De Solidaridad a Prospera, pasando por Oportunidades.
Dulce María Sauri Riancho
El más
importante programa de combate a la pobreza del gobierno federal cambia de
nombre. “Prospera” se llamará ahora, en vez de “Oportunidades”. Renombrar se
vuelve así un compromiso gubernamental para que las recientes reformas
constitucionales tengan aplicación sensible en la vida cotidiana de los
mexicanos. Las políticas de desarrollo social surgieron al amparo de la crisis
política que representó la elección de 1988. Fue cuando se creó “Solidaridad”,
una estrategia de participación popular para las zonas urbanas, con el
propósito común de combatir la pobreza y la marginación, que conjuntó programas
de diversos orígenes, como la construcción de obras de electrificación, agua
potable, parques, el otorgamiento de becas, la regularización de lotes y terrenos,
etcétera. Su característica singular descansó en que las obras a realizar o los
servicios a contratar eran decididos por los involucrados, en asambleas y ellos
mismos supervisaban las obras.
Las
críticas de especialistas y legos cuestionaban las verdaderas razones de esa
intensísima movilización en miles de colonias populares y asentamientos
precarios en las ciudades: que si sólo se buscaba el control político de los
grupos que manifiestamente habían dado la espalda al PRI en la elección; que
por abarcar tantas acciones y programas públicos se caía en asistencialismo,
entre otras.
La
grave crisis económica de 1994 representó un abrupto despertar. Por una parte,
el presupuesto gubernamental se restringió severamente, pero, más importante
aún, cambió el enfoque en el diseño de las políticas públicas destinadas al
combate a la pobreza.
En 1997
se aplicó el giro fundamental. Ya no prevalecería la visión universal ni la
responsabilidad colectiva, sino una estrategia llamada “de focalización”, en la
cual serían protagonistas los individuos, las personas, quienes a su vez serían
responsables de las contraprestaciones para obtener el servicio. El programa de
Educación, Salud y Alimentación (Progresa) comenzó ese mismo año, con
transferencias monetarias a las familias en situación de pobreza, a través de
subsidios para alimentación, becas para los hijos y las hijas estudiantes de
primaria y secundaria. El dinero era entregado a las mujeres, en su calidad de
madres de familia, bajo el supuesto de que ellas pondrían más cuidado en que
los recursos se destinaran a los fines propuestos -mejor alimentación,
asistencia escolar-, en vez de volverse “fondo de cantina”, a los que son
afectos algunos varones. La “contraprestación” u obligación para las familias
beneficiadas consistía en acudir periódicamente a los controles de salud en las
clínicas y hospitales públicos, así como vigilar la asistencia regular a la
escuela por parte de los menores. La selección de las familias beneficiadas se
realizó con criterios técnicos para calificar su grado de pobreza, de tal
manera que se asegurara que solamente aquellas con necesidades reales podrían
tener acceso a los recursos del programa. De esta manera, el progreso se volvió
un asunto individual, si acaso, familiar.
“Oportunidades”
llegó en el sexenio del Volcho y el Changarro, se trataba no sólo de progresar
sino de aprovechar las oportunidades que el cambio estaba generando. Bajo la
estrategia “Contigo”, el programa se expandió para atender también a población
urbana, incluso en cabeceras municipales de importancia. Fundó el Seguro
Popular, destinado a la atención de la población más vulnerable. A finales del
gobierno de Vicente Fox, más de cuatro millones de familias recibían recursos
provenientes de “Oportunidades”. La administración de Felipe Calderón agregó
otros componentes más al programa, tales como el subsidio a la energía, para
utilizar combustibles sustitutos de la leña y, en competencia con los gobiernos
estatales, estableció “Setenta y más”, destinado a la atención de los adultos
mayores. Un aspecto fundamental que se estableció desde 1997 y que nunca se
cumplió fue que los apoyos brindados primero con Progresa y, posteriormente con
Oportunidades, debían ser temporales, durante un plazo máximo de tres años. Al
volverse permanentes se desvirtuó esta estrategia y se sembró una “bomba de
tiempo” por el crecimiento acumulado del presupuesto.
El
gobierno de Enrique Peña Nieto se propone reformular la estrategia de combate a
la pobreza. Tal parece que la Cruzada contra el Hambre se quedó corta, por lo
que “Prospera” intentará constituirse en una respuesta integral hacia la
población más vulnerable. Buscará incidir en los terrenos del financiamiento de
proyectos productivos y de capacitación laboral, principalmente entre los
jóvenes, a quienes también se les facilitarán becas para el acceso a la
educación superior.
No
obstante los esfuerzos sostenidos durante más de diecisiete años por parte de
los gobiernos, las familias en situación de pobreza siguen siendo la mayoría;
no se ha logrado el propósito principal de las acciones gubernamentales, que
está dirigido a la ruptura del círculo intergeneracional de la pobreza. Esto
es, que los hijos de los pobres carezcan de opciones para mejorar, al igual que
sus padres y acaben como ellos. Para que millones de mexicanos no se vuelvan
dependientes crónicos del presupuesto público, que a la fecha alcanza
cantidades fabulosas para asistir a casi una cuarta parte del total de hogares
de México (seis y medio millones de familias), las políticas de fomento a la
actividad económica, el gasto público gubernamental, la política fiscal, entre
otras, tienen que dar resultados. Este es el reto real y la medida del éxito de
las reformas constitucionales recientemente aprobadas. Veremos.- Mérida,
Yucatán.