La reforma a las telecomunicaciones, siete años después.

Dulce María Sauri

Eran las 3:39 de la mañana del 29 de marzo de 2006 cuando se levantó la sesión del Senado de la República después de haber debatido ininterrumpidamente más de 15 horas. El asunto lo ameritaba, pues se trataba de una reforma a las leyes de radio y televisión y telecomunicaciones, que afectaba la propiedad de la nación, es decir, de todos los mexicanos, sobre el espectro radioeléctrico. Allá, en el espacio aéreo, donde se entrecruzan las señales que nos permiten escuchar la radio, ver la televisión, usar el teléfono celular, la radiocomunicación o el internet, se pretendía acaparar más para unas cuantas grandes empresas.

La discusión se daba en el marco de la campaña electoral para elegir al presidente de la república 2006-2012. Sin duda alguna eso determinó que ningún partido político se hubiera arriesgado en la Cámara de Diputados a confrontar poderosos intereses televisivos que podían sacar a sus candidatos del aire, por lo que las reformas fueron aprobadas por unanimidad.

No sucedió lo mismo en el Senado, que venía trabajando desde años atrás en una iniciativa que recogiera las peticiones a favor de una mayor competencia, diversidad y pluralidad en los medios de comunicación. Sin embargo, fuimos una minoría de senadores los que abordamos una y otra vez la tribuna para convencer a nuestros pares del riesgo que representaba la aprobación de esas leyes. No tuvimos éxito, pues al final de la fatigante jornada se reunieron los votos necesarios para hacer efectiva la reforma. Quienes no estuvimos de acuerdo utilizamos una figura que se llama “acción de inconstitucionalidad”, que faculta a la Suprema Corte a revisar la actuación del Poder Legislativo y definir si se apega o no a la Constitución. Para activar este poderoso mecanismo, se requería que al menos una tercera parte de los senadores, 43, interpusieran el recurso.

Se reunió el número, de todos los partidos políticos. El 7 de junio de 2007, más de un año después, la Suprema Corte declaró inconstitucionales los preceptos legales más dañinos para la competencia y la pluralidad. Es decir, los borró de la ley. Nosotros ya no éramos senadores, pero eso no enturbió el ánimo esperanzador con que asumimos la determinación del máximo tribunal de justicia del país.

Poco duró la ilusión de un cambio impulsado por el gobierno de Felipe Calderón, al que la decisión de la Corte sobre la inconstitucionalidad de las leyes aprobadas le había abierto un insospechado campo de posibilidades. Su tiempo pasó y nada de carácter sustancial sucedió. Hasta que vino la nueva campaña electoral en 2012 y el movimiento #yosoy132 cimbró el ambiente político y obligó a los cuatro candidatos, en especial a Enrique Peña Nieto, a pronunciarse sobre el Derecho a la Información, la pluralidad y la diversidad en los medios de comunicación.

Había un fundado escepticismo en el medio político sobre la materialización de los compromisos presidenciales en materia de radio, televisión y telecomunicaciones. En ese sector -el más dinámico de la economía nacional- se localizan los intereses de varios de los “billonarios” (en dólares) de la lista de Forbes, incluyendo a quien la encabeza. Pero sucedió. En el seno del Pacto por México, el Presidente y los partidos políticos presentaron el lunes pasado un conjunto de reformas constitucionales en esta materia.

Es una iniciativa de alto impacto para la economía, la sociedad y la política en México. Combate la concentración en unas cuantas empresas, que encarece los servicios y limita la expansión del sector en su conjunto. Propicia la competencia, para abaratar el acceso a la telefonía, internet y demás tecnologías asociadas a las telecomunicaciones. Al conjunto de la sociedad le abre la posibilidad de que el Estado le garantice su derecho a contar con los servicios de telecomunicaciones, incluido el de banda ancha (o internet). Pero donde más intensamente se sintió su impacto fue en el ámbito político.

Durante meses, el Presidente y su equipo tejieron fino con los dirigentes de los partidos representados en el Pacto por México, PRI. PAN y PRD, para materializar el compromiso y volverlo iniciativa de reforma constitucional. Estamos tan acostumbrados a que después de los anuncios gubernamentales que causan expectativas e incluso entusiasmo, nos caiga el “balde de agua fría” de la realidad, que cuando sucede algo como lo acontecido el lunes, continuamos esperando el momento en que “se desinfle” y alguien la descarrile. O que, una vez aprobada en la Constitución, sus leyes reglamentarias la decoloren y disuelvan para que los que siempre ganan lo hagan una vez más. No sé si la iniciativa del lunes sea una especie de “Rubicón” para Peña Nieto, el célebre río de Julio César que, al cruzarlo, lo hizo exclamar: “la suerte está echada”. Pero sí es algo parecido. Cruzada la línea, que no otra cosa significa su presentación conjunta en la Cámara de Diputados, no deberá haber marcha atrás en el esfuerzo de controlar y devolver a su verdadera dimensión a esos “poderes fácticos” de la radio, la televisión y las telecomunicaciones mexicanas. Pero también tiene otra implicación para Peña Nieto: como titular del Ejecutivo federal, renuncia a su facultad discrecional de otorgar concesiones de televisión, radio y telecomunicaciones. Será, si es aprobada la reforma, un órgano con autonomía constitucional -el Instituto Federal de Telecomunicaciones- el responsable de su asignación. Y éste se integrará por siete personas seleccionadas ya no por el Presidente, sino por instituciones académicas y científicas de relieve nacional.

Nadie pretende acabar con Televisa, TV Azteca, con Telmex o Telcel. Pero sí aspiramos a que haya verdaderas condiciones de competencia en el sector; que otras empresas participen en los servicios; que sean más baratos y accesibles para todos; que se abra la puerta para que organizaciones de la sociedad civil hagan uso del espectro radioeléctrico.

En la helada madrugada del 30 de marzo de 2006, parecía que la oscuridad se había enseñoreado del ánimo de quienes fuimos derrotados. Que no era una cuestión de mejores argumentos, sino de fuerza para imponerse. El paso del tiempo mostró que las luchas abonan el camino. Que los fracasos son sólo aparentes, porque la semilla se sembró y un día, como el lunes 11 de marzo de 2013, siete años después, comienza a dar fruto.- Mérida, Yucatán.