2010: entre augurios y premoniciones
Consejo para comenzar
Estamos a punto de iniciar un nuevo año. Cargado de simbolismos, 2010 nos espera con sus conmemoraciones del bicentenario y centenario del inicio de la Independencia y la Revolución. Las fiestas de Navidad y fin de Año hacen olvidar por breves días el difícil panorama que pintan los próximos 12 meses. ¡Qué daríamos porque el paso de un año a otro permitiese borrón y cuenta nueva en nuestros problemas! Pero no es así. El 2 de enero volveremos a percibir los efectos de la economía estancada, del desempleo y la inseguridad. El presidente de la República tiene la facultad de fijar los precios de las gasolinas y de la energía eléctrica; ahora ha utilizado este instrumento, ante la amenaza real del deterioro de las finanzas públicas, consecuencia de la caída de los precios internacionales del petróleo. Por eso la gasolina ha aumentado tres veces en los últimos días; por eso pende la amenaza de nuevos incrementos a lo largo del año, si la administración federal recibe menos recursos de los esperados.
Los gobiernos en sus tres niveles —federal, estatal y municipal— resienten la disminución de los ingresos disponibles. Unos, los menos, han decidido aplicar programas de austeridad responsable que, sin mengua de la calidad de los servicios que se brindan a la ciudadanía, buscan reducir el gasto, hacerlo más productivo. Otros eligieron el camino del endeudamiento vía créditos con la banca comercial o mediante la concesión de proyectos de inversión a particulares.
En 12 estados habrá elección de gobernador el próximo mes de julio y en otros tres más, incluido Yucatán en mayo, de presidentes municipales y diputados. La tentación de la utilización de los recursos públicos para apuntalar directa o indirectamente las campañas de los candidatos de sus partidos es mucha. La regulación para impedir o al menos amortiguar el gasto dispendioso es muy débil: ni pillándolos con las manos en la masa, como al ex director de la Lotería, se les castiga. Si casi la mitad de los estados del país estará en esa condición, ¿cuál será el resultado a esperar? ¿Reiterados incumplimientos de pago a proveedores como los que aquí se registran para canalizar el dinero hacia las urgencias electorales? ¿Anulación de obras a cambio de repartos masivos de obsequios guardados tras el disfraz de ayudas y apoyos? ¿Continuar pervirtiendo la política social, confundiéndola interesadamente con el asistencialismo? Las conmemoraciones de 2010 estarán envueltas en las urgencias del presente. No ha faltado quien anuncie la fatalidad de los 100 años —1810, 1910, ¿2010?— para augurar un futuro estallido social. Las condiciones objetivas en cuanto a la inseguridad, la pobreza, las desiguales oportunidades y la pérdida del dinamismo de la economía parecen dar aliento a esas premoniciones.
Las élites gobernantes no se pueden dar el lujo de ignorar la insatisfacción social, mucho menos de menospreciar a la ciudadanía pensando que todo resiste, tolera y perdona. Dudo mucho que en los albores de la lucha por la independencia alguno de los responsables de la Corona española haya justipreciado la ebullición soterrada de los criollos y mestizos. Cien años después, sólo dos meses mediaron entre las suntuosas fiestas porfiristas y el martirio de los hermanos Serdán en Puebla.
Estamos inmersos en una crisis política que pasa por la descomposición de las élites —gobernantes, empresarios, jerarquías religiosas— que han antepuesto sus intereses a los del conjunto social.
El debilitamiento del Estado como consecuencia del cambio político iniciado desde mediados de los años 80 no se tradujo en un fortalecimiento de la sociedad y en mayor participación ciudadana. El espacio que abandonaron las instituciones fue llenado por los grupos de interés, los llamados “poderes fácticos”, que actúan a sus anchas, sin que haya quien tenga la capacidad para obligarlos a sujetarse a la ley.
La medicina para atender esta peligrosa enfermedad que invade el cuerpo social en su conjunto sólo puede provenir de una mayor y más intensa participación ciudadana. Ocupar y ensanchar los espacios que ya se han abierto, como el plebiscito, el referéndum y la iniciativa popular; recuperar la iniciativa en la agenda de transformaciones que el país necesita; dejar de ser referencia o “fauna de acompañamiento” cuando las autoridades necesitan legitimidad, ése es el mayor reto de 2010.
Podemos comenzar por exigir cuentas a los diversos representantes de la sociedad que forman parte de comités, comisiones y grupos de trabajo en representación de sus organizaciones y de nosotros, los ciudadanos. Un buen principio acorde con el año que se inicia sería indagar qué sucedió con la Comisión del Bicentenario, con su Consejo Consultivo, instalado solemnemente en el Salón de la Historia del Palacio de Gobierno hace más de año y medio, y después sumido en el silencio.— Mérida, Yucatán
Columna publicada el día de hoy en el Diario de Yucatán, Dulce María.
Estamos a punto de iniciar un nuevo año. Cargado de simbolismos, 2010 nos espera con sus conmemoraciones del bicentenario y centenario del inicio de la Independencia y la Revolución. Las fiestas de Navidad y fin de Año hacen olvidar por breves días el difícil panorama que pintan los próximos 12 meses. ¡Qué daríamos porque el paso de un año a otro permitiese borrón y cuenta nueva en nuestros problemas! Pero no es así. El 2 de enero volveremos a percibir los efectos de la economía estancada, del desempleo y la inseguridad. El presidente de la República tiene la facultad de fijar los precios de las gasolinas y de la energía eléctrica; ahora ha utilizado este instrumento, ante la amenaza real del deterioro de las finanzas públicas, consecuencia de la caída de los precios internacionales del petróleo. Por eso la gasolina ha aumentado tres veces en los últimos días; por eso pende la amenaza de nuevos incrementos a lo largo del año, si la administración federal recibe menos recursos de los esperados.
Los gobiernos en sus tres niveles —federal, estatal y municipal— resienten la disminución de los ingresos disponibles. Unos, los menos, han decidido aplicar programas de austeridad responsable que, sin mengua de la calidad de los servicios que se brindan a la ciudadanía, buscan reducir el gasto, hacerlo más productivo. Otros eligieron el camino del endeudamiento vía créditos con la banca comercial o mediante la concesión de proyectos de inversión a particulares.
En 12 estados habrá elección de gobernador el próximo mes de julio y en otros tres más, incluido Yucatán en mayo, de presidentes municipales y diputados. La tentación de la utilización de los recursos públicos para apuntalar directa o indirectamente las campañas de los candidatos de sus partidos es mucha. La regulación para impedir o al menos amortiguar el gasto dispendioso es muy débil: ni pillándolos con las manos en la masa, como al ex director de la Lotería, se les castiga. Si casi la mitad de los estados del país estará en esa condición, ¿cuál será el resultado a esperar? ¿Reiterados incumplimientos de pago a proveedores como los que aquí se registran para canalizar el dinero hacia las urgencias electorales? ¿Anulación de obras a cambio de repartos masivos de obsequios guardados tras el disfraz de ayudas y apoyos? ¿Continuar pervirtiendo la política social, confundiéndola interesadamente con el asistencialismo? Las conmemoraciones de 2010 estarán envueltas en las urgencias del presente. No ha faltado quien anuncie la fatalidad de los 100 años —1810, 1910, ¿2010?— para augurar un futuro estallido social. Las condiciones objetivas en cuanto a la inseguridad, la pobreza, las desiguales oportunidades y la pérdida del dinamismo de la economía parecen dar aliento a esas premoniciones.
Las élites gobernantes no se pueden dar el lujo de ignorar la insatisfacción social, mucho menos de menospreciar a la ciudadanía pensando que todo resiste, tolera y perdona. Dudo mucho que en los albores de la lucha por la independencia alguno de los responsables de la Corona española haya justipreciado la ebullición soterrada de los criollos y mestizos. Cien años después, sólo dos meses mediaron entre las suntuosas fiestas porfiristas y el martirio de los hermanos Serdán en Puebla.
Estamos inmersos en una crisis política que pasa por la descomposición de las élites —gobernantes, empresarios, jerarquías religiosas— que han antepuesto sus intereses a los del conjunto social.
El debilitamiento del Estado como consecuencia del cambio político iniciado desde mediados de los años 80 no se tradujo en un fortalecimiento de la sociedad y en mayor participación ciudadana. El espacio que abandonaron las instituciones fue llenado por los grupos de interés, los llamados “poderes fácticos”, que actúan a sus anchas, sin que haya quien tenga la capacidad para obligarlos a sujetarse a la ley.
La medicina para atender esta peligrosa enfermedad que invade el cuerpo social en su conjunto sólo puede provenir de una mayor y más intensa participación ciudadana. Ocupar y ensanchar los espacios que ya se han abierto, como el plebiscito, el referéndum y la iniciativa popular; recuperar la iniciativa en la agenda de transformaciones que el país necesita; dejar de ser referencia o “fauna de acompañamiento” cuando las autoridades necesitan legitimidad, ése es el mayor reto de 2010.
Podemos comenzar por exigir cuentas a los diversos representantes de la sociedad que forman parte de comités, comisiones y grupos de trabajo en representación de sus organizaciones y de nosotros, los ciudadanos. Un buen principio acorde con el año que se inicia sería indagar qué sucedió con la Comisión del Bicentenario, con su Consejo Consultivo, instalado solemnemente en el Salón de la Historia del Palacio de Gobierno hace más de año y medio, y después sumido en el silencio.— Mérida, Yucatán