El número mágico de 17
La agenda legislativa y los nuevos diputados
Dulce María Sauri Riancho
El Ipepac ya definió la conformación de la nueva Legislatura del Congreso del Estado. La campaña de los candidatos a diputados no tuvo la misma atención de los medios masivos de comunicación y de los ciudadanos que las campañas municipales. Sectores importantes de la sociedad sienten muy lejanos a sus legisladores, locales y federales; por eso, poco se interesan en sus campañas, poco en sus propuestas y menos en su desempeño legislativo. Pero son muy importantes: ellos y ellas habrán de tomar decisiones que impacten directamente nuestra vida cotidiana. Veamos.
La próxima legislatura —la LIX, 2010-2012— estará conformada por 15 diputados del PRI, 2 del Verde (uno de ellos, priista candidato común), 2 del PRD y 6 del PAN, para un total de 25. PRI y PRD ganan un diputado más; el Verde, debuta con sus 2; y el PAN, pierde 3 legisladores, dos de ellos electos por mayoría en 2007 en el IX distrito (cabecera Motul, ahora Progreso) y en el X distrito (cabecera Tizimín).
El “número mágico” en el Congreso es 17: permite tener la “mayoría calificada”, dos terceras partes, para reformar la Constitución. Sin embargo, existe un tope que marca la propia Magna ley —tanto la federal como la de Yucatán— para que ningún partido, por sí mismo, pueda llegar a tener la potestad de reformar la ley Suprema.
Eso de ninguna manera bloquea o impide la conformación de mayorías legislativas. Por ejemplo, la profunda reforma a la Constitución del estado en materia de justicia fue posible porque tres diputados del PAN votaron junto con los 14 del PRI y una independiente a su favor. En la próxima legislatura es previsible que lo que fue una alianza electoral entre el PRI y el Verde se transforme en alianza legislativa, lo que daría el “mágico 17”.
Estos números perfilan un escenario aparentemente cómodo para el PRI y el gobierno del Estado. Sin ayuda de otros partidos podrán aprobar nuevas leyes o reformas a las actualmente en vigor, podrán nombrar magistrados y funcionarios, aun con la oposición de otras fuerzas políticas; podrán modificar la Constitución sin contar con el PAN por primera vez en los últimos 15 años.
Sin embargo, la mayoría absoluta entraña también una gran responsabilidad. No es para hacer lo que se quiera, sin escuchar a los otros; menos para regresar a los tiempos de “no cambiar ni una coma” a las iniciativas, porque se considera un agravio al gobernante que las propuso. Por ejemplo, la reforma constitucional al sistema de justicia del Estado será desarrollada por los nuevos diputados que tendrán que materializarla con reformas a muchas leyes e, incluso, aprobando algunas completamente nuevas.
Imaginemos que la reforma constitucional es como poner los cimientos de una casa. Las nuevas leyes son las paredes y los techos. Si éstas no son construidas con cuidado, impermeabilizadas para resistir la lluvia, en un tiempo más o menos largo todo el edificio se puede colapsar. ¿Cuáles son estos pendientes en materia de justicia? La nueva organización del Poder Judicial del Estado. El Tribunal Superior pasará de seis a 11 magistrados: tendrá que nombrarlos la próxima Legislatura. Se creará el Consejo de la Judicatura con cinco integrantes, para nombrar y vigilar el trabajo de los jueces. Además, el Poder Judicial recibirá al Tribunal Electoral, que pasa a formar parte del mismo. Estos cambios significan importantes adecuaciones de su Ley Orgánica.
El caso del Tribunal Electoral ilustra el grado de dificultad. A la ya de por sí delicada materia electoral —ni más ni menos que resolver las controversias que se dan en los procesos— se le añaden ahora funciones contencioso-administrativas —resolver las disputas entre la autoridad y los particulares en la materia— y de arbitraje de los conflictos laborales entre el gobierno-patrón y los trabajadores al servicio del Estado. ¿Cómo integrarán los nuevos diputados el marco legislativo para que esta institución funcione adecuadamente? El otro reto fundamental de la entrante Legislatura es el desarrollo del nuevo sistema procesal penal acusatorio. Los ciudadanos, sin ser abogados o conocedores de la materia penal, podremos registrar dos cosas: los juicios orales y la presunción de inocencia que permitirá a la mayoría de las personas sujetas a proceso enfrentarlo en libertad. Este nuevo sistema implica importantes modificaciones institucionales. Por ejemplo, un juez conocerá la acusación, la integrará, y otro distinto habrá de emitir la sentencia. Las policías tendrán que reforzar sus mecanismos para inhibir la evasión de los sujetos a proceso en libertad.
El nuevo sistema estatal de seguridad pública, responsable de la prevención, investigación y persecución de los delitos, también requiere un poderoso sustento legislativo para que opere realmente. No sólo se trata de desaparecer las policías municipales, incluyendo la de Mérida, sino de crear las instituciones, los procedimientos y la necesaria coordinación con la Fiscalía General (todavía hoy Procuraduría), para darnos a los ciudadanos la seguridad que merecemos.
A esta amplia agenda tendríamos que incorporar la parte legislativa de los compromisos de campaña de los ayuntamientos del PRI. Por ejemplo, la creación de la Comisión Metropolitana de Agua Potable (Comapa), propuesta por Angélica Araujo; las reformas a la Ley de Fraccionamientos —espero que no sea para permitir los “chiquilotes”—. El compromiso de la eliminación de la tenencia vehicular quedaría pendiente. Sólo dos solitarios diputados panistas electos por mayoría la propusieron. Ojalá surja el milagro y la “adopte” la mayoría del PRI.— Mérida, Yucatán.
Dulce María Sauri Riancho
El Ipepac ya definió la conformación de la nueva Legislatura del Congreso del Estado. La campaña de los candidatos a diputados no tuvo la misma atención de los medios masivos de comunicación y de los ciudadanos que las campañas municipales. Sectores importantes de la sociedad sienten muy lejanos a sus legisladores, locales y federales; por eso, poco se interesan en sus campañas, poco en sus propuestas y menos en su desempeño legislativo. Pero son muy importantes: ellos y ellas habrán de tomar decisiones que impacten directamente nuestra vida cotidiana. Veamos.
La próxima legislatura —la LIX, 2010-2012— estará conformada por 15 diputados del PRI, 2 del Verde (uno de ellos, priista candidato común), 2 del PRD y 6 del PAN, para un total de 25. PRI y PRD ganan un diputado más; el Verde, debuta con sus 2; y el PAN, pierde 3 legisladores, dos de ellos electos por mayoría en 2007 en el IX distrito (cabecera Motul, ahora Progreso) y en el X distrito (cabecera Tizimín).
El “número mágico” en el Congreso es 17: permite tener la “mayoría calificada”, dos terceras partes, para reformar la Constitución. Sin embargo, existe un tope que marca la propia Magna ley —tanto la federal como la de Yucatán— para que ningún partido, por sí mismo, pueda llegar a tener la potestad de reformar la ley Suprema.
Eso de ninguna manera bloquea o impide la conformación de mayorías legislativas. Por ejemplo, la profunda reforma a la Constitución del estado en materia de justicia fue posible porque tres diputados del PAN votaron junto con los 14 del PRI y una independiente a su favor. En la próxima legislatura es previsible que lo que fue una alianza electoral entre el PRI y el Verde se transforme en alianza legislativa, lo que daría el “mágico 17”.
Estos números perfilan un escenario aparentemente cómodo para el PRI y el gobierno del Estado. Sin ayuda de otros partidos podrán aprobar nuevas leyes o reformas a las actualmente en vigor, podrán nombrar magistrados y funcionarios, aun con la oposición de otras fuerzas políticas; podrán modificar la Constitución sin contar con el PAN por primera vez en los últimos 15 años.
Sin embargo, la mayoría absoluta entraña también una gran responsabilidad. No es para hacer lo que se quiera, sin escuchar a los otros; menos para regresar a los tiempos de “no cambiar ni una coma” a las iniciativas, porque se considera un agravio al gobernante que las propuso. Por ejemplo, la reforma constitucional al sistema de justicia del Estado será desarrollada por los nuevos diputados que tendrán que materializarla con reformas a muchas leyes e, incluso, aprobando algunas completamente nuevas.
Imaginemos que la reforma constitucional es como poner los cimientos de una casa. Las nuevas leyes son las paredes y los techos. Si éstas no son construidas con cuidado, impermeabilizadas para resistir la lluvia, en un tiempo más o menos largo todo el edificio se puede colapsar. ¿Cuáles son estos pendientes en materia de justicia? La nueva organización del Poder Judicial del Estado. El Tribunal Superior pasará de seis a 11 magistrados: tendrá que nombrarlos la próxima Legislatura. Se creará el Consejo de la Judicatura con cinco integrantes, para nombrar y vigilar el trabajo de los jueces. Además, el Poder Judicial recibirá al Tribunal Electoral, que pasa a formar parte del mismo. Estos cambios significan importantes adecuaciones de su Ley Orgánica.
El caso del Tribunal Electoral ilustra el grado de dificultad. A la ya de por sí delicada materia electoral —ni más ni menos que resolver las controversias que se dan en los procesos— se le añaden ahora funciones contencioso-administrativas —resolver las disputas entre la autoridad y los particulares en la materia— y de arbitraje de los conflictos laborales entre el gobierno-patrón y los trabajadores al servicio del Estado. ¿Cómo integrarán los nuevos diputados el marco legislativo para que esta institución funcione adecuadamente? El otro reto fundamental de la entrante Legislatura es el desarrollo del nuevo sistema procesal penal acusatorio. Los ciudadanos, sin ser abogados o conocedores de la materia penal, podremos registrar dos cosas: los juicios orales y la presunción de inocencia que permitirá a la mayoría de las personas sujetas a proceso enfrentarlo en libertad. Este nuevo sistema implica importantes modificaciones institucionales. Por ejemplo, un juez conocerá la acusación, la integrará, y otro distinto habrá de emitir la sentencia. Las policías tendrán que reforzar sus mecanismos para inhibir la evasión de los sujetos a proceso en libertad.
El nuevo sistema estatal de seguridad pública, responsable de la prevención, investigación y persecución de los delitos, también requiere un poderoso sustento legislativo para que opere realmente. No sólo se trata de desaparecer las policías municipales, incluyendo la de Mérida, sino de crear las instituciones, los procedimientos y la necesaria coordinación con la Fiscalía General (todavía hoy Procuraduría), para darnos a los ciudadanos la seguridad que merecemos.
A esta amplia agenda tendríamos que incorporar la parte legislativa de los compromisos de campaña de los ayuntamientos del PRI. Por ejemplo, la creación de la Comisión Metropolitana de Agua Potable (Comapa), propuesta por Angélica Araujo; las reformas a la Ley de Fraccionamientos —espero que no sea para permitir los “chiquilotes”—. El compromiso de la eliminación de la tenencia vehicular quedaría pendiente. Sólo dos solitarios diputados panistas electos por mayoría la propusieron. Ojalá surja el milagro y la “adopte” la mayoría del PRI.— Mérida, Yucatán.