Dulce María Sauri Riancho
Continúan los cuestionamientos al Programa Nacional contra el Hambre, sobre todo en relación a la inclusión o exclusión de los municipios beneficiados. Pero no sólo se trata de la adecuada justificación de las autoridades federales respecto de la población incluida. El asunto crucial a definir trasciende las áreas geográficas en que trabajará SINHAMBRE, comisión creada para ese fin. Lo que tendríamos que replantear es la estrategia general para combatir la pobreza en México, en la que los subsidios y ayudas provenientes del gobierno, tanto federal como estatal, sólo tuvieran el carácter de transitorias, en tanto dan frutos las otras acciones institucionales de largo plazo, diseñadas para resolver el problema de fondo.
Pero ¿cuál es la raíz de la situación de pobreza en que viven millones de mexicanos y yucatecos, la que condena a los hijos a reproducir el círculo vicioso de carencias y necesidades que también padecieron sus padres y, antes que ellos, sus abuelos? No es otra cosa que la falta de “empleo decente”, que permita a los adultos, hombres y mujeres, obtener los ingresos necesarios para proporcionar una vida digna a su familia y contribuir de esa manera al bienestar colectivo.
La palabra “decente” provoca un poco de escozor. Más cuando la asociamos al trabajo. Para la Real Academia Española, este adjetivo tiene seis significados, de los cuales tomo tres: uno, “Honesto, justo, debido”; dos, “Digno, que obra dignamente”; tres, “De buena calidad, en cantidad suficiente”. Con estas definiciones podemos entender mejor el concepto de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para la cual la estrategia de promoción de “empleo decente” es el eje de sus acciones en el mundo entero. Pero para que esto suceda tiene que haber un primer y fundamental paso, que es ni más ni menos que “crear trabajo”. Pero no se trata de cualquier ocupación, como la venta de chicles en las calles, que puede ser “digna”, pero no es de “buena calidad”, pues no proporciona ingresos suficientes a quien la realiza, ni es sostenible al paso de los años para mantener a una familia.
Aunque cuenta mucho la voluntad de cualquier persona que se lanza a la aventura de abrir una fábrica o producir chile habanero, resulta fundamental la existencia de un ambiente que puede favorecer o inhibir el sano desarrollo del negocio que se inicia, la calidad de los empleos que ofrece, si están bien o mal pagados, si cuentan o no con seguridad social, entre otras calificaciones. Es aquí donde entran el gobierno y las políticas públicas enfocadas a fomentar el “empleo decente”.
En primer término, para crear empleos hay que multiplicar las oportunidades de inversión. Estas van desde la atracción de inversionistas de otras partes del país o del mundo para que instalen sus factorías en Yucatán, hasta asegurar la infraestructura para que puedan operar sus negocios. Y en este terreno competimos con otros estados de la república o con otros países, empeñados en lo mismo: lograr la instalación de grandes armadoras de vehículos, como la Volkswagen en Puebla o la Nissan en Aguascalientes, por citar dos de las que han tenido gran impacto en esas entidades. O integrarse a una estrategia internacional de negocios fincados en las tecnologías de la información y comunicación -las famosas TIC-, como Guadalajara; o encontrar un nuevo nicho de actividad, como la industria aeroespacial de Querétaro, que ahora constituye el referente básico para el desarrollo económico de ese estado.
¿Y nosotros, los yucatecos, cuál es el juego al que aspiramos jugar? De entrada, si queremos competir en la “liga mayor” de inversiones, tendríamos que resolver dos problemas básicos: conectividad y costos, en particular el de la energía eléctrica. De entrada, tenemos que aceptar que sigue sin resolverse el problema de transporte oportuno y a buen precio de grandes volúmenes de carga, porque casi todo lo que llega y sale del estado tiene que hacerlo por carretera, el más caro de todos los medios de transporte para insumos o productos de esa magnitud. Poco caso se le ha prestado al hecho que, desde 2007, la concesión del ferrocarril Chiapas-Mayab, la que absorbió al Ferrocarril del Sureste, fue devuelta al gobierno federal por los concesionarios, quienes no pudieron o quisieron realizar las inversiones necesarias para rehabilitar el tramo Campeche-Coatzacoalcos, seriamente dañado por los huracanes que habían asolado a la Península. Los trenes llegan a Mérida “cada venida de obispo”, generalmente transportando combustible que no pudo ser enviado por mar. ¿Resolverá esta situación el proyecto del Tren Transpeninsular? Definitivamente no, pues la conexión ferroviaria con el centro y norte del país seguiría interrumpida para Yucatán.
El otro problema que incide seriamente en la competitividad de las industrias yucatecas tiene que ver con el costo de las tarifas eléctricas de media tensión, que es el tipo de energía que se emplea en las fábricas. A las empresas les cuesta alrededor del diez por ciento más que a sus competidores del centro del país. La CFE nunca ha brindado razón suficiente de este trato discriminatorio. Que, antes, costaba más la energía generada por termoeléctricas que operaban con combustóleo. Pero ahora lo hacen con gas natural. Que no había suficiente volumen de consumo. Ahora hasta exportan energía a Belice. Entonces, ¿por qué?
Tener “empleos decentes” en Yucatán pasa por resolver esas dos cuestiones: conectividad y costo de la energía eléctrica. Desde luego que hay otras muchas cosas que es indispensable atender, como el financiamiento, la capacitación, la protección social de los trabajadores. Pero como diría el Poeta del Crucero, lo primero, es lo primero…- Mérida, Yucatán.