Dulce María Sauri Riancho
El fisco versus las transnacionales
Un asunto de la mayor importancia entrará en los próximos días en la recta final de las definiciones, que incluso podrían alcanzar a la misma Constitución. El tema del petróleo y de la empresa paraestatal responsabilizada de su correcto aprovechamiento invade los titulares de los medios de comunicación y nutre las declaraciones de los dirigentes de los distintos partidos políticos.
El debate petrolero no es nuevo. Hace menos de cinco años, en noviembre de 2008, entraron en vigor las reformas a siete leyes relacionadas con Pemex. El propósito explícito de entonces, como el de ahora, consistió en la modernización de la paraestatal, tanto en su administración y su régimen fiscal (o sea, lo que le quita Hacienda), así como la flexibilización de la participación privada en la exploración, producción, transformación, distribución y comercialización del petróleo y sus derivados. La reforma aprobada con bombo y platillos cinco años atrás no parece haber cumplido ninguno de los propósitos enunciados: ni mejoró la situación financiera de Pemex ni se concluyó la refinería en Hidalgo, y el tema del “tesoro oculto” en las aguas profundas del Golfo de México ha sufrido un relegamiento en la publicidad oficial, ya que el nuevo protagonista es el gas “shale”, conocido también como gas “pizarra” o “esquisto”, del que se dice que México es el cuarto país en reservas mundiales, después de Estados Unidos, China y Argentina. En cuanto a la reforma fiscal que permitiera a Pemex conservar un poco más de sus ingresos, tampoco llegó. El fisco mexicano sigue siendo un “petro-adicto”, que se sostiene de las inyecciones de recursos presupuestales que le sustrae a Pemex, pues entre impuestos y derechos, por la vía del petróleo y sus derivados se capta alrededor del 40 por ciento de los ingresos públicos. Y ése es el mayor y más grave de los problemas, no sólo para Pemex sino para el país en su conjunto, pues a fuerzas de postergar una verdadera reforma en sus finanzas, Hacienda ha logrado “secar” a su proveedor principal, que en la actualidad se encuentra sobreendeudado -se dice que técnicamente quebrado-, con una producción decreciente y sin poder realizar las inversiones necesarias para mantener su plataforma de producción, rescatar la petroquímica básica y ampliar su capacidad de refinación y producción de gasolinas. Por eso es tan injusto comparar a Pemex con Petrobras u otras compañías petroleras de distintos países. Esas son empresas públicas, pero no les quita su gobierno seis de cada diez pesos que ingresan a sus arcas, ni son tampoco el puntal de la recaudación fiscal de esos países.
Los mexicanos estamos vinculados a la situación de Pemex por tres vías. La primera, y muy directa, son los precios de las gasolinas, pues recién se acaban de incrementar en una escalada que comenzó precisamente a raíz de la reforma de 2008, aunque en realidad fue un mecanismo acordado entre el gobierno federal y los gobernadores para compensar a los erarios estatales de la pérdida de los ingresos provenientes del impuesto sobre tenencia de vehículos, derogado a finales de ese mismo año. La segunda relación directa con el petróleo la tenemos a través del sistema fiscal y de los precios y tarifas del sector público. A lo largo de los años ha resultado políticamente menos oneroso aumentar el precio de las gasolinas que enfrentarse a los regímenes especiales de tributación o a la consolidación fiscal de los grandes conglomerados empresariales que pagan poco o, de plano, no pagan nada por la gran cantidad de deducciones y trato preferencial que reciben.
El PAN insiste en que al aumentar la inversión privada en petróleo se disminuirán los precios de las gasolinas. Eso difícilmente ocurrirá, pues mientras Hacienda necesite recursos y pueda disponer de los de Pemex, seguirá echando mano de ellos, bien sea directamente o a través del aumento escalonado del precio de los combustibles. Tampoco disminuirán las tarifas de luz si hay otros proveedores del servicio además de CFE. Lo que sí se lograría es desbaratar un sistema nacionalmente integrado, que hace posible, por ejemplo, que cuando hay siniestros por huracanes en un lapso breve se levante la red y se restablezca la energía eléctrica.
Si no se resuelve el tema fiscal, cualquier reforma a Pemex será condenada a la vacuidad o, peor aún, servirá para acrecentar el deterioro de la empresa hasta lograr su desaparición. Y aquí cabe plantear la tercera relación de los mexicanos con el petróleo, que es de naturaleza inmaterial, relacionada con la saga histórica de la expropiación petrolera. En el imaginario colectivo representó el triunfo de David-México contra Goliat-transnacionales. Símbolo todavía poderoso, más valdría no ser menospreciado por los planificadores políticos del actual gobierno.
En el fondo, la disputa se plantea entre el fisco, y su necesidad vital de los recursos petroleros para equilibrar las finanzas públicas, y las transnacionales, que reclaman intervenir sin ataduras ni candados en la apropiación de las utilidades que genera la actividad petrolera en su conjunto. ¿Quién ganará? Porque el pueblo, los “de a pie”, difícilmente.
Por razones de vacación familiar tomaré un receso durante el resto de agosto. Nos vemos en septiembre, en la generosidad del espacio del Diario.- Mérida, Yucatán.