El movimiento médico #Yosoy17. Ni dioses ni criminales
Dulce María Sauri
Riancho
(Publicado el 25 de
junio de 2014 en el Diario de Yucatán)
“#YoSoy17.
Somos Médicos. No somos Dioses ni Criminales”. Estas pancartas se exhibieron el
pasado domingo en más de cuarenta ciudades del país, entre otras Mérida, para
mostrar la solidaridad de la comunidad médica frente al proceso penal que
afrontan 16 galenos del área de Pediatría del Centro Médico de Occidente del
IMSS, ubicado en Guadalajara. El origen es el siguiente: un joven de 15 años,
Heriberto Gallardo, ingresó el 15 de noviembre de 2009 a la sala de urgencias
del IMSS, “prácticamente muerto”; los médicos lo resucitaron y logró salir
adelante. Sin embargo, su salud se deterioró y el 9 de enero de 2010 falleció.
El padre del joven sostiene que un diagnóstico certero hubiese detectado la
tuberculosis intestinal que padecía y, de esta manera, se habrían evitado las
cirugías a las que fue sometido y que, según sus familiares, lo debilitaron
hasta causarle la muerte. Si prospera la acusación y los médicos son
condenados, de entrada perderán sus cédulas profesionales y su capacidad legal
para ejercer la medicina en cualquier parte de México, además de la pena de
prisión a la cual pueden estar sujetos.
Las
demandas contra profesionales de la medicina no son novedad. De hecho, existe
una instancia creada ex profeso para desahogar las denuncias por mala práctica,
la Comisión de Arbitraje Médico, cuya misión fundamental consiste en ofrecer
medios alternos para la solución de conflictos entre prestadores de servicios
médicos y los pacientes o familiares que se sienten afectados. Para que un
asunto de esta naturaleza trascienda las instancias de mediación y llegue a los
tribunales, se requiere mucho más que un padre atribulado por la pérdida de su
hijo; se necesita que un juez decida la existencia de suficientes elementos
para iniciar la causa penal. Y eso sucedió en Guadalajara.
Doctores
y enfermeras tienen muchas veces que hacer frente a las carencias que les
impide realizar su trabajo eficazmente. ¿Qué hacer, por ejemplo, cuando el
equipo de rayos X no funciona y se requiere una radiografía de emergencia?
¿Cómo realizar un ultrasonido si el aparato es antiguo y la imagen que genera,
borrosa? ¿Quién le dice al paciente que la farmacia no puede surtir su
medicamento y que tiene que adquirirlo por su cuenta? Éstas son situaciones
cotidianas que se presentan en los grandes hospitales públicos, tanto federales
como estatales.
La
amenaza de procesos penales no es la única que pende sobre médicos y
enfermeras. En el norte del país, en las zonas de operación del crimen
organizado, los secuestros de doctores se volvieron frecuentes, bien fuera para
atender lesionados en los enfrentamientos armados o para alterar el rostro de
los cabecillas más importantes. Los médicos que realizan su servicio social no
están exentos de peligros. En fecha reciente, una joven doctora fue asesinada
en una comunidad de Sonora, presumiblemente por el esposo de una persona a
quien no pudo salvar de un infarto. Se dice, quizá con razón, que en la escala
de profesiones peligrosas, después del periodismo sigue la medicina, sobre todo
en algunas regiones del país.
Habrá
quien se preocupe por la judicialización de la práctica médica, que en Estados
Unidos ha llevado a encarecerla enormemente por la indispensable adquisición de
seguros que cubran a los médicos contra acusaciones de ese tipo. Sin embargo,
lo que la movilización de miles de doctores en distintas partes del país nos
recuerda es la precariedad en la que muchos de ellos desempeñan su profesión,
debido a las carencias y rezagos de la medicina pública que no ha podido
responder a la expansión de la demanda de sus servicios de parte de una
población que, afortunadamente, vive más años que las generaciones anteriores.
Otra
vez las fechas coinciden. Hace 50 años, en 1964 un grupo de residentes e
internos del Hospital “20 de Noviembre” del Issste, en la ciudad de México, se
organizaron para reclamar atrasos en sus salarios. Como consecuencia, un
numeroso grupo fue despedido. Al paso de los meses, personal de otras
instituciones públicas, como el IMSS, se fueron sumando. La situación hizo
crisis a finales de agosto de 1965, cuando la policía tomó tres grandes
hospitales de la ciudad de México, los médicos fueron sustituidos por personal
militar y sus líderes, encarcelados. Se considera al movimiento médico de
1964-1965 como precursor del estallido estudiantil de 1968. Ésta es una de las
razones por las cuales el Estado mexicano tiene que atender las causas del
malestar que existe en este importante gremio a cargo de la salud de la
población.
Es
cierto: los médicos no son Dios, no son infalibles ni tienen la facultad de
decidir sobre el momento de la muerte de cada uno de nosotros. Pero también lo
es que no son criminales, cuando a pesar de sus esfuerzos y desvelos un
paciente muere en medio del dolor de familiares y amigos que quisiéramos que
nunca se vaya de nosotros. Son seres humanos que demandan condiciones dignas
para el cumplimiento de su compromiso con la sociedad; compresión ante sus
errores y deficiencias, y tribunales que ponderen con justicia cuando el ser
humano falla.- Mérida, Yucatán.