Con visión de futuro. Empresarios y gobierno
Dulce María Sauri Riancho
Invitada por un grupo de empresarios, hace unos días participé en un interesante ejercicio de reflexión colectiva sobre la relación entre gobernantes y las organizaciones empresariales. A partir de las experiencias vividas por gobernadores en su trato con los dirigentes, esta organización empresarial busca alentar una relación con las autoridades que le dé buenos resultados a sus agremiados y contribuya a una eficaz acción de gobierno.
Me puse entonces a hurgar en el cajón de mis recuerdos. Se trataba de comunicar mis sentimientos y percepciones sobre actos que ocurrieron hace casi 20 años, en una sociedad y con una organización política diferente a la que actualmente nos rige. Decidí elegir algunos sucesos para ilustrar de manera concreta el punto que a mi juicio es fundamental: mantener el diálogo, aunque haya diferencias, incluso intereses encontrados. Éste es uno de los casos que elegí.
En diciembre de 1991 envié una iniciativa al Congreso del Estado para establecer el impuesto del 2% sobre las nóminas. La recaudación de los impuestos locales era raquítica; dependíamos casi totalmente de las participaciones en ingresos federales, en tanto que los municipios recién comenzaban a desarrollar sus propias bases fiscales a partir del predial. En esos años, otros cinco o seis estados de la república habían tomado esta determinación, que se mostraba imperiosa para Yucatán.
La reacción empresarial no se hizo esperar. No estaban de acuerdo con el nuevo gravamen, parte por una posición entendible contra cualquier nuevo impuesto que incidiera sobre sus costos y parte por la desconfianza respecto al destino de los recursos que se recaudarían. Los funcionarios gubernamentales acudieron a largas sesiones de trabajo convocadas ex profeso para abundar en los detalles y despejar dudas. Sin embargo, una y otra vez los dirigentes empresariales señalaban su reticencia a otorgar más recursos al gobierno porque, decían, una vez que ingresaran a las arcas públicas sólo servirían para aumentar el gasto corriente, los sueldos y salarios de la burocracia, las adquisiciones de vehículos, el pago de las gasolinas, etcétera. Querían garantías de que el destino de esos fondos sería exclusivamente la obra pública, la inversión en infraestructura, tan necesaria para el desarrollo del estado.
Les ofrecí a los dirigentes empresariales la constitución de un fideicomiso con los recursos provenientes del impuesto del 2%, en cuyo comité técnico o de administración estuvieran integrados los empresarios. Que el gobierno se obligaría a través de un decreto del Congreso a depositar la recaudación equivalente, que estaría destinada sólo a la construcción de infraestructura.
Las turbulencias de la discusión política de esos días impidieron que la propuesta del fideicomiso prosperara. No obstante, como gobernadora tomé la decisión de emplear toda la recaudación para la obra pública. Desde luego, de informar periódicamente de las cantidades obtenidas y del destino de los recursos. Así se pudo completar la mitad que faltaba a los 52 km del periférico de Mérida, obra iniciada por don Carlos Loret de Mola en 1976, y ampliarlo a dos cuerpos, dejando en el centro un camellón suficientemente ancho para la instalación de un ferrocarril o un metrobús. Lo que se hizo ese año fue importante pero, si en vez de las pugnas hubiese campeado -en ambas partes- la visión a futuro, en la actualidad se dispondría de más de 450 millones de pesos para negociar, cada año, esquemas de cofinanciamiento de infraestructura.
He asumido que la representación popular obliga al gobernante a velar por el bienestar general, por encima de los legítimos intereses de las partes. Los empresarios y sus organizaciones son una de ellas, fundamental para el crecimiento económico y para el empleo de los yucatecos. Ambos, el gobierno que encabezaba y los dirigentes de la época, nos esforzamos por mantener la comunicación a pesar de las diferencias; buscamos aprovechar la presencia de dos destacados yucatecos en la cúpula nacional de las organizaciones empresariales para facilitar los trámites y la interlocución con el gobierno federal. A pesar de nuestras discrepancias, en varias ocasiones acudimos juntos a realizar gestiones a favor de las empresas locales ante las autoridades federales.
Cada quien -gobierno, empresarios- tiene su propia responsabilidad, pero para cumplirla a plenitud nos necesitamos ambos. Un gobierno debe comunicarse permanentemente con la sociedad, con todas las partes y grupos que la integran. Se trata de hablar, sí, para llegar a acuerdos, para transmitir inquietudes, para formular exigencias. Es el único camino que ni la más costosa campaña publicitaria podrá sustituir.- Mérida, Yucatán.
Invitada por un grupo de empresarios, hace unos días participé en un interesante ejercicio de reflexión colectiva sobre la relación entre gobernantes y las organizaciones empresariales. A partir de las experiencias vividas por gobernadores en su trato con los dirigentes, esta organización empresarial busca alentar una relación con las autoridades que le dé buenos resultados a sus agremiados y contribuya a una eficaz acción de gobierno.
Me puse entonces a hurgar en el cajón de mis recuerdos. Se trataba de comunicar mis sentimientos y percepciones sobre actos que ocurrieron hace casi 20 años, en una sociedad y con una organización política diferente a la que actualmente nos rige. Decidí elegir algunos sucesos para ilustrar de manera concreta el punto que a mi juicio es fundamental: mantener el diálogo, aunque haya diferencias, incluso intereses encontrados. Éste es uno de los casos que elegí.
En diciembre de 1991 envié una iniciativa al Congreso del Estado para establecer el impuesto del 2% sobre las nóminas. La recaudación de los impuestos locales era raquítica; dependíamos casi totalmente de las participaciones en ingresos federales, en tanto que los municipios recién comenzaban a desarrollar sus propias bases fiscales a partir del predial. En esos años, otros cinco o seis estados de la república habían tomado esta determinación, que se mostraba imperiosa para Yucatán.
La reacción empresarial no se hizo esperar. No estaban de acuerdo con el nuevo gravamen, parte por una posición entendible contra cualquier nuevo impuesto que incidiera sobre sus costos y parte por la desconfianza respecto al destino de los recursos que se recaudarían. Los funcionarios gubernamentales acudieron a largas sesiones de trabajo convocadas ex profeso para abundar en los detalles y despejar dudas. Sin embargo, una y otra vez los dirigentes empresariales señalaban su reticencia a otorgar más recursos al gobierno porque, decían, una vez que ingresaran a las arcas públicas sólo servirían para aumentar el gasto corriente, los sueldos y salarios de la burocracia, las adquisiciones de vehículos, el pago de las gasolinas, etcétera. Querían garantías de que el destino de esos fondos sería exclusivamente la obra pública, la inversión en infraestructura, tan necesaria para el desarrollo del estado.
Les ofrecí a los dirigentes empresariales la constitución de un fideicomiso con los recursos provenientes del impuesto del 2%, en cuyo comité técnico o de administración estuvieran integrados los empresarios. Que el gobierno se obligaría a través de un decreto del Congreso a depositar la recaudación equivalente, que estaría destinada sólo a la construcción de infraestructura.
Las turbulencias de la discusión política de esos días impidieron que la propuesta del fideicomiso prosperara. No obstante, como gobernadora tomé la decisión de emplear toda la recaudación para la obra pública. Desde luego, de informar periódicamente de las cantidades obtenidas y del destino de los recursos. Así se pudo completar la mitad que faltaba a los 52 km del periférico de Mérida, obra iniciada por don Carlos Loret de Mola en 1976, y ampliarlo a dos cuerpos, dejando en el centro un camellón suficientemente ancho para la instalación de un ferrocarril o un metrobús. Lo que se hizo ese año fue importante pero, si en vez de las pugnas hubiese campeado -en ambas partes- la visión a futuro, en la actualidad se dispondría de más de 450 millones de pesos para negociar, cada año, esquemas de cofinanciamiento de infraestructura.
He asumido que la representación popular obliga al gobernante a velar por el bienestar general, por encima de los legítimos intereses de las partes. Los empresarios y sus organizaciones son una de ellas, fundamental para el crecimiento económico y para el empleo de los yucatecos. Ambos, el gobierno que encabezaba y los dirigentes de la época, nos esforzamos por mantener la comunicación a pesar de las diferencias; buscamos aprovechar la presencia de dos destacados yucatecos en la cúpula nacional de las organizaciones empresariales para facilitar los trámites y la interlocución con el gobierno federal. A pesar de nuestras discrepancias, en varias ocasiones acudimos juntos a realizar gestiones a favor de las empresas locales ante las autoridades federales.
Cada quien -gobierno, empresarios- tiene su propia responsabilidad, pero para cumplirla a plenitud nos necesitamos ambos. Un gobierno debe comunicarse permanentemente con la sociedad, con todas las partes y grupos que la integran. Se trata de hablar, sí, para llegar a acuerdos, para transmitir inquietudes, para formular exigencias. Es el único camino que ni la más costosa campaña publicitaria podrá sustituir.- Mérida, Yucatán.