El empacho de la Sedesol
Reforma administrativa del sexenio de Peña Nieto
Dulce María Sauri
Riancho
Llegó la esperada propuesta
de reforma a la Ley de la Administración Pública Federal que Enrique Peña Nieto
presenta en el Congreso de la Unión a través de los legisladores del PRI y del
Verde. Los tiempos están correctamente calculados, pues si se aprueban y el
presidente Calderón las publica antes del 1 de diciembre, se evitarán los
problemas de seguir sosteniendo secretarías, como la de Planeación en Yucatán,
cuando se ha decidido desaparecerlas.
Sin embargo, no todo es color
de rosa. Han surgido diversos cuestionamientos en torno a la pertinencia de
varios de los cambios que se darían si la iniciativa de marras fuera aprobada
en sus términos. Quiero llamar su atención sobre el significado de algunas
modificaciones, aparentemente poco trascendentes, pero que de ser aprobadas
tendrán un impacto definitivo en la construcción de las nuevas formas de
ejercer la responsabilidad de gobernar. Me refiero a las “siete hermanas”,
todas ellas instituciones que tienen en común su carácter transversal, la
participación en varias de ellas de representantes de la sociedad civil en
calidad de consejeros o supervisores de su actuación, que la iniciativa de
reforma pretende concentrar (sectorizar es el término) en la Secretaría de
Desarrollo Social. Rápidamente las enumero:
1) La Comisión Nacional para
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), organismo descentralizado, no
sectorizado, de la administración pública federal. Mucho ojo con esta
característica, pues significa que la CDI, al igual que 2) el Instituto Nacional
de las Mujeres (Inmujeres), dependen del Presidente de la República, lo que
además de rango administrativo, les otorga visibilidad para el desempeño de sus
tareas.
3) El Consejo Nacional para
Prevenir la Discriminación (Conapred) también es un órgano desconcentrado,
aunque perteneciente a la Secretaría de Gobernación. 4) El Instituto Nacional
de la Juventud está sectorizado en Educación Pública. 5) El Consejo Nacional
para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que forma
parte de la Secretaría de Salud. 6) Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar
la Violencia contra las Mujeres, que también está sectorizado en Gobernación, y
por último, 7) el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, el único
perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
El argumento de la iniciativa
para agrupar a las “siete hermanas” consiste en “… evitar la dispersión de
políticas de atención a grupos específicos de la sociedad mexicana, para
impulsar con sentido integral las tareas de inclusión social que se requieren,
con esfuerzo coordinado…”. Esta razón meramente operativa y aparentemente
funcional pretende sumar “peras con manzanas”, pues tienen esferas de
responsabilidad y mandamiento legal distintos.
Las dos que hasta la fecha se
encuentran directamente vinculadas a la Presidencia de la República requieren
de la fuerza de la institución presidencial para aplicar las políticas que
involucran a las distintas y poderosas secretarías, como Comunicaciones, Salud,
Agricultura, entre otras. La ley establece que la CDI es instancia de consulta
obligada para el conjunto de la administración pública federal en materia
indígena. (Art. 2o. constitucional), creado en 1948 como Instituto Nacional
Indigenista, luchó por transformarse en un órgano no sectorizado, porque los
pueblos originarios de México requieren acciones coordinadas de las secretarías
y dependencias del gobierno en su conjunto. Es el mismo caso de Inmujeres,
conformado en enero de 2001, que tiene una Junta de Gobierno integrada por los
titulares de 16 secretarias y dependencias del gobierno en su conjunto, además
de ocho integrantes del Consejo Consultivo y ocho del Consejo Social, la
mayoría representantes de la sociedad civil.
El Conapred, dedicado a
combatir la discriminación con el apoyo de Gobernación, está definido en la Ley
como “… órgano de Estado…” que tiene, además, atribuciones para resolver
reclamaciones y quejas sobre actos considerados como discriminatorios, de
acuerdo con el artículo 1o. constitucional.
Por razones de experiencia
personal, profundizo en Inmujeres. Desde hace 37 años, en 1975 comenzó la
construcción de los mecanismos institucionales para el adelanto de las mujeres
en México. Veinte años después surgió el Programa Nacional de la Mujer (Pronam)
1995-2000, para hacer realidad los compromisos adoptados por México en Beijing.
En junio de 1996 fui nombrada coordinadora nacional del Pronam, con la
responsabilidad de armar la estructura administrativa que hiciera posible la
ejecución del Programa. El comienzo fue muy difícil, no sólo por la ausencia
casi total de apoyos materiales y personal, sino por la “fina” indiferencia del
aparato gubernamental hacia los temas de mujeres. Para vencer los obstáculos de
todo tipo que se presentaron, fue crucial la participación de las mujeres
integrantes del Consejo Consultivo y de la Contraloría Social, que provenían de
distintos mundos: partidistas, ideológicos, de diversas experiencias, pero que
se unieron para procurar la instalación y el arraigo de la Comisión Nacional de
la Mujer, sectorizada desde su origen en la Secretaría de Gobernación. El
esfuerzo demandaba ir más lejos, hacia una institución dependiente en forma
directa del Presidente de la República. Así surgió Inmujeres, con su ley
correspondiente, en 2001.
La compactación en Sedesol no
es una buena idea. En vez de avanzar, ampliando los espacios de participación
de la sociedad, éstos se limitarán, porque disminuirá necesariamente su peso
político. ¿Ustedes creen que un secretario de Gobernación, por ejemplo, aceptará
tratar con el responsable de la Conapred, dependiente de otra secretaría? ¿O
qué pasará con Inmujeres y la Defensa Nacional, con la que tantos avances pudo
concretar en el sexenio que termina?
Por esta comelitona
burocrática, la Sedesol podría sufrir un severo “empacho institucional”. No es
la vía para combatir la dispersión, sino para desalentar esfuerzos de muchos
años y muchos grupos.- Mérida, Yucatán.