Pregunta y escucha. De acusaciones y participación social.

Dulce María Sauri Riancho

Un regidor del Ayuntamiento de Mérida inquiere sobre los gastos del viaje a Italia de la esposa del alcalde. La oposición del PRI exige cuentas claras de los recursos empleados en la organización del Carnaval en su nueva sede de Xmatkuil. El presidente estatal del PAN demanda al Ejecutivo federal la investigación y aprehensión de la ex gobernadora Ortega Pacheco y de la ex presidenta y actual senadora, Angélica Araujo, por presuntos desvíos de recursos públicos. “Acusa, que algo quedará”, parece ser el lema de los partidos políticos que dicen defender a la sociedad. Quizá los militantes de una u otra organización política se sientan alentados cuando observan la enjundia de sus dirigentes al denunciar a las autoridades del signo partidista adverso, pero la inmensa mayoría de los ciudadanos se queda con una inmensa confusión y con la percepción de que la esgrima contra la corrupción obedece fundamentalmente a la búsqueda de mejores posiciones para la competencia electoral que se aproxima.

De manera alguna pretendo disminuir la importancia que la denuncia partidista tiene como aliciente o amenaza sobre la autoridad para hacer las cosas mejor o resistir la tentación de desviar recursos para favorecer a parientes y amigos. Sin embargo, esta relativa satisfacción no representa una verdadera fiscalización social sobre las autoridades y mucho menos un sistema de rendición de cuentas. Otra vez la participación social, sus formas y estrategias se encuentran en el centro del debate. Bien se dice que la combinación de organizaciones sociales fuertes y activas con funcionarios públicos capaces de concebir y aplicar políticas de interés general puede impulsar un verdadero cambio.

Experiencias pasadas nos muestran que es absolutamente posible la participación social en la toma de decisiones sobre asuntos de interés colectivo, como la determinación, por ejemplo, de una obra o servicio requerido por la comunidad; en la selección de la empresa encargada de ejecutarlo; en la supervisión de sus avances y su calidad, y por último en la recepción una vez que ha sido concluida a satisfacción. Éste fue el proceso de “Solidaridad”, programa que en los inicios de la década de 1990 se significó por el involucramiento real y efectivo de los vecinos en la toma de decisiones. No era jauja, pero sí representó una oportunidad para que cientos de personas, principalmente mujeres, desarrollaran su capacidad de liderazgo comunitario y la pusieran al servicio del interés colectivo.

¡Cómo contrasta esta experiencia pasada con lo que sucede en la actualidad! Las numerosas comisiones de planeación surgidas al amparo de la ley del mismo nombre no son el sitio donde la autoridad pregunta y obtiene respuesta legítima de la sociedad. Y cuando se trata de decidir sobre asuntos trascendentes para la ciudad, como la construcción de más de mil departamentos donde funcionó la Siderúrgica, o decenas de miles de viviendas en Ciudad Caucel, en Ucú o San Marcos Nocó; o el desarrollo vertical de la ciudad, abandonando el modelo de lotes unifamiliares, entonces las determinaciones se toman en la secrecía de reuniones de Cabildo o en las oficinas de los funcionarios siempre dispuestos a reformar el reglamento de construcciones, si éste representa obstáculo a las multimillonarias inversiones que tocan su puerta.

Las autoridades no contemplan el largo plazo en su desempeño. Es la única forma de explicar el porqué cuando se diseñó Ciudad Caucel para ¡cincuenta mil casas! sólo se dispusiera de un acceso vial o se “olvidara” de dotarla de escuelas para los miles de niños que habitarían esas viviendas. Ahora, los actuales funcionarios tratan de poner “parches” para remendar las deficiencias. Con este antecedente, no es difícil imaginar lo que sucederá cuando miles de vecinos del “Infonavit de los ricos” -las torres departamentales del norte de la ciudad- incrementen el tráfico o demanden servicios básicos. Serán otros funcionarios los que tendrán que lidiar con las consecuencias de omisiones y malas determinaciones, tomadas sin apego a la ley y sin consultar a expertos y estudiosos, mucho menos a los vecinos.

La agenda de las grandes decisiones es abultada y de efectos profundos. Por ejemplo, ¿qué pasará con el Tren Transpeninsular? Ni siquiera la reciente visita del presidente Peña Nieto despejó la incógnita. ¿Y el crecimiento vertical de Mérida? Los anuncios publicitarios de torres y edificios nos revelan una nueva política expresada en hechos por parte de las autoridades responsables. De impacto más localizado será la modernización del Paseo de Montejo, donde existe un proyecto ganador, poco conocido, que está en espera de financiamiento para escarbar un gigantesco estacionamiento en el subsuelo de la principal avenida de la capital. ¡Sorpresa!, se exclamará cuando comiencen a ejecutar una obra que se hace sólo porque habrá dinero para gastar, como ocurrió con la calle 60.

En medio de esta cacofonía social, vale rescatar un compromiso que realizó el reelecto presidente de la Coparmex Mérida en días pasados. Nicolás Madáhuar comprometió la creación de un centro especializado de análisis, que con ayuda del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), se enfocará a la vigilancia y seguimiento en el uso y aplicación de los recursos públicos, así como para proponer iniciativas para eliminar barreras y potenciar sectores industriales estratégicos para Yucatán. Además, este centro producirá información para medir el “pulso económico” del Estado. ¡Enhorabuena! Una organización intermedia de la sociedad trasciende la simple crítica y se prepara para participar. Otras más lo hacen, con esfuerzo y decisión, sabedoras de que éste es el único camino para avanzar hacia el bienestar colectivo.- Mérida, Yucatán.