La primera prueba
Dulce María Sauri Riancho
Las prisas del Congreso
En Yucatán, el 1 de septiembre habrán de tomar posesión los
nuevos ayuntamientos de los 106 municipios y habrá de integrarse la nueva
legislatura local. Un mes después, el 1 de octubre, se iniciará la gestión del
gobernador. Les restan entonces menos de 45 días a las actuales autoridades
municipales y a los diputados antes de concluir sus funciones, y 30 días más a
la gobernadora. La proximidad del final de un gobierno se caracteriza por las
inauguraciones de obras, algunas de ellas aún inconclusas, para demostrar ante
la sociedad el cumplimiento de los compromisos y la eficiencia de la
administración que se va. Hacia adentro, los equipos que se verán sustituidos en breve, se
apuran a poner en orden las cuentas y desahogar los pendientes que dejaron sin
resolver por los presuntos riesgos de perder votos o simpatías antes de la
elección.
Las prisas gubernamentales, sin embargo, tienen urgencias
distintas. No será lo mismo la transición administrativa entre autoridades del
mismo partido, como la que sucederá en el gobierno del Estado, que la que podrá
darse en los ayuntamientos que cambiarán de signo partidario, como es el caso
de Mérida. En el Congreso también habrá alguna diferencia entre la mayoría
calificada que actualmente tiene el PRI al contar con 17 legisladores (dos
terceras partes), con la nueva integración a partir del 1 de septiembre, en que
el PRI requerirá de un votoal
menos, que provenga del PAN o del PRD, lo que implicará necesidad de negociar y
construir acuerdos políticos para reformar la Constitución o nombrar
magistrados y consejeros electorales.
Tal vez sea ésta la explicación de la premura por convocar a
la renovación de tres de los cinco consejeros del Ipepac, en pleno proceso
electoral, cuando todavía falta la parte importantísima de la resolución de las
controversias que presentaron los partidos ante el Tribunal. Las palabras
mágicas que cobijan a los actuales diputados son: a más tardar. Así justifican
decidir ahora, aun cuando el periodo de los actuales consejeros se vence hasta
el 30 de noviembre. Claro que para ese día ya no se podría contar
automáticamente con la mayoría calificada para aprobar los nombramientos, lo
cual obligaría al PRI a negociar, de entrada, con los nuevos diputados del PAN y del PRD.
La actual
legislatura estatal pretende realizar el proceso completo en relación con los
actuales tres consejeros, que podrán ser reelectos, al igual que sus suplentes.
Antes del 10 de agosto, los diputados deberán aprobar el dictamen. Sólo si los
consejeros no son ratificados, se abriría el proceso en la forma que marca la
ley electoral, esto es, se recabarían las propuestas de las organizaciones
sociales. Los actuales diputados no tienen tiempo, ni del calendario ni de la
política. Si en alguna parte es indispensable el consenso para aprobar un
nombramiento, es en los órganos electorales. Imponer la mayoría numérica y
dejar la sensación de que se buscó favorecer los intereses de un partido
político haciendo a un lado a los demás es sembrar la mala semilla de la
desconfianza en el seno mismo de la institución responsable de garantizar la
legalidad y la certidumbre de los procesos electorales. Después, en el
siguiente proceso, dará sus amargos frutos en la cuestionada legitimidad de las
autoridades.
¿Para qué
las prisas del Congreso? ¿Para amedrentar a los actuales consejeros sobre su
conducta en el órgano colegiado? ¿Para deshacerse de algún “incómodo”, por sus
posiciones críticas? ¿Para “comerle el mandado” político al próximo coordinador
de la mayoría priísta? ¿Para ponerle “candado” al Consejo General del Ipepac,
cuya llave se irá con la mudanza del Palacio de Gobierno el 1 de octubre?
Es cierto
que el Ejecutivo del estado, es decir, el o la gobernadora, se encuentra al
margen de los mecanismos para elegir a los consejeros electorales, así lo señala
la misma Constitución de Yucatán.
Son las
organizaciones sociales las responsables de proponer a las personas que
consideren idóneas para ocupar estos cargos por seis años. Sin embargo, las
prisas del Congreso llegarían hasta la misma oficina del próximo gobernador
para no decir que salpicarían su gestión, desde su inicio. A quien ya se va,
poco le afecta, pero flaco favor le hace la mayoría priísta a Rolando Zapata
cuando apresura plazos. A la primera de cambios, los mismos priístas dejan en
entredicho a su candidato ganador, quien empeñó su palabra de dialogar de
manera franca con la sociedad y las organizaciones ciudadanas.
“Sin
querer, queriendo”, como decía Chespirito, Rolando Zapata tiene enfrente su
primera prueba, puesta por sus propios compañeros de partido. Por su futura
gestión exitosa, espero que la resuelva de la mejor manera, que no es otra que
respetar la ley y los tiempos políticos que soplan a favor de los que vienen,
no de los que se van.- Mérida, Yucatán.