De la fiesta del 1 de agosto al Informe de Gobierno

Dulce María Sauri Riancho

Uno de cinco

El próximo 1 de septiembre se consuma el penúltimo cambio del calendario electoral yucateco, de los establecidos seis años atrás. Ese día los nuevos ayuntamientos tomarán posesión de los palacios municipales, una vez que hayan rendido su protesta el 31 agosto. Lo mismo sucederá con los diputados que integrarán el nuevo Congreso. Hasta un mes después, el 1 de octubre, se realizará el cambio en el gobierno del Estado, el último ajuste en el proceso iniciado en 2006.

Pero también para quienes se van hay cambios en las fechas. Por única vez, la gobernadora tendrá que rendir su 5o. y último informe el primer domingo de septiembre, es decir, el día 2, en vez del tercer domingo de octubre, como debió hacerlo y no lo hizo en sus primeros cuatro años.

En las cuatro ocasiones previas en que la titular del Ejecutivo del Estado debía informar de su desempeño al Congreso, la gobernadora decidió no asistir y enviar el documento con un “propio”.

Fue así como la obligación constitucional fue prácticamente borrada por el denominado “informe ciudadano”, que se realizó, cada año, el 1 de agosto.

El gobierno del Estado organizó una especie de fiesta oficial en la que la gobernadora era la festejada para conmemorar la fecha en que asumió el cargo, en 2007. Como celebración que era, la “festejada” sólo informaba de las acciones que consideraba relevantes y “vestidoras” para ilustrar el cumplimiento de sus compromisos. La contraparte, los diputados, fueron “mirones de palo”, o, si queremos decirlo más suavemente, “invitados especiales”, al igual que los protagonistas de la telenovela en boga o los representantes de organizaciones y sectores de la sociedad. Cuando finalmente llegaba el tercer domingo de octubre, fecha obligada para informar al Congreso, durante cuatro años acudió el secretario general de gobierno en turno a entregar el documento del informe, por cuenta y orden de la gobernadora, en medio de una opinión pública confundida al creer que desde agosto sus autoridades habían cumplido.

La enorme ventaja de la fiesta de agosto era que, sin perturbación ni cuestionamiento de ningún tipo, el gobierno estatal podía realizar una campaña publicitaria por 10 días, salir en la televisión y la radio, poner espectaculares y carteleras por todo el estado, sin que la contraparte, es decir los diputados, tuvieran posibilidad de realizar observación alguna ni aplicar los mecanismos que la propia Constitución señala para la fiscalización de los actos de la titular del otro poder. En cambio, en octubre, semi ocultos en la confusión e indiferencia, los legisladores cumplían con la formalidad de desahogar el trámite constitucional.

Pero dice el refrán que “… no hay quinto malo…”, y en esta ocasión no lo será para la Constitución de Yucatán. Por única vez en cinco años, no hay festejo el 1 de agosto. Las novedades de antaño -la megajarana, la ceremonia de las flechas de Dzibichaltún- quedarán en la memoria colectiva como formas un tanto exóticas y dispendiosas de celebrar un acto público, en las que lo oficial y lo privado se confundían a propósito.

Quiero pensar que el respeto por la norma constitucional hará que el domingo 2 de septiembre la gobernadora comparezca ante la nueva legislatura para informar del estado que guarda su administración, en vísperas de concluir su encargo. Que la situación del erario implicará austeridad en la promoción de la imagen de la gobernadora en los medios masivos de comunicación. Que también, por única vez, la titular del Ejecutivo será quien entregue el informe por escrito y emita un mensaje con el recuento de su gestión y su visión del Yucatán que deja. Los nuevos diputados habrán de realizar una ponderación atenta y rápida, pues unos días después, el 30 de septiembre, serán relevados los funcionarios responsables de las acciones consignadas en el documento de marras.

Al igual que los legisladores federales, los nuevos diputados del Congreso de Yucatán pueden tener un buen estreno al ejercer a cabalidad su importante atribución de fiscalizar al Ejecutivo. Tal vez les sea más fácil hacerlo con quien se va -presidente de la República, gobernadora del Estado-, cuando ellos recién comienzan un encargo que durará tres años. En el caso local, los legisladores podrían poner su “grano de arroz” en la revisión de la gestión del gobierno saliente, anticipando de alguna manera la acción que habrán de realizar los funcionarios que sean nombrados por el nuevo gobernador. De esta manera, tanto la mayoría del PRI como los opositores, podrán ayudar a darle sentido y trascendencia a los actos de entrega-recepción de laadministración pública estatal.

Los diputados que se van, tan ansiosos de hacer la tarea que le compete a la próxima legislatura en cuanto a la elección de los consejeros electorales, podrían cumplir una atribución que sí les corresponde: enviar al Ejecutivo las preguntas sobre distintos aspectos de la administración estatal, que con lapso “… no menor a veinte días naturales…” tendrían que hacerle llegar a la gobernadora. Que no lo hagan los priístas, se entendería, pero que tampoco lo realicen los opositores sólo reflejaría lo poco que importa en realidad ejercer la función fiscalizadora del Congreso, o al menos intentarlo.- Mérida, Yucatán.