Dulce María Sauri Riancho
Han sido intensas las críticas sobre el llamado “paquete económico” 2014 que presentó el presidente Peña Nieto al Congreso de la Unión. Que no es reforma hacendaria, sino solamente una miscelánea que busca recaudar más recursos para un gobierno que se propone gastar más; que, si prospera, gravitará otra vez sobre los mismos causantes cautivos, en tanto que los ejércitos de los informales no serán molestados ni con el pétalo de una rosa. Muchos comentarios se han vertido en días pasados, antes que las comisiones de Hacienda y de Presupuesto de la Cámara de Diputados se reúnan y comiencen sus trabajos formales de dictaminación.
En medio de esta vorágine considero que se ha extraviado una de las propuestas más interesantes del “paquete” 2014, que rebasa con mucho la programación y el gasto anual y que, de prosperar, implicará el inicio de la creación de un sistema formal y estable de pensión universal para todas las personas mayores de 65 años que vivan en México. Quizá más de alguno de los lectores piense que no es más que otro programa asistencialista, con claros tintes de disputa de clientela electoral, en este caso, de los adultos mayores. Otros más encontrarán en la iniciativa un argumento para subrayar la propensión del gobierno al gasto corriente, en vez de dirigirlo a la inversión productiva, tal como mandata la Constitución. La iniciativa de Pensión Universal no es sólo gasto corriente ni mera asistencia social. Veamos por qué.
Hay coincidencia en que la población de México tiende a envejecer. Este fenómeno es consecuencia de una mayor esperanza de vida y de una natalidad decreciente. Esta combinación de más adultos mayores y menos niños refleja y a la vez marca muchos cambios en la forma de vida de las familias y de las instituciones del Estado que se encargan del bienestar social. ¿Quién se hace y se hará cargo de mantener y cuidar a los ancianos de la familia, cuando todos los adultos en edad productiva trabajan? ¿De dónde provendrán los ingresos para que las y los viejitos puedan solventar sus necesidades sin tener que depender de las ayudas de hijos y nietos?
La iniciativa de ley para crear la Pensión Universal señala que dos terceras partes de los mexicanos mayores de 65 años, alrededor de 5.6 millones de personas, nunca cotizaron al IMSS o al Issste y, por lo tanto, no cuentan con algún tipo de pensión. Diversos programas federales y estatales han tratado de paliar esta situación de indefensión, que afecta principalmente a las mujeres que siempre trabajaron en labores del hogar. Es la razón de programas como Pensión para Adultos Mayores (65 y más) de la Sedesol, Setenta y Más (en zonas rurales), o el extinto Reconocer del gobierno estatal anterior. En promedio, cada beneficiario recibe alrededor de 600 pesos mensuales, claramente insuficiente para resolver problemas de alimentación y adquirir medicamentos, principalmente. Por si fuera poco, estos programas dependen de la aprobación anual que haga el Congreso, a propuesta del gobernador o del presidente de la República.
La iniciativa presentada por el presidente Peña Nieto plantea atender a todas las personas mayores de 65 años que carezcan de pensión del IMSS o del Issste y que tengan un ingreso mensual igual o inferior a 15 salarios mínimos. Propone la suma de todos los programas estatales y federales que actualmente atienden a los adultos mayores, mediante un proceso gradual que habrá de culminar dentro de 15 años, es decir, en 2029. Se trata no sólo de poner orden en las desarticuladas estrategias de atención a los ancianos, sino también de darles sustentabilidad y asegurar permanencia.
Pero, ¿qué pasará con los jóvenes, cuando lleguen a la tercera edad? La respuesta de la iniciativa es muy interesante, pues tiene que ver con la previsión y el ahorro forzoso que el gobierno se auto-impondrá para poder garantizar que, cuando esas personas alcancen los 65 años, habrá recursos públicos para poderlos pensionar sin que provengan del presupuesto gubernamental de cada año. Para este propósito, el gobierno federal se compromete a crear un fideicomiso con carácter irrevocable (es decir, que no puede sacar el dinero una vez que lo deposite) en el Banco de México, con un monto anual de recursos equivalentes al número de jóvenes que a partir de 2014 cumplan 18 años de edad. Esto significa que el gobierno depositará anualmente una cantidad (estimada en 4 mil millones de pesos para 2014), que no comenzará a ser utilizada sino hasta el año 2061, cuando los nacidos en 1996 alcancen los 65 años. Mientras, en el presupuesto de egresos de la federación de cada año, habrá una partida especial para atender a los que vayan cumpliendo la edad requerida y carezcan de pensión.
Desde mi estrella contemplaré los pagos con cargo al fideicomiso del Banco de México en 2061, como la inmensa mayoría de ustedes, amigos lectores. Pero así se forjan las instituciones, mediante un proceso gradual y sostenido a lo largo de los años. En tanto esto suceda, el fideicomiso ayudará seguramente a impulsar la inversión productiva del país, pues los recursos depositados se podrán poner a trabajar bajo ciertos requisitos fijados en la ley. Así, la iniciativa de Pensión Universal cumplirá con los propósitos de justicia y de fomentar la inversión y el ahorro para el futuro.- Mérida, Yucatán.