Problemas estructurales del Isstey

Dulce María Sauri Riancho

El Isstey hace agua. La institución creada en 1976 para brindar seguridad social a los trabajadores al servicio del gobierno del Estado y los municipios tiene un futuro incierto para cumplir sus compromisos de brindar servicios de salud, apoyar la adquisición o mejora de vivienda y garantizar una pensión digna a sus jubilados. Es cierto que en mucho ha contribuido la mala administración de sus recursos en el periodo 2007-2012. Pero también lo es que este organismo estatal comparte los problemas estructurales de los sistemas de pensión de México y, más aún, del mundo entero.

Cuando hace más de setenta años, en 1943, fue fundado el Instituto Mexicano del Seguro Social, la esperanza de vida era de un poco más de cuarenta y un años (40.4 años, hombres; 42.5, mujeres). Significaba que del bajo porcentaje de trabajadores inscritos en el nuevo régimen, pocos, muy pocos, alcanzarían la edad de jubilación y todavía menos, vivirían diez o más años después de su retiro. En aquella etapa había numerosos niños y muy pocos ancianos. Las epidemias y enfermedades ocasionaban la muerte a temprana edad y, en el caso de las mujeres, los decesos asociados al embarazo y al parto eran elevados. El avance de la medicina se dio por las grandes campañas nacionales de vacunación contra viruela, difteria, tosferina y tétanos, y la erradicación de enfermedades endémicas como el paludismo, entre otras acciones que combinaron la prevención con la atención a la salud de millones de personas que comenzaron a poblar las ciudades de México.

Se dice, con razón, que el IMSS, el Issste y todas las instituciones de seguridad social sufren ahora las consecuencias de su éxito al contribuir significativamente a aumentar la esperanza de vida de los mexicanos, que ronda ya los 76 años (73.4 años, hombres; 77.9 años, mujeres). Ahora, un trabajador que se retire a los sesenta y cinco años (régimen del Seguro Social), puede vivir diez años más, es decir, demandará su pensión por, al menos, ese lapso. El problema financiero es mayor en el caso de aquellos sistemas que consideran una edad de jubilación más temprana, como el del magisterio, los burócratas o los trabajadores de Pemex y del IMSS, quienes después de veinticinco o treinta años de servicio pueden solicitar y obtener su pensión. Significa que si una persona comenzó a trabajar a los dieciocho años en esas instituciones, alrededor de los cuarenta y cinco años puede comenzar a recibir su jubilación por un periodo de tiempo igual a la totalidad de su vida laboral activa.

A la prolongación de la vida de los mexicanos se sumó la disminución de la natalidad desde la década de 1980. El efecto fue un gradual aumento de la edad promedio de la fuerza de trabajo y simultáneamente, el incremento del número de jubilados y pensionados. Hasta 1997, en el caso de IMSS, y 2007 en el del Issste, las cuotas de los trabajadores activos pagaban los servicios médicos y las pensiones de los jubilados. Era el sistema conocido como de “reparto”, o de solidaridad intergeneracional. Pero el déficit crecía aceleradamente y se veía muy cercana la fecha en que estuviesen imposibilitados de cubrir sus más elementales compromisos con sus derechohabientes. Entonces entró el sistema de “cuentas individuales”, en que cada uno de los trabajadores dispone de una cuenta en una administradora de fondos de retiro (Afores), donde se depositan sus aportaciones y las que realiza el gobierno. Una parte de ellas -la mayoría- va al fondo de pensiones y otra, a su cuenta de vivienda, para disponer de los créditos para adquisición o remodelación de vivienda. Esta parte descansa en un supuesto fundamental: que los ahorros de los trabajadores alcancen rendimientos suficientes; es decir, que las Afores realicen buenas inversiones en valores gubernamentales y acciones de empresas certificadas. El Sistema de Ahorro para el Retiro tiene también una función macroeconómica de la mayor importancia. Como capta masas considerables de dinero, es el más importante adquiriente de bonos de deuda gubernamental, es decir, fondea al gobierno, y a través de sus operaciones en la Bolsa Mexicana de Valores fortalece a las empresas y les proporciona acceso a los fondos necesarios para invertir y crecer.

El Isstey, al igual que la inmensa mayoría de los sistemas estatales, todavía funciona bajo el esquema de “reparto”, lo que significa que veintinueve mil trabajadores activos financian las pensiones de un poco más de cinco mil jubilados, la mayoría provenientes de la sección 57 del magisterio. La población trabajadora al servicio del Estado en condición de retiro aumentará significativamente en los próximos años. El Isstey no cuenta con el patrimonio suficiente y las inversiones necesarias que garanticen el cumplimiento de sus obligaciones.

Considero indispensable despejar incertidumbres sobre la mala administración del Isstey en el gobierno estatal anterior. Sin embargo, el pasado no puede apoderarse de la indispensable reflexión y toma de decisiones sobre un futuro que ya nos alcanzó. Por eso será fundamental demandar una buena renegociación del adeudo del gobierno del Estado con el Isstey y, desde luego, un proyecto sólidamente construido para respetar y proteger los derechos de aquellos miles de mujeres y hombres que cada quincena pagan sus aportaciones para vivir con tranquilidad su vejez.- Mérida, Yucatán.