Reforma política: Necesidad indispensable
El presidente Calderón eligió el inicio de la temporada de fiestas navideñas para presentar una importante iniciativa de reforma política que él mismo calificó como “una primera parte de un paquete integral”. Consiste en diez propuestas de reformas constitucionales, de las que exigen la aprobación de las dos terceras partes de los legisladores y de los congresos de los estados. Le atribuye ser una inicial respuesta a los ciudadanos insatisfechos con sus representantes políticos. Su motivación central, según expresa Calderón, es darle mayor poder al ciudadano, mayor capacidad para determinar el rumbo y destino de la vida pública y fortalecer así la vida democrática del país.
La elección consecutiva (reelección) de alcaldes, diputados y senadores, con un límite de 12 años; la reducción del número de senadores (de 132 a 96) y de diputados federales (de 500 a 400, 240 de mayoría, 160 de representación proporcional); la elevación del porcentaje exigido a un partido político para registrarse y participar (del 2 al 4 por ciento); la incorporación de la figura de la Iniciativa Ciudadana; las candidaturas independientes de los partidos políticos; segunda vuelta en la elección presidencial cuando ninguno de los candidatos alcance la mitad más uno de la votación y hacerla al mismo tiempo que la elección legislativa; la atribución de la Suprema Corte de Justicia para presentar iniciativas del ámbito de su competencia; la presentación del Presidente de la República de dos iniciativas preferentes, que el Congreso tendría que discutir y votar en el mismo período de sesiones, y, finalmente, normar la facultad presidencial para vetar una ley aprobada por el Congreso.
Varios de los planteamientos no son novedad. Durante un año, de abril de 2007 a 2008, el Congreso de la Unión condujo un extenso debate sobre la reforma del Estado. Agotado el plazo señalado en la ley, fue la reforma electoral de finales de 2007 su principal avance. Quedó atrás la oportunidad de emprender una profunda reforma política, indispensable para sustituir al modelo que se agotó desde 2000 con la alternancia en la Presidencia de la República. Entonces, Felipe Calderón se mantuvo al margen, a pesar de que su partido, el PAN, tenía mayoría en ambas cámaras.
Sin embargo, fue después de que su partido perdió ampliamente las elecciones federales de julio que finalmente Calderón se decidió a plantear este conjunto de propuestas. Algo deben haber pesado, también, más de dos millones de votos en blanco que dejaron sentir el grado de descontento de la ciudadanía. Pese a lo anterior, la viabilidad política de la iniciativa presidencial es incierta; dependerá con mucho de la visión y los cálculos electorales que la mayoría priista realice. El análisis que debe preceder al debate público de la propuesta de reforma política tendría que ser integral. Las propuestas aisladas poco o nada contribuirían a resolver los problemas de la democracia y del funcionamiento de las instituciones; en algunos casos, hasta agravarían la situación actual. Por ejemplo, la reelección consecutiva sin empoderar a los ciudadanos y garantizar equidad en la competencia electoral sólo consolidaría los feudos de poder. La segunda vuelta electoral sin mecanismos efectivos para construir mayorías en el Congreso condenaría a los poderes a repetir los desencuentros de ahora. La disminución del número de legisladores sin asegurar la representación plural en las cámaras ahorraría dinero, pero aumentaría riesgos de cerrazón y exclusión de las minorías, incompatibles con una sana vida democrática.
A mi juicio, faltan varios importantes temas para cumplir con el propósito explícito de la propuesta presidencial. Por ejemplo, la figura de Revocación de Mandato de las autoridades, el referéndum para reformas constitucionales y la introducción del plebiscito para asegurar la participación ciudadana en asuntos de interés colectivo.
Como sociedad tendremos que responder a una pregunta básica: pluralismo y respeto a la diversidad política o cerrazón de los cauces institucionales bajo la razón o el pretexto de los excesos: de partidos, de candidatos, de financiamiento público. Si se disminuyen o eliminan los diputados de representación proporcional se reduciría la pluralidad, se afectaría la participación de las mujeres y de las minorías. Si se incrementa el porcentaje exigido a los partidos políticos para existir, iríamos hacia un bipartidismo estilo norteamericano.
Es cierto que hay problemas acuciantes en las familias y en la sociedad que aparentemente poco tienen que ver con estos temas. Pero hay que cobrar conciencia de que el gasto que no alcanza, el desempleo, el aumento de los precios y otras cuestiones sensibles para la vida cotidiana de las familias podrían tener real y más rápida solución si hay cambios en la política, si las autoridades se entienden entre sí, si están obligadas por la ley y la circunstancia a servir a la ciudadanía.
Prestemos atención y participemos en el debate.— Mérida, Yucatán.
La elección consecutiva (reelección) de alcaldes, diputados y senadores, con un límite de 12 años; la reducción del número de senadores (de 132 a 96) y de diputados federales (de 500 a 400, 240 de mayoría, 160 de representación proporcional); la elevación del porcentaje exigido a un partido político para registrarse y participar (del 2 al 4 por ciento); la incorporación de la figura de la Iniciativa Ciudadana; las candidaturas independientes de los partidos políticos; segunda vuelta en la elección presidencial cuando ninguno de los candidatos alcance la mitad más uno de la votación y hacerla al mismo tiempo que la elección legislativa; la atribución de la Suprema Corte de Justicia para presentar iniciativas del ámbito de su competencia; la presentación del Presidente de la República de dos iniciativas preferentes, que el Congreso tendría que discutir y votar en el mismo período de sesiones, y, finalmente, normar la facultad presidencial para vetar una ley aprobada por el Congreso.
Varios de los planteamientos no son novedad. Durante un año, de abril de 2007 a 2008, el Congreso de la Unión condujo un extenso debate sobre la reforma del Estado. Agotado el plazo señalado en la ley, fue la reforma electoral de finales de 2007 su principal avance. Quedó atrás la oportunidad de emprender una profunda reforma política, indispensable para sustituir al modelo que se agotó desde 2000 con la alternancia en la Presidencia de la República. Entonces, Felipe Calderón se mantuvo al margen, a pesar de que su partido, el PAN, tenía mayoría en ambas cámaras.
Sin embargo, fue después de que su partido perdió ampliamente las elecciones federales de julio que finalmente Calderón se decidió a plantear este conjunto de propuestas. Algo deben haber pesado, también, más de dos millones de votos en blanco que dejaron sentir el grado de descontento de la ciudadanía. Pese a lo anterior, la viabilidad política de la iniciativa presidencial es incierta; dependerá con mucho de la visión y los cálculos electorales que la mayoría priista realice. El análisis que debe preceder al debate público de la propuesta de reforma política tendría que ser integral. Las propuestas aisladas poco o nada contribuirían a resolver los problemas de la democracia y del funcionamiento de las instituciones; en algunos casos, hasta agravarían la situación actual. Por ejemplo, la reelección consecutiva sin empoderar a los ciudadanos y garantizar equidad en la competencia electoral sólo consolidaría los feudos de poder. La segunda vuelta electoral sin mecanismos efectivos para construir mayorías en el Congreso condenaría a los poderes a repetir los desencuentros de ahora. La disminución del número de legisladores sin asegurar la representación plural en las cámaras ahorraría dinero, pero aumentaría riesgos de cerrazón y exclusión de las minorías, incompatibles con una sana vida democrática.
A mi juicio, faltan varios importantes temas para cumplir con el propósito explícito de la propuesta presidencial. Por ejemplo, la figura de Revocación de Mandato de las autoridades, el referéndum para reformas constitucionales y la introducción del plebiscito para asegurar la participación ciudadana en asuntos de interés colectivo.
Como sociedad tendremos que responder a una pregunta básica: pluralismo y respeto a la diversidad política o cerrazón de los cauces institucionales bajo la razón o el pretexto de los excesos: de partidos, de candidatos, de financiamiento público. Si se disminuyen o eliminan los diputados de representación proporcional se reduciría la pluralidad, se afectaría la participación de las mujeres y de las minorías. Si se incrementa el porcentaje exigido a los partidos políticos para existir, iríamos hacia un bipartidismo estilo norteamericano.
Es cierto que hay problemas acuciantes en las familias y en la sociedad que aparentemente poco tienen que ver con estos temas. Pero hay que cobrar conciencia de que el gasto que no alcanza, el desempleo, el aumento de los precios y otras cuestiones sensibles para la vida cotidiana de las familias podrían tener real y más rápida solución si hay cambios en la política, si las autoridades se entienden entre sí, si están obligadas por la ley y la circunstancia a servir a la ciudadanía.
Prestemos atención y participemos en el debate.— Mérida, Yucatán.