspiración para cometer actos
de corrupción.
¿Por
qué un grupo de profesionales, principalmente jóvenes abogados, de diferentes
instituciones académicas y privadas se están tomando tan a fondo el compromiso
de lograr la aprobación de una Ley General de Responsabilidades Administrativas
que prevenga y combata la corrupción? La primera respuesta que me viene a la
mente tiene que ver con la esperanza de que las cosas que nos duelen como país
y como sociedad pueden cambiar. Que no se trata simplemente de esperar que
suceda mágicamente, sino que puede haber caminos para lograrlo, con el
convencimiento y la participación de cada una de las personas que están
inconformes, quienes, por cierto, son muchas. No se limitan a pedir, exigir a
los legisladores que cumplan el compromiso de la reforma constitucional para
desarrollar las dos leyes generales y un buen número de leyes federales y de
los estados que permitan establecer el sistema nacional anticorrupción. Porque
hay la preocupación de que ese gigantesco esfuerzo de introducir en la Carta Magna
las disposiciones correspondientes pueda volver a terminar en una gran
frustración, cuando la llamada legislación secundaria sea inoperante o, peor
aún, se dedique a encontrar subterfugios para evadir el compromiso.
Cuando
se trata de combate a la corrupción hay dos tipos de respuestas: aquellas
personas que consideran que es un fenómeno tan grande y generalizado, que es
imposible erradicarlo porque forma parte del entramado social. Otros más
piensan que ni siquiera vale la pena intentarlo, frente a las múltiples formas
que existen de evadir cualquier medida, por modesta que sea, para cortarle el
tronco a la hidra de mil cabezas. Sobre el conformismo: ¡cuántas cosas hubieran
permanecido si no hubiese habido una mujer valiente como Rosa Parks en Montgomery,
cuando se negó a cambiarse al fondo del autobús, lugar reservado a la población
“de color”! La discriminación, su sustento ideológico y económico, parecían
sólidos e inconmovibles en Sudáfrica, hasta que Nelson Mandela removió las
conciencias y movilizó voluntades para vencer al apartheid. ¡Claro que la
cultura puede cambiar! Si algún grupo social lo sabe en México somos las
mujeres, que en los últimos cien años hemos logrado remover obstáculos para el
ejercicio de los derechos que nos corresponden como personas. Que no están sólo
en la ley, sino en las costumbres, también es cierto. Pero estoy convencida de
que si las leyes no hubieran cambiado, difícilmente hubiéramos tenido sostén
para luchar contra las costumbres que discriminaban a las mujeres y a las niñas
en razón de su género.
Por eso
aliento esperanza de cambios en cuanto a lograr una vida libre de corrupción
para la sociedad mexicana. No es sólo un asunto ético o un imperativo moral. Se
trata también de competencia económica, de costos de producción, de certidumbre
que permite planear inversión y utilizar mejor los recursos. La apropiación
individual de lo que es de todos tiene un costo monetario para el conjunto
social. Incluso, se habla de cantidades multimillonarias que en vez de llegar a
los bolsillos de la gente vía mejores precios de los productos y salarios más
elevados, se van a residencias, aviones, yates y otros bienes que se adquieren
con un dinero que llegó rápido y fácil y que por eso se despilfarra con
displicencia. Si quieres firmar la iniciativa ciudadana de Ley General de
Responsabilidades Administrativas, puedes hacerlo en el formato que aparece en
la página www.tresdetres.mx o acudir a uno de los centros de registro allí
listados. ¡Anímate! Es asunto de todos.— Mérida, Yucatán.