Los debates, qué les falta. (Para iluminar el futuro, crítica a las propuestas)
Dulce María Sauri Riancho
Me gustó el debate del 6 de mayo entre los candidatos a la Presidencia de la República. Aunque falta mucho para llegar a la mayoría de edad en estos menesteres, lo registro como avance desde que se iniciaron en 1994. Las limitaciones de tiempo tuvieron que ver con la necesidad de oír a cuatro candidatos y de dar oportunidad al contraste entre ellos. Esta dinámica permitió a muchos mexicanos mantener su atención durante los 120 minutos que duró la transmisión. En ese lapso hubo propuestas, un buen número; también hubo críticas y descalificaciones de los candidatos del segundo y tercer lugar hacia quien lleva la delantera en las preferencias electorales. Lo inusitado fue que también el puntero atacó y descalificó a sus oponentes.
Sin embargo, el déficit del debate del domingo estuvo en la parte de confrontación y crítica a las propuestas que presentaron los cuatro participantes. Hubo muchas coincidencias, es cierto, como en los casos del combate a la pobreza, la creación de una policía nacional (federal, la llamó López Obrador; con disciplina militar, Vázquez Mota), el acceso universal a internet y el combate a los monopolios. Pero ninguno de los candidatos intentó confrontar al otro haciéndole la pregunta sobre los “cómo”, es decir, la forma en que se proponen aplicar su propuesta, las posibles consecuencias y la alternativa que él o ella tienen para hacerlo de otra manera.
Por ejemplo, Enrique Peña Nieto planteó la creación de un sistema de seguridad social universal, es decir, para todos los mexicanos, independientemente de si cotizan al Issste, IMSS. Esto significaría la creación de una pensión para todos los adultos mayores, incluyendo a las mujeres que en su mayoría nunca han trabajado fuera del hogar y, en consecuencia, no pueden aspirar a una jubilación que les garantice su vejez. Llevarlo al cabo cuesta un mundo de dinero, por lo que el propio Peña Nieto anunció una reforma fiscal profunda. Ninguno de sus adversarios quiso o supo preguntarle si se proponía aumentar los impuestos: el IVA, el ISR, o si habría considerado un nuevo gravamen para materializar su ofrecimiento.
En el campo de la competitividad, Josefina Vázquez Mota hizo el ofrecimiento de la eliminación de las cuotas obrero-patronales para aligerar el gasto de los empresarios y aumentar así la creación de empleos. También señaló que impulsaría un esquema de salud en el que cada quien decidiera dónde atenderse, no necesariamente en los hospitales públicos. Los otros tres candidatos omitieron preguntarle sobre las previsibles consecuencias de esta propuesta en el IMSS, que se quedaría sin los recursos que provienen precisamente de esas cuotas. O lo que pasaría con el Infonavit y la construcción de viviendas de interés social.
Andrés Manuel López Obrador afirmó que habría un ahorro de 600 mil millones de pesos (el 20% del presupuesto del país) combatiendo la corrupción en el gobierno y reduciendo los sueldos de los funcionarios. También propuso bajar el precio de la gasolina y los combustibles en general, lo que implicaría que el gobierno dejaría de percibir importantes cantidades por la vía de los impuestos que recauda, además de que tendría que incrementar el subsidio a los combustibles. Fue el único caso en que uno de los cuatro, Gabriel Quadri, realizó una crítica, al señalar que una medida de esa naturaleza sólo reforzaría el desperdicio energético y el subsidio a los más ricos.
Precisamente Quadri realizó la propuesta más polémica, que a mi juicio se dejó pasar por los otros tres porque este candidato es el que registra la menor intención de voto. Me refiero a la eliminación de los subsidios a los combustibles llamados “fósiles”, como las gasolinas y sus derivados. Esta medida significaría en automático, que pasaría el precio del litro de gasolina de 10 a 20 pesos, para empezar. Esta posición tendría un efecto inmediato en los bolsillos de todos los mexicanos, sin excepción.
El problema fue que las críticas se concentraron en la actuación pasada de los candidatos, dos de ellos ex gobernantes de las entidades más grandes del país, Estado de México y el Distrito Federal, o en el número de asistencias de Vázquez Mota a las sesiones de la Cámara de Diputados.
No les pido a los candidatos que se hagan el haraquiri y hablen de los impuestos que será necesario incrementar, de los precios de la electricidad y las gasolinas que tendrán que subir, o de la desaparición de las grandes instituciones de seguridad social de México. Pero sí reclamo que sus contendientes no hayan mostrado el conocimiento y el arrojo para cuestionarlo. Tal vez el 10 de junio alguno se atreva a confrontar al otro sobre las consecuencias de sus propuestas en materia de política exterior, política y gobierno y desarrollo social, temas del segundo debate.
Colofón. ¿Y los debates en Yucatán? No nos vengan con que “no hay dinero”. Imer y Canal 13 local son medios públicos, propiedad del pueblo yucateco, tienen la responsabilidad de abrir sus cámaras y micrófonos. La cantidad requerida sería mínima para lograr la transmisión. ¿Falta voluntad política? ¿O sobran temores y soberbia?— Mérida, Yucatán.
Me gustó el debate del 6 de mayo entre los candidatos a la Presidencia de la República. Aunque falta mucho para llegar a la mayoría de edad en estos menesteres, lo registro como avance desde que se iniciaron en 1994. Las limitaciones de tiempo tuvieron que ver con la necesidad de oír a cuatro candidatos y de dar oportunidad al contraste entre ellos. Esta dinámica permitió a muchos mexicanos mantener su atención durante los 120 minutos que duró la transmisión. En ese lapso hubo propuestas, un buen número; también hubo críticas y descalificaciones de los candidatos del segundo y tercer lugar hacia quien lleva la delantera en las preferencias electorales. Lo inusitado fue que también el puntero atacó y descalificó a sus oponentes.
Sin embargo, el déficit del debate del domingo estuvo en la parte de confrontación y crítica a las propuestas que presentaron los cuatro participantes. Hubo muchas coincidencias, es cierto, como en los casos del combate a la pobreza, la creación de una policía nacional (federal, la llamó López Obrador; con disciplina militar, Vázquez Mota), el acceso universal a internet y el combate a los monopolios. Pero ninguno de los candidatos intentó confrontar al otro haciéndole la pregunta sobre los “cómo”, es decir, la forma en que se proponen aplicar su propuesta, las posibles consecuencias y la alternativa que él o ella tienen para hacerlo de otra manera.
Por ejemplo, Enrique Peña Nieto planteó la creación de un sistema de seguridad social universal, es decir, para todos los mexicanos, independientemente de si cotizan al Issste, IMSS. Esto significaría la creación de una pensión para todos los adultos mayores, incluyendo a las mujeres que en su mayoría nunca han trabajado fuera del hogar y, en consecuencia, no pueden aspirar a una jubilación que les garantice su vejez. Llevarlo al cabo cuesta un mundo de dinero, por lo que el propio Peña Nieto anunció una reforma fiscal profunda. Ninguno de sus adversarios quiso o supo preguntarle si se proponía aumentar los impuestos: el IVA, el ISR, o si habría considerado un nuevo gravamen para materializar su ofrecimiento.
En el campo de la competitividad, Josefina Vázquez Mota hizo el ofrecimiento de la eliminación de las cuotas obrero-patronales para aligerar el gasto de los empresarios y aumentar así la creación de empleos. También señaló que impulsaría un esquema de salud en el que cada quien decidiera dónde atenderse, no necesariamente en los hospitales públicos. Los otros tres candidatos omitieron preguntarle sobre las previsibles consecuencias de esta propuesta en el IMSS, que se quedaría sin los recursos que provienen precisamente de esas cuotas. O lo que pasaría con el Infonavit y la construcción de viviendas de interés social.
Andrés Manuel López Obrador afirmó que habría un ahorro de 600 mil millones de pesos (el 20% del presupuesto del país) combatiendo la corrupción en el gobierno y reduciendo los sueldos de los funcionarios. También propuso bajar el precio de la gasolina y los combustibles en general, lo que implicaría que el gobierno dejaría de percibir importantes cantidades por la vía de los impuestos que recauda, además de que tendría que incrementar el subsidio a los combustibles. Fue el único caso en que uno de los cuatro, Gabriel Quadri, realizó una crítica, al señalar que una medida de esa naturaleza sólo reforzaría el desperdicio energético y el subsidio a los más ricos.
Precisamente Quadri realizó la propuesta más polémica, que a mi juicio se dejó pasar por los otros tres porque este candidato es el que registra la menor intención de voto. Me refiero a la eliminación de los subsidios a los combustibles llamados “fósiles”, como las gasolinas y sus derivados. Esta medida significaría en automático, que pasaría el precio del litro de gasolina de 10 a 20 pesos, para empezar. Esta posición tendría un efecto inmediato en los bolsillos de todos los mexicanos, sin excepción.
El problema fue que las críticas se concentraron en la actuación pasada de los candidatos, dos de ellos ex gobernantes de las entidades más grandes del país, Estado de México y el Distrito Federal, o en el número de asistencias de Vázquez Mota a las sesiones de la Cámara de Diputados.
No les pido a los candidatos que se hagan el haraquiri y hablen de los impuestos que será necesario incrementar, de los precios de la electricidad y las gasolinas que tendrán que subir, o de la desaparición de las grandes instituciones de seguridad social de México. Pero sí reclamo que sus contendientes no hayan mostrado el conocimiento y el arrojo para cuestionarlo. Tal vez el 10 de junio alguno se atreva a confrontar al otro sobre las consecuencias de sus propuestas en materia de política exterior, política y gobierno y desarrollo social, temas del segundo debate.
Colofón. ¿Y los debates en Yucatán? No nos vengan con que “no hay dinero”. Imer y Canal 13 local son medios públicos, propiedad del pueblo yucateco, tienen la responsabilidad de abrir sus cámaras y micrófonos. La cantidad requerida sería mínima para lograr la transmisión. ¿Falta voluntad política? ¿O sobran temores y soberbia?— Mérida, Yucatán.