Los "baños ecológicos" de Hunucmá
¡Huele a podrido!
Dulce María Sauri Riancho
Dulce María Sauri Riancho
Desde hace varios días se ha publicado información relativa a una obra pública no realizada, a pesar de haberse cobrado el anticipo. Se trata de 100 "baños ecológicos" que se debieron construir en Hunucmá y entregar antes de julio del año pasado.
La relevancia del caso no sólo está basada en el monto autorizado o en el anticipo entregado, sino en dos líneas de conducta: la vulnerabilidad de los procesos de supervisión y control del dinero que se entrega para obras y servicios públicos; y la concepción de la administración pública como un espacio patrimonial para saldar deudas políticas y asegurar ingresos atractivos a la parentela.
Una simple división nos permite conocer que cada baño iba a costar ¡¡$30 mil!! El presupuesto fue asignado a una dependencia federal -(Fonhapo)- que acordó con las autoridades locales su edificación en los últimos meses de la administración municipal que concluyó el 30 de junio pasado.
Como cualquier obra pública que rebasa cierta cantidad, la construcción requería un concurso para ejecutarla, lo que no se cumplió. Con sospechosa diligencia el anticipo fue entregado a la empresa antes de cubrir la formalidad del concurso. Tampoco hubo detección del incumplimiento del calendario por los responsables de supervisar el avance de obra. El colmo fue cuando el socio de la empresa beneficiada se volvió funcionario y comenzó a entregar al Ayuntamiento el dinero aprobado, que luego recibía en su calidad de contratista.
Desde julio pasado el PRI gobierna Hunucmá en sustitución del PAN. Forzosamente los miembros del cabildo debieron enterarse de la situación de esa obra, más cuando son 100 las familias supuestamente beneficiadas, ahora afectadas por el incumplimiento. Pasaron más de seis meses antes de la primera llamada de alerta. ¿Por qué?
La Sedesol es la dependencia del gobierno federal que opera buena parte de los programas de subsidios y apoyos para la población más vulnerable.
Por eso tiene la obligación de ser más cuidadosa, transparente y eficaz que cualquier otra dependencia del gobierno. Es la cara social del gobierno federal, la más visible. Y cuando los gobiernos son de partidos distintos, la situación es más delicada por la mutua desconfianza en el manejo de los apoyos.
Tras la derrota del PAN en 2007, la Sedesol contrató a varios ex funcionarios, militantes panistas, desplazados de la administración estatal y parientes de quienes dejaban el gobierno. La experiencia en la administración pública no fue requisito, sino su militancia. Se hizo presente una lacra, producto de la descomposición institucional que padecemos.
Ahora los parientes pueblan la administración pública; se postulan a cargos de elección popular para suceder al cónyuge o al hermano. Los argumentos son: "Tiene derecho", "No se lo puedo impedir", "Yo no lo recomendé, se lo ofrecieron", sin aceptar que de no mediar el hermano ex gobernador, la prima gobernadora, la esposa alcaldesa o el padre legislador difícilmente serían considerados.
"Mal de muchos, consuelo de tontos". Que suceda en la delegación federal "bandera" no significa la legitimación de las prácticas del nepotismo, compadrazgo e influyentismo en el gobierno del Estado o en los ayuntamientos.
Los primeros interesados en llevar la investigación a buen puerto deberían ser los panistas. Habrán de exigirle al gobierno de su misma filiación que llegue al fondo hasta dejar en claro las circunstancias que lo propiciaron. Si permanecen silenciosos, si sus reclamos se hacen oír con desgano, ¿qué autoridad moral tendrán para demandarle al gobierno del Estado transparencia y honestidad?
En cuanto a la Sedesol, tendría que proceder a una revisión integral de sus procedimientos, incluyendo las serias deficiencias en la supervisión y control de la ejecución de obras: es indispensable una evaluación de sus políticas de contratación de funcionarios y del personal responsable de esos programas, que implican cuantiosas transferencias monetarias a miles de familias yucatecas. Si no ponen los correctivos a tiempo, las elecciones serán un infierno de denuncias sobre el uso político de los programas públicos.
Si huele a podrido es porque algo se ha descompuesto en la administración pública yucateca. Para limpiar primero hay que reconocer el olor, localizar la fuente de fetidez y proceder a eliminarla. Los ciudadanos tenemos derecho a respirar aromas de transparencia y honestidad.- Mérida, Yucatán.
La relevancia del caso no sólo está basada en el monto autorizado o en el anticipo entregado, sino en dos líneas de conducta: la vulnerabilidad de los procesos de supervisión y control del dinero que se entrega para obras y servicios públicos; y la concepción de la administración pública como un espacio patrimonial para saldar deudas políticas y asegurar ingresos atractivos a la parentela.
Una simple división nos permite conocer que cada baño iba a costar ¡¡$30 mil!! El presupuesto fue asignado a una dependencia federal -(Fonhapo)- que acordó con las autoridades locales su edificación en los últimos meses de la administración municipal que concluyó el 30 de junio pasado.
Como cualquier obra pública que rebasa cierta cantidad, la construcción requería un concurso para ejecutarla, lo que no se cumplió. Con sospechosa diligencia el anticipo fue entregado a la empresa antes de cubrir la formalidad del concurso. Tampoco hubo detección del incumplimiento del calendario por los responsables de supervisar el avance de obra. El colmo fue cuando el socio de la empresa beneficiada se volvió funcionario y comenzó a entregar al Ayuntamiento el dinero aprobado, que luego recibía en su calidad de contratista.
Desde julio pasado el PRI gobierna Hunucmá en sustitución del PAN. Forzosamente los miembros del cabildo debieron enterarse de la situación de esa obra, más cuando son 100 las familias supuestamente beneficiadas, ahora afectadas por el incumplimiento. Pasaron más de seis meses antes de la primera llamada de alerta. ¿Por qué?
La Sedesol es la dependencia del gobierno federal que opera buena parte de los programas de subsidios y apoyos para la población más vulnerable.
Por eso tiene la obligación de ser más cuidadosa, transparente y eficaz que cualquier otra dependencia del gobierno. Es la cara social del gobierno federal, la más visible. Y cuando los gobiernos son de partidos distintos, la situación es más delicada por la mutua desconfianza en el manejo de los apoyos.
Tras la derrota del PAN en 2007, la Sedesol contrató a varios ex funcionarios, militantes panistas, desplazados de la administración estatal y parientes de quienes dejaban el gobierno. La experiencia en la administración pública no fue requisito, sino su militancia. Se hizo presente una lacra, producto de la descomposición institucional que padecemos.
Ahora los parientes pueblan la administración pública; se postulan a cargos de elección popular para suceder al cónyuge o al hermano. Los argumentos son: "Tiene derecho", "No se lo puedo impedir", "Yo no lo recomendé, se lo ofrecieron", sin aceptar que de no mediar el hermano ex gobernador, la prima gobernadora, la esposa alcaldesa o el padre legislador difícilmente serían considerados.
"Mal de muchos, consuelo de tontos". Que suceda en la delegación federal "bandera" no significa la legitimación de las prácticas del nepotismo, compadrazgo e influyentismo en el gobierno del Estado o en los ayuntamientos.
Los primeros interesados en llevar la investigación a buen puerto deberían ser los panistas. Habrán de exigirle al gobierno de su misma filiación que llegue al fondo hasta dejar en claro las circunstancias que lo propiciaron. Si permanecen silenciosos, si sus reclamos se hacen oír con desgano, ¿qué autoridad moral tendrán para demandarle al gobierno del Estado transparencia y honestidad?
En cuanto a la Sedesol, tendría que proceder a una revisión integral de sus procedimientos, incluyendo las serias deficiencias en la supervisión y control de la ejecución de obras: es indispensable una evaluación de sus políticas de contratación de funcionarios y del personal responsable de esos programas, que implican cuantiosas transferencias monetarias a miles de familias yucatecas. Si no ponen los correctivos a tiempo, las elecciones serán un infierno de denuncias sobre el uso político de los programas públicos.
Si huele a podrido es porque algo se ha descompuesto en la administración pública yucateca. Para limpiar primero hay que reconocer el olor, localizar la fuente de fetidez y proceder a eliminarla. Los ciudadanos tenemos derecho a respirar aromas de transparencia y honestidad.- Mérida, Yucatán.