Violencia contra las mujeres. Memoria de Juárez

Dulce María Sauri Riancho

Ayer se conmemoró el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. En esta ocasión reviste un significado especial para nuestro país, inmerso en la tragedia de Ayotzinapa. La crispación y el coraje que acompañan estos trágicos acontecimientos de manera alguna pueden desviar o desvanecer la importancia de perseverar en la lucha contra la violencia que afecta a la población femenina por su condición de género, es decir, simple y llanamente por el hecho de ser mujer. Hacer memoria de la dura trayectoria hasta lograr el reconocimiento del abuso de poder que representan las distintas manifestaciones de la violencia -física, psicológica, sexual- contra las mujeres ayuda a no perder la dimensión de un problema que, si bien las afecta individualmente, incide también en la convivencia social y en las condiciones de la seguridad pública. Este ejercicio de memoria también arroja luz sobre el origen de la crisis de credibilidad que afronta la institución clave en la defensa de los derechos humanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que tiene a partir de la semana pasada nuevo presidente.

Hasta finales de 1996, hace 18 años, hubo un reconocimiento formal por parte del gobierno de que la violencia doméstica era un asunto de interés público y no una cuestión que por suceder tras las paredes de una casa y entre miembros de una familia pertenecía exclusivamente a la esfera de lo privado. En esos mismos años había dado inicio una grave situación en Ciudad Juárez, Chihuahua. Mujeres jóvenes desaparecían y algunas finalmente aparecían atrozmente asesinadas, tirados sus cuerpos destrozados en los linderos de esa población fronteriza con los Estados Unidos. El gobierno del Estado, en manos de Acción Nacional por primera vez, minimizó la situación, por lo que madres y familiares de las víctimas, junto con activistas de los derechos humanos de la región se vieron orillados a atraer el interés y la preocupación de instituciones académicas de la ciudad de México. Recuerdo en forma especial una reunión a la que asistí en mi calidad de coordinadora de la Comisión Nacional de la Mujer en el Colegio de México, cuando se mostró con cifras aterradoras la impunidad que reinaba en Juárez.

Poco y muy tarde se movieron las instancias responsables de la procuración de justicia. Los delicados equilibrios políticos entre un gobierno federal del PRI y uno estatal del PAN deben haber incidido en la tardanza en la actuación conjunta de las autoridades ante un fenómeno grave. La primera reacción fue minimizarlo, banalizarlo. Una y otra vez se remarcaba que eran las propias mujeres las que se ponían en situación de riesgo, porque eran jóvenes desarraigadas, trabajadoras de la industria maquiladora. Cuando comenzaron a desaparecer jovencitas escolares, la explicación se amplió a la huida del hogar. Una parte de la sociedad juarense se asumía agredida cuando se señalaba en otras partes del país lo que acontecía en su ciudad, más cuando estos comentarios críticos provenían del extranjero. Incluso llegaron a mencionar que eran víctimas de una intriga internacional tramada por sus competidores en la industria maquiladora de exportación. La semilla de la violencia se había instaurado en Juárez. La impunidad sentó sus reales. Muy pronto sus amargos frutos se dejaron sentir en la proliferación del crimen organizado, bandas de narcotraficantes que disputaron el territorio y el mercado, a costa de cientos de vidas y de la tranquilidad de la población juarense.

Finalmente, una instancia nacional, la CNDH, intervino en cumplimiento de su obligación de preservar los derechos humanos y defender a las víctimas. Era el año de 1998 cuando Mireille Roccatti, primera mujer presidenta de este organismo nacional, ordenó la investigación de los hechos y emitió la recomendación 98/044, donde señalaba responsabilidades gubernamentales que se habían dejado de cumplir y mencionaba un listado de acciones necesarias para restablecer el respeto a los derechos humanos de las mujeres en Ciudad Juárez. Pero los tiempos políticos contaron mucho para los receptores de esta importante recomendación. Era la etapa de campaña electoral para la renovación de la gubernatura. El PAN se asumió atacado por la recomendación de la CNDH; incluso hubo comentarios que atribuyeron su derrota ante el PRI a la erosión en la opinión pública causada por su actuación. El supuesto agravio cometido por la doctora Roccatti se quedó guardado, en espera del tiempo para ser “cobrado”. Este llegó cuando la Constitución fue reformada a finales de 1999 para dotar de autonomía constitucional a la Comisión. Fue el argumento utilizado por los senadores del PAN para negar la permanencia de la doctora Roccatti al frente del organismo. Esta lamentable experiencia puede haber marcado la actuación de los siguientes “ombudsman”, que tuvieron especial cuidado en sus recomendaciones para no confrontar a las figuras políticas de relevancia.

La violencia contra las mujeres forma parte de ese entramado de abuso de poder que deriva en un “ecosistema de impunidad”, tal como lo cataloga Juan E. Pardinas (director del Instituto Mexicano de la Competitividad), donde lo mismo cabe asesinar mujeres, que desaparecer estudiantes o practicar la corrupción en los contratos o la asignación de proyectos.

Combatir la violencia, hacerse intolerante frente a ella significa reforzar las acciones para que las mujeres tengan acceso a una vida libre de la permanente zozobra de ver violentado el derecho humano fundamental de vivir en paz.- Mérida, Yucatán.