Apretarse el cinturón: avión y partidos
Dulce María Sauri Riancho
En
medio de las zozobras causadas por la amenaza del chikungunya y la tristeza e
indignación por la muerte de turistas mexicanos en Egipto, México celebró los
205 años del inicio de su independencia. El asueto del 16 de septiembre fue
apenas un breve respiro de otras preocupaciones, como la relativa a la
aprobación del paquete económico 2016. Los nuevos legisladores, apenas
acomodados en sus flamantes curules, recibieron la iniciativa del Ejecutivo,
que deberán estudiar y definir antes del 15 de noviembre. El gasto
gubernamental previsto para 2016 viste el futuro en tonos de gris, porque la
caída de la recaudación por concepto de venta de petróleo al extranjero obligó
al Ejecutivo a mandar, por primera vez en muchos años, un proyecto menor en
monto que el vigente en este 2015.
Ya lo
anunciaba el presupuesto “base cero” —que quedó después sólo en la
metodología—, que implicaba revisar cuidadosamente los programas actuales y,
sobre todo, sus resultados. Sonaba bien: un examen de conciencia gubernamental
hasta lo más profundo del gasto público para ajustar, recortar y eliminar lo
superfluo y lo prescindible. Mejor todavía cuando el presidente Peña Nieto
concluyó su mensaje del 2 de septiembre con el compromiso de que sería el
gobierno el que se apretaría el cinturón y no, como siempre ha sucedido, los
sufridos ciudadanos.
No
obstante, comienzan a aflorar los primeros cuestionamientos ciudadanos a la
aplicación de la tijera de la austeridad. Las baterías gubernamentales se han
enfocado sobre su gasto corriente, el que se destina al pago de sus empleados:
maestros, médicos, policías, enfermeras, extensionistas agrícolas, etcétera.
Como siempre, la sombra se cierne sobre los más vulnerables, es decir, aquellos
que han trabajado largos años bajo el régimen de honorarios, que firman anualmente
su contrato; ellas y ellos no tienen derecho a pensión ni a Fovissste y, en
algunos casos, ni siquiera a servicios médicos. Las dependencias
gubernamentales, sujetas desde años atrás a diversas restricciones, descansan
en buena medida en esta “peculiar” forma de contratación. ¿Qué harán cuando se
vean obligados a prescindir de su trabajo? Es muy probable que cuando estas
medidas se apliquen en áreas del sector Salud, por ejemplo, profundicen aún más
las terribles deficiencias que ya arrastra.
Los llamados
“servicios generales”, junto con las adquisiciones, son los otros componentes
del gasto “corriente”. Las partidas para los pagos de electricidad, gasolinas,
reparación de vehículos; la compra de material de curación, papelería y
programas de cómputo, forman parte de los gastos registrados bajo estos rubros.
Un recorte inadecuado llevaría a la paralización de una serie de servicios por
la falta de elementos básicos para prestarlos. La tijera del gasto también
pretende aplicarse con singular alegría sobre los enormes proyectos de
inversión en infraestructura y del sector energético. Además, el paquete
económico 2016 incorporó reformas a la Ley de Asociaciones Público-Privadas
para la ejecución de obras de gran envergadura. A esta propuesta se suman los anuncios
de la expedición de Bonos para la Infraestructura Educativa y un esquema
financiero destinado a proyectos del sector energético. De esta manera se
pretende paliar la sequía previsible de recursos gubernamentales en estas
áreas.
En la
austeridad de 2016 algunos renglones todavía permanecen intocables. Me refiero
en especial a dos casos. Uno, los fondos destinados al financiamiento de los
partidos políticos, que ascenderá a más de 3,800 millones de pesos. El otro
asunto es el relativo al nuevo avión presidencial. Según la Boeing, la moderna
nave capaz de recorrer 15 mil kilómetros sin reabastecerse, costó 127 millones
de dólares, aunque el contrato firmado por la Sedena y Banobras consigna una
cantidad cercana a los 7 mil millones de pesos. El hecho es que el Dreamliner
787, que será entregado en estas semanas, requirió adaptaciones del hangar
presidencial por una cantidad cercana a los mil millones de pesos. Así como
estoy de acuerdo con que predomine el financiamiento público en las actividades
políticas, también coincido con que el Presidente debe disponer de un medio de
transporte aéreo seguro y digno para sus numerosos traslados dentro del
territorio nacional y, eventualmente, a otros países del mundo. Lo que no
entiendo son los excesos. Ni los partidos políticos necesitan cantidades
multimillonarias para realizar sus labores de proselitismo, ni el Presidente
necesita una aeronave que, para empezar, sólo podrá aterrizar en dos o tres
aeropuertos del país.