Tenencia y mosquitos
Por actos de autoridad
Al inicio de la temporada navideña, dos cuestiones acompañan las charlas entre amigos o en el seno familiar: una, el tema del pago de la tenencia de vehículos y el otro, los mosquitos que rondan las piernas y los brazos de los contertulios o sabotean con sus feroces zumbidos el intento de dormir en este cálido invierno yucateco.
El impuesto sobre tenencia y uso de vehículos (ISTUV) desde hace un buen número de años es un impuesto 100% participable al Estado, lo que significa que la totalidad de los pagos queda a disposición del gobierno yucateco. Por tal razón, el cobro del ISTUV forma parte de la Ley de Ingresos estatal, que el Congreso debe aprobar antes del 15 de diciembre. Cabe recordar que el 20% de lo recaudado corresponde a los municipios.
Pocos gravámenes causan tal indisposición entre la clase media, que el pago de la tenencia. Cuando adquiere un vehículo nuevo, el propietario paga el impuesto sobre automóviles nuevos (ISAN), además de la parte proporcional de la tenencia. Pero a partir de entonces, año tras año, hasta que el vehículo cumpla 10, su dueño se ve obligado a erogar una cantidad calculada a partir del valor original del vehículo, disminuida por la depreciación.
Muchos ciudadanos hacen caso omiso de esta obligación. Pero cuando llega el momento de cambiar placas del auto o realizar su venta, entonces la tenencia los alcanza, con las multas y rezagos correspondientes.
Dos cuestiones le echaron más leña al fuego de la discusión sobre la tenencia. Una, el ejemplo de Querétaro y de Coahuila cuyos congresos definieron la eliminación parcial de este impuesto, y dos los tiempos electorales yucatecos, que ha hecho que Acción Nacional se aferre al clavo ardiente de la cancelación de la tenencia para reposicionarse, especialmente entre amplios sectores de la clase media.
Desde luego que es posible derogar para 2010, al menos parcialmente el ISTUV, aunque represente casi el 10% de los ingresos de “libre disposición” para el gobierno del Estado. Sólo que esta medida demandaría un esfuerzo de concertación entre el gobierno del estado y los gobiernos municipales, principalmente de Mérida. Me explico.
Se trata de alrededor de 400 millones de pesos que dejaría de percibir el Estado. Calculo que aproximadamente la mitad —200 millones— provienen del pago de los particulares (las llamadas “personas físicas”) y el resto, de las empresas propietarias de los vehículos.
Propongo que se derogue el pago que hacen los particulares, como en Querétaro, y que las empresas continúen pagando hasta enero de 2012. Así sólo tendría que cerrarse la brecha de 200 millones de ingresos que se dejarían de percibir. Esta pérdida tendría que distribuirse entre el Estado (80%) y los municipios (20%), con cantidades que, aunque importantes, son sensiblemente menores y por tanto absorbibles para sus presupuestos.
Eso sí. La decisión tendría que tomarse a la brevedad, antes de que concluya el año, para tener efecto en los primeros tres meses de 2010. No descarto incluso una rebeldía ciudadana que ante la falta de respuesta del Congreso del Estado llevaría a muchos a dejar de pagar por la vía de los hechos. La actitud dubitativa de las autoridades podría afectar la recaudación de otros impuestos, como el predial que, ante la proximidad de los comicios que se avizoran como muy reñidos, se podría reducir con tal de conseguir simpatías y adhesiones entre el electorado.
Mientras, los mosquitos proliferan en las casas y en los patios yucatecos. El “Aedes aegypti” o “albopictus” ha afectado a miles de personas de todas las edades. A principios de octubre se habían reportado 2,605 casos probables de dengue en Yucatán, con 205 casos confirmados de la modalidad hemorrágica.
¿Y las campañas de descacharrización y fumigación? ¿Dónde están aquellas pequeñas camionetas blancas que veíamos o escuchábamos trabajar en las madrugadas esparciendo sus nubes de “temephos”, insecticida que elimina al mosquito transmisor del dengue? Propongo que en las muy próximas campañas electorales, en que la estrategia de voto focalizado llevará a visitar miles de hogares yucatecos, los promotores realicen acciones específicas de eliminación de cacharros, llantas viejas y otros recipientes criadores de larvas. Que si algún partido político pensaba gastar en volanteo, mejor se ponga de acuerdo con la Secretaría de Salud del gobierno federal para rociar de insecticida en alguna de las ciudades del estado. Que si las autoridades quieren significarse ante la ciudadanía para apoyar a los candidatos de su partido, rehabiliten las camionetitas, fumiguen y eviten que miles de yucatecos se enfermen y que alguno muera.
Los dos, mosquitos y tenencia, pueden ser eliminados por un acto de autoridad, que anteponga la calidad de vida de los yucatecos a los cálculos presupuestales, a los gastos en imagen y “comunicación social”. Es posible. Es necesario.— Mérida, Yucatán.
Al inicio de la temporada navideña, dos cuestiones acompañan las charlas entre amigos o en el seno familiar: una, el tema del pago de la tenencia de vehículos y el otro, los mosquitos que rondan las piernas y los brazos de los contertulios o sabotean con sus feroces zumbidos el intento de dormir en este cálido invierno yucateco.
El impuesto sobre tenencia y uso de vehículos (ISTUV) desde hace un buen número de años es un impuesto 100% participable al Estado, lo que significa que la totalidad de los pagos queda a disposición del gobierno yucateco. Por tal razón, el cobro del ISTUV forma parte de la Ley de Ingresos estatal, que el Congreso debe aprobar antes del 15 de diciembre. Cabe recordar que el 20% de lo recaudado corresponde a los municipios.
Pocos gravámenes causan tal indisposición entre la clase media, que el pago de la tenencia. Cuando adquiere un vehículo nuevo, el propietario paga el impuesto sobre automóviles nuevos (ISAN), además de la parte proporcional de la tenencia. Pero a partir de entonces, año tras año, hasta que el vehículo cumpla 10, su dueño se ve obligado a erogar una cantidad calculada a partir del valor original del vehículo, disminuida por la depreciación.
Muchos ciudadanos hacen caso omiso de esta obligación. Pero cuando llega el momento de cambiar placas del auto o realizar su venta, entonces la tenencia los alcanza, con las multas y rezagos correspondientes.
Dos cuestiones le echaron más leña al fuego de la discusión sobre la tenencia. Una, el ejemplo de Querétaro y de Coahuila cuyos congresos definieron la eliminación parcial de este impuesto, y dos los tiempos electorales yucatecos, que ha hecho que Acción Nacional se aferre al clavo ardiente de la cancelación de la tenencia para reposicionarse, especialmente entre amplios sectores de la clase media.
Desde luego que es posible derogar para 2010, al menos parcialmente el ISTUV, aunque represente casi el 10% de los ingresos de “libre disposición” para el gobierno del Estado. Sólo que esta medida demandaría un esfuerzo de concertación entre el gobierno del estado y los gobiernos municipales, principalmente de Mérida. Me explico.
Se trata de alrededor de 400 millones de pesos que dejaría de percibir el Estado. Calculo que aproximadamente la mitad —200 millones— provienen del pago de los particulares (las llamadas “personas físicas”) y el resto, de las empresas propietarias de los vehículos.
Propongo que se derogue el pago que hacen los particulares, como en Querétaro, y que las empresas continúen pagando hasta enero de 2012. Así sólo tendría que cerrarse la brecha de 200 millones de ingresos que se dejarían de percibir. Esta pérdida tendría que distribuirse entre el Estado (80%) y los municipios (20%), con cantidades que, aunque importantes, son sensiblemente menores y por tanto absorbibles para sus presupuestos.
Eso sí. La decisión tendría que tomarse a la brevedad, antes de que concluya el año, para tener efecto en los primeros tres meses de 2010. No descarto incluso una rebeldía ciudadana que ante la falta de respuesta del Congreso del Estado llevaría a muchos a dejar de pagar por la vía de los hechos. La actitud dubitativa de las autoridades podría afectar la recaudación de otros impuestos, como el predial que, ante la proximidad de los comicios que se avizoran como muy reñidos, se podría reducir con tal de conseguir simpatías y adhesiones entre el electorado.
Mientras, los mosquitos proliferan en las casas y en los patios yucatecos. El “Aedes aegypti” o “albopictus” ha afectado a miles de personas de todas las edades. A principios de octubre se habían reportado 2,605 casos probables de dengue en Yucatán, con 205 casos confirmados de la modalidad hemorrágica.
¿Y las campañas de descacharrización y fumigación? ¿Dónde están aquellas pequeñas camionetas blancas que veíamos o escuchábamos trabajar en las madrugadas esparciendo sus nubes de “temephos”, insecticida que elimina al mosquito transmisor del dengue? Propongo que en las muy próximas campañas electorales, en que la estrategia de voto focalizado llevará a visitar miles de hogares yucatecos, los promotores realicen acciones específicas de eliminación de cacharros, llantas viejas y otros recipientes criadores de larvas. Que si algún partido político pensaba gastar en volanteo, mejor se ponga de acuerdo con la Secretaría de Salud del gobierno federal para rociar de insecticida en alguna de las ciudades del estado. Que si las autoridades quieren significarse ante la ciudadanía para apoyar a los candidatos de su partido, rehabiliten las camionetitas, fumiguen y eviten que miles de yucatecos se enfermen y que alguno muera.
Los dos, mosquitos y tenencia, pueden ser eliminados por un acto de autoridad, que anteponga la calidad de vida de los yucatecos a los cálculos presupuestales, a los gastos en imagen y “comunicación social”. Es posible. Es necesario.— Mérida, Yucatán.