Las difíciles decisiones
Florence Cassez y el taxista yucateco
Dulce María Sauri
Este miércoles la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia resolvió sobre un amparo que interpuso Florence Cassez, ciudadana francesa, contra una sentencia que la condena a pasar 60 años en prisión, acusada de secuestro y delincuencia organizada. Apenas hace unos días, aquí en Mérida, un juez puso en libertad a dos personas acusadas de agredir salvajemente a un taxista mientras realizaba su trabajo. ¿Cuáles son las semejanzas entre asuntos aparentemente tan distintos?
En ambos casos lo que está a discusión es el respeto al "debido proceso", que no es otra cosa que cumplir la Ley en todos y cada uno de los pasos que da la autoridad, con la finalidad pura y simple de hacer justicia.
Florence Cassez fue detenida a principios de diciembre de 2005 en un rancho cercano a la ciudad de Cuernavaca, junto con su novio, un mexicano de apellido Vallarta, señalado como el jefe de una banda de secuestradores. En esa misma propiedad se encontraban unas personas presuntamente retenidas por ellos, por las cuales exigían un rescate millonario. Hasta este punto parecía que -¡por fin!- la policía federal realizaba una acción exitosa. En transmisión directa desde el lugar de los hechos, millones de televidentes pudieron presenciar cómo la Policía Federal irrumpía en el lugar, sometía a los delincuentes, entre los que se encontraba Cassez, y rescataba a las víctimas. Las escenas parecían extraídas de alguna de las series policíacas norteamericanas como "La Ley y el Orden" o "CSI".
Resulta que todo lo presenciado en cadena nacional de televisión fue un montaje diseñado ex profeso para ella. Ahora se sabe que Vallarta y Cassez habían sido detenidos días antes, que fueron llevados de nuevo al rancho, al igual que las víctimas, para recrear lo que supuestamente había acontecido en ese sitio muchas horas atrás. De esta situación nos enteramos varias semanas más tarde, después de la abundante cosecha de felicitaciones que por su "enérgica y oportuna actuación" habían obtenido las autoridades policíacas.
Por increíble que parezca, cuando se inició el juicio contra Cassez, los jueces hicieron a un lado este hecho fundamental. Al hacer caso omiso del mismo, los juzgadores no consideraron si el montaje televisivo había introducido un sesgo radical en la investigación, si los testigos dudosos en una primera instancia, al ver las imágenes, fueron inducidos a declarar en la forma como las autoridades, erigidas en productores de televisión, esperaban. O ellos mismos terminaron por asumir, al participar activamente en la puesta en escena, que los hechos sucedieron tal como fueron transmitidos en el montaje televisivo.
La certidumbre jurídica se escurrió entre las dramáticas tomas televisivas. Se vulneró con este acto la garantía del debido proceso no sólo para los presuntos culpables -Cassez y otros-, sino también para las víctimas, pues el mal proceder de las autoridades policíacas contaminó las distintas etapas del juicio. Además, Florence Cassez, como ciudadana extranjera, tenía el derecho a recibir asistencia consular de su país -Francia- desde el momento de su detención. Este derecho es el mismo que reclamamos para los miles de mexicanos detenidos en los Estados Unidos, decenas de ellos condenados a muerte. Cassez no fue asistida con oportunidad por el servicio consular francés.
En Mérida, la libertad de los agresores del taxista fue otorgada por el juez debido a que no fueron consignados de inmediato a las autoridades judiciales, sino que la policía los retuvo indebidamente por varias horas. Su defensa adujo, además, "... que cuando llegaron a la sede del Juzgado estaban sangrando...", para argumentar la ilegalidad de su detención.
Tanto las víctimas de secuestro en el caso Cassez-Vallarta, como los socios del Frente Único de Trabajadores del Volante, compañeros del taxista agredido, claman justicia y denuncian la impunidad que parece enseñorearse si liberan a sus victimarios. Tienen razón.
El problema está en la actuación de las autoridades. La Policía Federal no tenía que haber realizado un show televisivo para elevar sus "bonos" por la detención de Cassez. La Fiscalía de Yucatán debió haber consignado de inmediato a los agresores del taxista. No lo hicieron.
Ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su Sala Penal, resolvió un asunto (la negación de la libertad) que, con mucho, trasciende a la persona de Florence Cassez. Lo que está en revisión es el sistema de justicia penal que los mexicanos estamos dispuestos a enmendar, en que las autoridades -todas, no sólo los jueces- cumplan su parte de proteger a las víctimas y respetar las garantías de las personas sujetas a proceso, sean mexicanas o extranjeras.
El juez de Yucatán tomó una difícil decisión. Quizá lo más sencillo hubiera sido decretar la formal prisión de los responsables de la brutal agresión al taxista. Pasar por alto una vez más las violaciones a los procedimientos de la Fiscalía. Pero si apostamos por un verdadero cambio en el sistema de justicia, que no se quede sólo en las formas de los juicios orales, el juez fue consecuente al decretar la liberación de estas dos personas. A ver "si los pajaritos volaron", cuando los agentes de la Fiscalía intenten detenerlos de nuevo.- Mérida, Yucatán.