Las juanitas y la violencia contra las mujeres
Columna publicada el 20 de octubre en el Diario de Yucatán, Dulce María.
Apenas iniciaba sus actividades la nueva Cámara de Diputados el pasado 3 de septiembre, cuando un escándalo se desató en su primera sesión: se presentaron 10 solicitudes de licencia al cargo, 8 de ellas correspondientes a mujeres (4 del Verde, 2 del PRI, una del PRD y del PT, respectivamente). Las cifras por género de la naciente legislatura, la LXI, mostraban que casi el 30% de los recién estrenados diputados eran mujeres (140 de 500), muchas más que antes, pero aún lejos del 40% estipulado en la Ley para las candidaturas registradas por los partidos políticos.
De inmediato se desató un intenso debate. Argumentaban unos que si ese era el deseo de las ocho mujeres, que se les concediera de inmediato. Otros, por el contrario, señalaban que era un fraude a la ley y al electorado cometido por las legisladoras, por sus suplentes y por los partidos que planearon las candidaturas “nodrizas”. Se decía que había otras diputadas en espera de pedir licencias, que se habrían detenido para no levantar tantas olas. El ingenio popular de inmediato las bautizó como “las Juanitas”, por la semejanza de su conducta con la del electo delegado de Ixtapalapa, quien habría de renunciar para ceder su lugar a una mujer.
Hasta la fecha, después de 12 sesiones ordinarias, no se han vuelto a presentar las solicitudes de licencia al Pleno de la Cámara. Pero las legisladoras no se han integrado al trabajo parlamentario, tal vez con el propósito de que se aplique la norma de las 10 faltas consecutivas y que se llame a sus suplentes para ocupar su cargo.
La violencia contra las mujeres es un abuso de poder. Es la capacidad de imponer la voluntad a otra persona mediante el uso de la fuerza física, la presión sicológica, la coacción económica o la amenaza. ¿Por qué no pensar que las mujeres diputadas se sienten obligadas por la fuerza del afecto, la amenaza del desempleo —no quiero pensar que del daño físico—, a dejar su lugar a sus suplentes masculinos? Vistas como víctimas de una relación desigual de poder, ellas posiblemente sientan que no son dignas de sentarse en una curul de San Lázaro, por eso sólo prestaron su nombre al esposo, al hijo, al jefe, al partido, sin el ánimo ni la convicción de ejercer el cargo.
Hace unos días se registró la agresión por parte de un alto funcionario del gobierno del Estado contra su esposa. La mujer tuvo que ser hospitalizada. Dos o tres días después, la víctima desechó la posibilidad de denunciar a su agresor, presionada tal vez por la incertidumbre económica, de ella y de los hijos. Este hecho nos recuerda que la violencia contra las mujeres cruza todas las clases sociales, los niveles de educación y de ingreso.
¿Por qué perdonan las víctimas de la violencia doméstica a sus victimarios? ¿Por qué resisten los golpes, los malos tratos, las vejaciones a su persona y a su dignidad? Recuerdo cuando siendo gobernadora recibía los lunes a las mujeres que el sábado anterior habían requerido el auxilio de la policía ante la agresión de su pareja; ellas entonces pedían que dejaran salir de la reclusión a su esposo, a su compañero, porque si continuaban presos, ¿quién llevaría el gasto a la casa para darles de comer a sus hijos? Procurar conservar para los hijos el bienestar que proporciona el ingreso del padre, aunque éste sea abusador, lleva a las mujeres al límite de la tolerancia que puede acarrear incluso su muerte.
Al igual que las “Juanitas”, las mujeres víctimas de la violencia doméstica se preguntan si son dignas del “privilegio” de vivir en paz. Algunas hasta pueden considerar justo el “castigo” infligido por el esposo, como las diputadas juanitas asumen que lo es ceder sus lugares a sus suplentes masculinos.
El cambio en la cultura y en los valores socialmente reconocidos, es el que abrirá el paso hacia una vida libre de violencia hacia las mujeres. Como todo proceso, es lento y registra retrocesos. Callarse es uno de ellos.
Si se burlan de la Ley, de los electores y del voto presionando a las mujeres para que se inscriban y renuncien, digámoslo y no olvidemos: es síntoma de que algo profundo está podrido en el sistema de partidos y en la democracia electoral.
Si las leyes contra la violencia hacia las mujeres resultan insuficientes para prevenirla, para atender a sus víctimas y para sancionar a los transgresores por alta que sea su jerarquía —partidos políticos, funcionarios—, revisemos las políticas públicas responsables de ponerlas en práctica, para corregirlas y reformularlas, si es necesario.— Mérida, Yucatán.
Apenas iniciaba sus actividades la nueva Cámara de Diputados el pasado 3 de septiembre, cuando un escándalo se desató en su primera sesión: se presentaron 10 solicitudes de licencia al cargo, 8 de ellas correspondientes a mujeres (4 del Verde, 2 del PRI, una del PRD y del PT, respectivamente). Las cifras por género de la naciente legislatura, la LXI, mostraban que casi el 30% de los recién estrenados diputados eran mujeres (140 de 500), muchas más que antes, pero aún lejos del 40% estipulado en la Ley para las candidaturas registradas por los partidos políticos.
De inmediato se desató un intenso debate. Argumentaban unos que si ese era el deseo de las ocho mujeres, que se les concediera de inmediato. Otros, por el contrario, señalaban que era un fraude a la ley y al electorado cometido por las legisladoras, por sus suplentes y por los partidos que planearon las candidaturas “nodrizas”. Se decía que había otras diputadas en espera de pedir licencias, que se habrían detenido para no levantar tantas olas. El ingenio popular de inmediato las bautizó como “las Juanitas”, por la semejanza de su conducta con la del electo delegado de Ixtapalapa, quien habría de renunciar para ceder su lugar a una mujer.
Hasta la fecha, después de 12 sesiones ordinarias, no se han vuelto a presentar las solicitudes de licencia al Pleno de la Cámara. Pero las legisladoras no se han integrado al trabajo parlamentario, tal vez con el propósito de que se aplique la norma de las 10 faltas consecutivas y que se llame a sus suplentes para ocupar su cargo.
La violencia contra las mujeres es un abuso de poder. Es la capacidad de imponer la voluntad a otra persona mediante el uso de la fuerza física, la presión sicológica, la coacción económica o la amenaza. ¿Por qué no pensar que las mujeres diputadas se sienten obligadas por la fuerza del afecto, la amenaza del desempleo —no quiero pensar que del daño físico—, a dejar su lugar a sus suplentes masculinos? Vistas como víctimas de una relación desigual de poder, ellas posiblemente sientan que no son dignas de sentarse en una curul de San Lázaro, por eso sólo prestaron su nombre al esposo, al hijo, al jefe, al partido, sin el ánimo ni la convicción de ejercer el cargo.
Hace unos días se registró la agresión por parte de un alto funcionario del gobierno del Estado contra su esposa. La mujer tuvo que ser hospitalizada. Dos o tres días después, la víctima desechó la posibilidad de denunciar a su agresor, presionada tal vez por la incertidumbre económica, de ella y de los hijos. Este hecho nos recuerda que la violencia contra las mujeres cruza todas las clases sociales, los niveles de educación y de ingreso.
¿Por qué perdonan las víctimas de la violencia doméstica a sus victimarios? ¿Por qué resisten los golpes, los malos tratos, las vejaciones a su persona y a su dignidad? Recuerdo cuando siendo gobernadora recibía los lunes a las mujeres que el sábado anterior habían requerido el auxilio de la policía ante la agresión de su pareja; ellas entonces pedían que dejaran salir de la reclusión a su esposo, a su compañero, porque si continuaban presos, ¿quién llevaría el gasto a la casa para darles de comer a sus hijos? Procurar conservar para los hijos el bienestar que proporciona el ingreso del padre, aunque éste sea abusador, lleva a las mujeres al límite de la tolerancia que puede acarrear incluso su muerte.
Al igual que las “Juanitas”, las mujeres víctimas de la violencia doméstica se preguntan si son dignas del “privilegio” de vivir en paz. Algunas hasta pueden considerar justo el “castigo” infligido por el esposo, como las diputadas juanitas asumen que lo es ceder sus lugares a sus suplentes masculinos.
El cambio en la cultura y en los valores socialmente reconocidos, es el que abrirá el paso hacia una vida libre de violencia hacia las mujeres. Como todo proceso, es lento y registra retrocesos. Callarse es uno de ellos.
Si se burlan de la Ley, de los electores y del voto presionando a las mujeres para que se inscriban y renuncien, digámoslo y no olvidemos: es síntoma de que algo profundo está podrido en el sistema de partidos y en la democracia electoral.
Si las leyes contra la violencia hacia las mujeres resultan insuficientes para prevenirla, para atender a sus víctimas y para sancionar a los transgresores por alta que sea su jerarquía —partidos políticos, funcionarios—, revisemos las políticas públicas responsables de ponerlas en práctica, para corregirlas y reformularlas, si es necesario.— Mérida, Yucatán.