El empacho de la Sedesol


Reforma administrativa del sexenio de Peña Nieto
Dulce María Sauri Riancho

Llegó la esperada propuesta de reforma a la Ley de la Administración Pública Federal que Enrique Peña Nieto presenta en el Congreso de la Unión a través de los legisladores del PRI y del Verde. Los tiempos están correctamente calculados, pues si se aprueban y el presidente Calderón las publica antes del 1 de diciembre, se evitarán los problemas de seguir sosteniendo secretarías, como la de Planeación en Yucatán, cuando se ha decidido desaparecerlas.

Sin embargo, no todo es color de rosa. Han surgido diversos cuestionamientos en torno a la pertinencia de varios de los cambios que se darían si la iniciativa de marras fuera aprobada en sus términos. Quiero llamar su atención sobre el significado de algunas modificaciones, aparentemente poco trascendentes, pero que de ser aprobadas tendrán un impacto definitivo en la construcción de las nuevas formas de ejercer la responsabilidad de gobernar. Me refiero a las “siete hermanas”, todas ellas instituciones que tienen en común su carácter transversal, la participación en varias de ellas de representantes de la sociedad civil en calidad de consejeros o supervisores de su actuación, que la iniciativa de reforma pretende concentrar (sectorizar es el término) en la Secretaría de Desarrollo Social. Rápidamente las enumero:

1) La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), organismo descentralizado, no sectorizado, de la administración pública federal. Mucho ojo con esta característica, pues significa que la CDI, al igual que 2) el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), dependen del Presidente de la República, lo que además de rango administrativo, les otorga visibilidad para el desempeño de sus tareas.

3) El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) también es un órgano desconcentrado, aunque perteneciente a la Secretaría de Gobernación. 4) El Instituto Nacional de la Juventud está sectorizado en Educación Pública. 5) El Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que forma parte de la Secretaría de Salud. 6) Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que también está sectorizado en Gobernación, y por último, 7) el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, el único perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

El argumento de la iniciativa para agrupar a las “siete hermanas” consiste en “… evitar la dispersión de políticas de atención a grupos específicos de la sociedad mexicana, para impulsar con sentido integral las tareas de inclusión social que se requieren, con esfuerzo coordinado…”. Esta razón meramente operativa y aparentemente funcional pretende sumar “peras con manzanas”, pues tienen esferas de responsabilidad y mandamiento legal distintos.

Las dos que hasta la fecha se encuentran directamente vinculadas a la Presidencia de la República requieren de la fuerza de la institución presidencial para aplicar las políticas que involucran a las distintas y poderosas secretarías, como Comunicaciones, Salud, Agricultura, entre otras. La ley establece que la CDI es instancia de consulta obligada para el conjunto de la administración pública federal en materia indígena. (Art. 2o. constitucional), creado en 1948 como Instituto Nacional Indigenista, luchó por transformarse en un órgano no sectorizado, porque los pueblos originarios de México requieren acciones coordinadas de las secretarías y dependencias del gobierno en su conjunto. Es el mismo caso de Inmujeres, conformado en enero de 2001, que tiene una Junta de Gobierno integrada por los titulares de 16 secretarias y dependencias del gobierno en su conjunto, además de ocho integrantes del Consejo Consultivo y ocho del Consejo Social, la mayoría representantes de la sociedad civil.

El Conapred, dedicado a combatir la discriminación con el apoyo de Gobernación, está definido en la Ley como “… órgano de Estado…” que tiene, además, atribuciones para resolver reclamaciones y quejas sobre actos considerados como discriminatorios, de acuerdo con el artículo 1o. constitucional.

Por razones de experiencia personal, profundizo en Inmujeres. Desde hace 37 años, en 1975 comenzó la construcción de los mecanismos institucionales para el adelanto de las mujeres en México. Veinte años después surgió el Programa Nacional de la Mujer (Pronam) 1995-2000, para hacer realidad los compromisos adoptados por México en Beijing. En junio de 1996 fui nombrada coordinadora nacional del Pronam, con la responsabilidad de armar la estructura administrativa que hiciera posible la ejecución del Programa. El comienzo fue muy difícil, no sólo por la ausencia casi total de apoyos materiales y personal, sino por la “fina” indiferencia del aparato gubernamental hacia los temas de mujeres. Para vencer los obstáculos de todo tipo que se presentaron, fue crucial la participación de las mujeres integrantes del Consejo Consultivo y de la Contraloría Social, que provenían de distintos mundos: partidistas, ideológicos, de diversas experiencias, pero que se unieron para procurar la instalación y el arraigo de la Comisión Nacional de la Mujer, sectorizada desde su origen en la Secretaría de Gobernación. El esfuerzo demandaba ir más lejos, hacia una institución dependiente en forma directa del Presidente de la República. Así surgió Inmujeres, con su ley correspondiente, en 2001.

La compactación en Sedesol no es una buena idea. En vez de avanzar, ampliando los espacios de participación de la sociedad, éstos se limitarán, porque disminuirá necesariamente su peso político. ¿Ustedes creen que un secretario de Gobernación, por ejemplo, aceptará tratar con el responsable de la Conapred, dependiente de otra secretaría? ¿O qué pasará con Inmujeres y la Defensa Nacional, con la que tantos avances pudo concretar en el sexenio que termina?

Por esta comelitona burocrática, la Sedesol podría sufrir un severo “empacho institucional”. No es la vía para combatir la dispersión, sino para desalentar esfuerzos de muchos años y muchos grupos.- Mérida, Yucatán.

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